Por Esteban Valenti |@ValentiEsteban
En Bolivia a pesar de la polémica sobre el nombre, hubo, de acuerdo a los estándares elementales de la democracia un golpe de estado, que se viene gestando desde el año 2016, cuando Evo Morales convocó a un referéndum para permitirle presentarse a una nueva candidatura presidencial y fue derrotado con el 51.3% en contra y el 48.7% a favor. El 12 de octubre del 2014 Morales fue reelegido para el periodo 2014-2020 con el 63.1% de los votos en una victoria aplastante. Dos años después perdió el referéndum.
El veredicto del referéndum fue claro, sin embargo Morales y el MAS recurriendo a diversas maniobras supuestamente legales, desconocen ese pronunciamiento y en estas elecciones de 2019 se presenta nuevamente como candidato, luego de 14 años de gobernar el país.
En las elecciones del 10 de octubre del 2019 se producen las nuevas elecciones. Donde en un escrutinio con serias irregularidades, con 23 horas de interrupción del escrutinio, se proclama a Evo Morales ganador en primera vuelta. Se desatan grandes protestas ciudadanas y los demás partidos no aceptan el resultado acusando de fraude. El gobierno convoca a una misión de la OEA (cuyo secretario general Luis Almagro había manifestado su apoyo a Morales en diversas oportunidades) para revisar el escrutinio electoral.
El informe de la OEA denunció "irregularidades muy graves" en las elecciones, "faltas graves de seguridad" y una "clara manipulación" en el sistema informático, además los auditores hallaron "irregularidades" en actas electorales, incluidas firmas falsificadas y mesas en las que Morales obtuvo el 100% de los votos y "ni siquiera se había completado con un cero el campo correspondiente a los votos de los partidos opositores".
"El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables", fue una de las conclusiones de la auditoría de la OEA, que había sido avalada por Morales.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo en un comunicado al difundir el informe preliminar de los auditores que las elecciones celebradas el 20 de octubre debían ser "anuladas" y el proceso electoral debía comenzar nuevamente. "Del mismo modo, se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales", había advertido Almagro.
Se agregaron nuevos elementos a la crisis institucional, la policía con sus mandos actuales a la cabeza se sumó a las protestas y la rebeldía contra el resultado electoral, incluso luego que el gobierno aceptará convocar a nuevas elecciones. La Confederación Obrera Boliviana que fue una base de apoyo social fundamental del gobierno le retiró su respaldo y reclamó su renuncia. Finalmente los mandos de todas las fuerzas armadas reclamaron la renuncia del Presidente Morales. Técnica y constitucionalmente es un golpe de estado.
De inmediato, sin ningún gesto de rebeldía, solo con una frase del vice presidente Álvaro García Linera de que "volverán y serán millones", el presidente renunció, solicitó de inmediato el asilo político en México y tres días después se fue del país.
A partir de la renuncia de Morales todos los cargos principales del gobierno renunciaron, incluido el vicepresidente que debería haber asumido el gobierno, la presidenta del senado e integrante del MAS renunciaron y asumió la senadora opositora Jeanine Añez y anunció que el 22 de enero se realizarán nuevas elecciones. Otros tiempos.
Algunos se quedan muy campantes con que se denuncie el golpe de estado y no van mucho más allá. Pero ante una derrota de esta portada, con el final en un golpe de estado, pero con una violación de la constitución muy claro, incluyendo desconocer un referéndum y lo más grave con una notoria manipulación de las elecciones al punto de tener que convocar una nueva elección, es muy grave y merecería un análisis serio y profundo.
El gobierno de Bolivia sin duda tuvo éxitos muy importantes, con un crecimiento del PBI del 4.9% anual promedio, de los más altos de América latina, con una reducción de la pobreza extrema disminuyó de 36,7 % a 16,8 % entre 2005 y 2015 y respecto al índice Gini pasó de 0,60 en 2005 al 0,47 en 2016. En las antípodas del desastre del gobierno de Maduro en Venezuela que destruyó su país.
La base de esta derrota de un gobierno sin duda progresista, exitoso, y estable durante 14 años, en un país que tuvo 88 gobiernos diferentes en su vida independiente, todo un record, es que lo atacó la enfermedad del caudillismo total. Es Evo o nadie. Es él y después de Morales el diluvio. Y vino el diluvio y que diluvio.
Con algunos elementos que hay que considerar. Cero capacidad de resistencia. Todos hablarán de mesura, de evitar derramamiento de sangre, pero en comparación con otras experiencias en América Latina, fue una retirada, una escapada personal, sin ninguna dignidad. Se fue solo al exilio y dejó a todos sus seguidores en Pampa y la vía y a la deriva. Otros tiempos, otros líderes, otras valentías.
Segundo, no asumirá ningún general, ni habrá que esperar una década para retornar al funcionamiento institucional, en tres meses habrá elecciones y todos apuntamos que se vuelva a la normalidad democrática. Con una pizca de dudas, porque Bolivia siempre fue un territorio de gran inestabilidad y Morales podría haberse retirado, para otras batallas, con el mérito de tres buenos gobiernos y de gran estabilidad. Se fue por la puerta de atrás y ahora es posible que comience un periodo muy complejo tanto desde el punto de vista político, como institucional y social.
La oposición liderada por un derechista y algo más de pura cepa, con vetas mesiánicas, Luis Fernando Camacho que a partir de organizaciones patronales de Santa Cruz de la Sierra es sin duda un factor de inestabilidad. Ni siquiera fue candidato en las últimas elecciones.
A Evo morales lo atacó el caudillismo asociado a la desesperación por mantenerse en el poder, como una especie de mandato superior y como la única garantía de continuidad progresista o de izquierda, es una grave enfermedad que afecta política, ideológica y culturalmente a la izquierda en la región.
Correcta la declaración de la cancillería uruguaya, sobre el golpe de estado, lástima que no tenga la misma medida, ni la misma sensibilidad para calificar de dictadura, un régimen que violó muchas veces la Constitución bolivariana, los derechos humanos y manipula las elecciones, como Maduro en Venezuela.
Esa es también una patología, no es infantil, es bastante adulta.
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