En nuestro modo de ver, la seguridad pública es más que la ausencia de crimen. Seguridad debe ser convivencia. Eso supone un accionar integral del Estado que es responsable de dar y hacer sentir seguridad a sus ciudadanos, dando calidad en la convivencia pacífica. Ello supone, además, interacción con la ciudadanía.

Dentro de los enfoques de este tipo, que no se limitan meramente a lo reactivo, podemos definir como componentes: la prevención y disuasión; la represión del delito; la rehabilitación; la atención a las víctimas; y la participación ciudadana, que es receptora de las políticas públicas y es quien debe expresar su satisfacción y confianza en el funcionamiento de las instituciones.

Podemos definir a este modelo integral de seguridad basado en la convivencia, como “modelo diamante”.

Dentro de las acciones preventivas, el desarrollo de políticas sociales focalizadas, políticas educativas y la formación en valores son definitorias e indispensables. Este gobierno, como ningún otro en los últimos tiempos, ha comprendido y abordado este enfoque. La reforma educativa, las políticas sociales enfocadas en la emancipación y desarrollo de la autonomía del individuo son claves. Las respuestas en territorio, como lo fue en el Centro Casavalle, donde se acerca el Estado a los ciudadanos, son caminos replicables e inéditos.

Ese trabajo preventivo, insoslayable, no garantiza que no hay que acudir a la represión del delito. Por el contrario, refuerza la eficacia del mismo.

Durante los gobiernos anteriores se pretendió contraponer prevención y rehabilitación con represión, cuando todas son partes necesarias en el abordaje de la seguridad orientada a la convivencia.

Por ejemplo, el 27 de octubre de 2016, en una interpelación al entonces ministro Eduardo Bonomi, Jorge Larrañaga expresó su visión sobre la política de seguridad del Frente Amplio: “(Tienen) una visión indulgente con el delito. El presidente Vázquez solía repetir en campaña una frase que Tony Blair acuñara en 1993, cuando dijo que había que ser duros con el delito, pero más duros con la causa del delito; Aquí no se ha sido duro con el delito ni con las causas del delito. (…) Faltan límites y falta autoridad. Se confunde autoridad con autoritarismo, represión con opresión y creo que aquí hay un enorme problema porque no podemos caer en la trampa de pensar que o se reprime, o se rehabilita, cuando hay que hacer las dos cosas. No pueden faltar esos elementos”.

Debe haber represión cuando se necesita porque la represión no es otra cosa que asegurar el cumplimiento de la ley. Sin represión, lo que campeará es la impunidad.

En este sentido, la Ley de Urgente Consideración ha marcado el respaldo a la Policía para el cumplimiento de su labor y se ha dotado de nuevos instrumentos para el desarrollo de la tarea. Desde la mejora en el diseño de la organización investigativa, hasta la inversión en tecnología y diseño de normativa específica para favorecer la represión del delito. Del mismo modo se han expandido unidades como la Guardia Republicana para un accionar nacional.

El otro elemento del modelo que denominamos “diamante” es la rehabilitación y reinserción de los infractores a la ley penal. Este gobierno, también como ningún otro hasta el momento —porque más allá de las palabras lo que cuentan son los hechos—, ha trabajado en la rehabilitación y la reinserción. Claro que falta, pero lejos del relato de la oposición, se ha avanzado. Hay oficinas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dentro del sistema carcelario, hay una UTU, que antes no había; hay cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), hay trabajo en las cárceles, hay un Plan Dignidad que impulso en citado exministro Larrañaga, que consiste desde el trabajo en la tierra, y la construcción de plazas, hasta la posibilidad para que los reclusos puedan formar emprendimientos y trabajar generando aportes al Banco de Previsión Social (BPS) en una modalidad nueva que es modelo en América.

Otro cambio destacable para el cumplimiento de este objetivo es el pasaje de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) al Mides, lo que permite trabajar en el preegreso de los reclusos y luego su atención postpenitenciaria.

El otro vértice, en el modelo integral “diamante”, es la participación de las víctimas, que por mucho tiempo permanecieron ignoradas por sistema de persecución penal. Es momento de implementar reformas al Código de Proceso Penal y una de ellas tiene que estar enfocada a aumentar la participación de la víctima en el proceso. Antes, la víctima debía expresar su deseo de participar desde el principio de la investigación, lo cual podía ser difícil. Los cambios deben facilitar su involucramiento en cualquier etapa del proceso. La participación y atención a las víctimas brinda mayor transparencia y garantías, fortaleciendo el sistema.

El punto final que debe tener este enfoque pasa por el desafío que el Estado se abra a la participación ciudadana. En todo orden, pero también en el abordaje de la seguridad pública.

La participación ciudadana en la seguridad pública construye confianza entre la comunidad y las fuerzas seguridad. Este enfoque colaborativo no solo mejora la efectividad de las estrategias de seguridad, que permite que fluya la información, la confianza y la legitimidad del accionar policial. Por eso es importante el desarrollo de la policía comunitaria, donde el policía retoma el contacto con sus vecinos y con el territorio. Hay muchos ejemplos de este sistema, en España, en Reino Unido con la Policing by Consent, y en Estados Unidos con la Community Policing.

En definitiva, los cinco vértices que conforman un “diamante” aseguran un abordaje integral, que no reniega de la clave represiva, sino que la amplia y complementa. Esto le brinda más transparencia y legitimidad al accionar policial y permite que otras agencias del Estado cumplan una función de apoyo que hace a la mejor convivencia de la sociedad, la finalidad principal que debe tener el Estado de Derecho.