La ética política es un valor necesario para que la sociedad tenga posibilidades de avanzar en derechos y garantías. Cuando las faltas éticas dejan de ser excepciones, casos aislados, entonces estamos ante un patrón. Y lo peor que puede sucederle a nuestra sociedad es aceptar ese patrón con resignación o, peor aún, con aquello de que “son todos iguales”, lo que, sin duda, nos arroja por la pendiente del “que se vayan todos”. Es una pendiente por la que los estados se deslizan sin ningún obstáculo directo hacia el autoritarismo y los avances logrados por el conjunto de la sociedad pasan automáticamente a estar en peligro, y luego desaparecen.

Los últimos episodios son buenos ejemplos. Como se sabe, para que caiga un castillo, alcanza con que una ráfaga desacomode uno sólo de los naipes. Y son varios los naipes que vienen siendo agitados por los vientos.

En la columna anterior hablábamos de las preocupaciones que trajo el caso Marset y el pasaporte exprés a nivel de la lucha contra el narcotráfico. Aquel caso desnudó un método basado en el desapego y la desidia en relación a la cosa pública y a los deberes del Estado pocas veces visto en ministerios de la importancia como el de Relaciones Exteriores e Interior. Lo más increíble es que, pese al cúmulo de hechos, los responsables políticos siguen en el lugar de responsabilidad que tenían cuando esto ocurrió.

Hace un par de meses salió a la luz pública el caso Astesiano con un asunto sobre expedición de pasaportes truchos desde la Torre Ejecutiva, pero se complica cada vez más como una bola de nieve que crece día a día: ahora quedan expuestos muchísimos otros temas. Y, por supuesto, en el centro de todo esto el proceder del ministro del Interior está bajo la lupa, y se vislumbran responsabilidades desde Defensa.

Sin embargo, viene quedando claro para quien quiera ver, que la impostura de tapar con una falsedad un error no alcanza sólo a un ministerio. El problema es de fondo, y de procedimientos. Ahora se dibuja claramente un patrón que se aplica en toda la estructura empezando por la cabeza.

Para que entendamos: que nadie crea que lo único grave es el error per sé. Lo grave es el reiterado intento de tapar cada error denunciado con una supuesta información privilegiada que, a poco de ser revisada se descubre falsa en su totalidad o, en el mejor de los casos, incompleta. Y ya se sabe que una verdad a medias no es más que una mentira. Esto se ha revelado como el modus operandi del actual gobierno, que ha preferido dejar hacer, y si pasa, pasa.

Y cuando no pasa, no da marcha atrás; al contrario, recopila datos que acomodan más o menos para mostrar que el Frente Amplio también lo hizo, o lo hizo peor. No hay que ser filósofo para darse cuenta de que un supuesto error no justifica otro error. Y que en todo caso, cuando la oposición pide explicaciones acerca de hechos que el gobierno debe esclarecer, lo hace en el ejercicio de los más elementales fundamentos democráticos y, por tal razón, debe darlas con precisión y sin entorpecer el esclarecimiento de los hechos.

Se deben establecer con claridad las responsabilidades, en vez de ocultar tras una cortina de humo de falsedades o datos incompletos  y de supuestas responsabilidades atribuidas a los gobiernos anteriores.

El escándalo generado por esta forma de hacer política viene llevándose por delante las mejores tradiciones democráticas.

¿Qué nos queda todavía por ver en lo que falta para terminar el quinquenio?

Al momento en que terminamos de redactar la pregunta que antecede venimos a enterarnos de hechos gravísimos. La escalada contra los miembros de la oposición Charles Carrera y Mario Bergara en busca de una extorsión, porque llevan adelante la iniciativa de investigar la entrega del puerto, los acuerdos con Katoen Natie y a los involucrados en los mismos con el ministro Heber a la cabeza, ha llegado al punto en que un jerarca policial anuncia que Alejandro Pacha Sanchez, senador de la República, puede aparecer en una zanja. Por si fuera poco, también nos enteramos de un acuerdo por el cual se dejaron por fuera de la investigación los mensajes entre el presidente y su Jefe de Seguridad. ¿A cuenta de salvaguardar qué o a quién? ¿Qué dicen esos mensajes? ¿A qué se refieren con lo del “pescado congelado”?  Lo más grave del asunto es que, desde Presidencia, se había dicho a caballo de una supuesta transparencia que el celular se había entregado sin condiciones, y de boca de la propia fiscal nos enteramos que esto no es así. Se mintió otra vez a la ciudadanía y al Parlamento.

Estos hechos no tienen precedentes en la historia reciente. Forman parte de una trama llena de falsificaciones, coimas, aprietes, espionaje y violencia hacia legisladores que no han sido organizados por ningún perejil.

Es imperioso saber con quién o quiénes trabajaba Astesiano y que se asuman las responsabilidades políticas que hasta ahora no aparecen. El “hasta el hueso” no ha sido más que una frase vacía. La Fiscalía debe actuar con independencia y conformar un grupo que pueda trabajar con profesionalismo y recursos para que esta mega causa de crimen organizado que actúa desde la Torre Ejecutiva se dilucide sin las presiones que desde la misma Presidencia se ejercen en forma pública.

Los mecanismos que pueden ser impulsados por la oposición en el Parlamento están en marcha. Esperamos con confianza que las instituciones democráticas puedan sortear en conjunto con la sociedad organizada este debilitamiento republicano al que el más viejo herrerismo nos está sometiendo.