El 2 de marzo el presidente Lacalle se dirigió a la Asamblea General en una nueva instancia cuya relevancia democrática compartimos. La presentación fue una oportunidad para revisar las promesas a la luz de los hechos, confrontar interpretaciones acerca de la realidad en la que vivimos y analizar anuncios.
Lo más llamativo del discurso fueron las ausencias, lo que Lacalle no dijo. Los silencios a gritos. El presidente comenzó diciendo que venía "a mirarnos a los ojos" y "rendir cuentas"; pero eludió los temas, por momentos excluyentes, de estos meses. No hubo autocrítica alguna. No se asumieron responsabilidades políticas acerca de los escándalos de corrupción, el pasaporte de Marset, el caso Astesiano, las explicaciones que aún se nos debe sobre la entrega del puerto, el escándalo en el Ministerio de Turismo. Cualquier mención a estos temas hubiera contribuido a mejorar la credibilidad del gobierno después de tanto silencio, evasivas y mentiras en estos meses.
Tampoco hubo en 7000 palabras respuestas o soluciones para las decenas de miles de compatriotas que hoy se hallan en la pobreza, en espacial los niños y niñas (recordemos que la pobreza infantil creció un 6% con el drama de presente y futuro que ello representa); ni siquiera hubo una referencia a los miles de compatriotas que diariamente acuden a las ollas populares. No se habló tampoco de un proyecto estratégico de futuro, de la cultura, de las posibles acciones para reducir las brechas de género.
Nada oímos sobre los problemas y desafíos para nuestra economía, nada sobre el atraso cambiario que golpea nuestra competitividad, ni sobre la inflación que, con jubilaciones y salarios a la baja, golpea a los hogares uruguayos. Algunos de los dramas sociales más angustiantes de nuestra realidad nacional fueron señalados como pendientes, pero desconocemos las acciones para revertirlos.
Hubo, además, una gran distancia entre el contenido del discurso del presidente y el título de la campaña publicitaria previa. Se lo tituló “camino al desarrollo” pero, sin embargo, no hubo anuncios que nos hablaran del futuro.
Tras una larga campaña de expectativa, basada en el “preanuncio del anuncio”, finalmente conocimos el alcance de la tan publicitada baja de impuestos o “alivio tributario”. Entre tanta promesa electoral incumplida, el gobierno anunció que la baja de impuestos implicaría una reducción de la recaudación de 150 millones de dólares, de los cuales 110 millones corresponderían a la baja del IRPF y el IASS y 40 millones a los cambios en los impuestos que pagan las pequeñas empresas. Esta medida hacia las pequeñas y medianas empresas naturalmente va en el sentido correcto, pero es extremadamente magra e insuficiente aún. Lo que no se dijo es que, en lo que va de gobierno, se han aumentado los impuestos que pagan las personas en 100 millones de dólares anuales: 35 millones por el aumento del IVA en los pagos con tarjetas y 65 millones de IRPF e IASS por el cambio en el criterio de ajuste de la BPC.
El presidente intenta desesperadamente convencernos de que no ha aumentado impuestos, pero el análisis de la realidad se encarga de desmentirlo. Por eso, más que una “rebaja de impuestos”, lo anunciado es una devolución de todo lo que nos han cobrado ¿Por qué? Hasta el momento: pagamos 100 millones más cada año y ahora anuncian que nos devolverán 110 millones anuales.
En relación a los anuncios en materia de IRPF, lo primero es dejar claro que los trabajadores con salarios más bajos, por debajo de 50 mil pesos nominales, aproximadamente, ya no pagaban este impuesto y continuarán sin hacerlo. Allí no hay alivio alguno. La medida no alcanza al 70% de los trabajadores, los de menores ingresos, que no tendrán ninguna mejora porque ya no pagan IRPF.
De esa manera, los anuncios son una buena noticia para quienes se ven beneficiados; son bienvenidos en tanto tales; pero constituyen una medida muy modesta que deja por fuera a la enorme mayoría de los uruguayos y que son, además, quienes más y con más urgencia necesitan un alivio tributario y políticas públicas que atiendan las situaciones de vulnerabilidad que sufren diariamente.
Si se hubiera querido generar un alivio tributario a todos los uruguayos, el camino hubiera sido la rebaja del IVA, impuesto que sí pagamos todos, y que hasta el propio gobierno reconoce como regresivo.
En el mensaje gubernamental, Lacalle lejos de asumirse responsabilidades políticas y presentar políticas concretas y a esta altura imprescindibles para grandes sectores del país que las necesitan con urgencia, el presidente nos pintó un “país de las maravillas”. No se hizo cargo de nada de lo que está en la tapa de los diarios todos los días, no hizo anuncios en el sentido de contribuir a la transparencia institucional, no aportó una sola idea para hacer realidad el eslogan de campaña de un país “camino al desarrollo”.
En definitiva, la narrativa del gobierno es una pintura autocomplaciente del panorama económico y social, que ignora las urgencias inocultables a cualquier ciudadano o ciudadana que convive diariamente con la carestía de los precios, con el aumento de la pobreza, de la gente joven en situación de calle; con la falta de respuestas a una inseguridad que lejos de resolverse se agrava y que —a pesar del crecimiento económico— no ve un solo indicio del prometido derrame.
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