Opinión | El caso Marset y la mañana siguiente: lo que nos va dejando el escándalo

“Yo les he dicho siempre a mis compañeros que importa, por supuesto, la decisión que tomamos, pero importa por sobre todas las cosas la mañana siguiente. Todas nuestras decisiones deben estar pensadas, calculadas y jugadas con la responsabilidad, por sobre todo, de la mañana siguiente”. (General Líber Seregni, febrero de 1996).

Luego de una semana ajetreada por el caso Marset, las mentiras del presidente de la República y las renuncias de cuatro jerarcas claves del gobierno, pensaba en las lecciones que nos debe dejar este lamentable caso.

Obviamente, damos por hecho de que la justicia se encargará de dirimir los aspectos penales y juzgará la actuación negligente o dolosa que tuvieron los jerarcas del Gobierno, ya sea durante el otorgamiento del pasaporte exprés o cuando decidieron destruir documentación clave con la intención de ocultarle información a la oposición. Pero, en esta instancia, se hace necesario elevar la mirada y observar el problema con toda su dimensión. Y, sobre todo, como decía el querido general Líber Seregni, pensar en la mañana siguiente.

Se ha dicho —y yo mismo lo dije— que estábamos ante una crisis institucional; otros prefieren hablar de crisis política. Reflexionando hoy, no tengo tan claro que se haya tratado de una crisis institucional, sobre todo cuando la respuesta institucional ante la crisis política del Gobierno fue contundente y derivó en una respuesta del sistema de justicia con la caída de cinco jerarcas involucrados en la trama. Pero, que aún no se haya convertido en una crisis institucional con todas las letras, no significa que el día de mañana no pueda transformarse en eso.

Estoy convencido que las crisis institucionales ocurren cuando la institución deja de dar respuestas a un fenómeno y este comienza a enfrentarse por fuera de las instituciones, con mecanismos parainstitucionales, mecanismos fácticos y vías de hecho por fuera del marco institucional. La institución entra en crisis porque no cumple la misión para la que fue creada y comienzan a darse soluciones no institucionales a los problemas.

Por eso, el caso Marset debe ser analizado en el marco de una amenaza tan grande como peligrosa y que hace años fue identificada por el propio Julio Guarteche, cuando advertía que el narcotráfico y el crimen organizado estaban copando la institucionalidad democrática de los países de la región.

Es muy preocupante ver cómo el narcotráfico se va metiendo dentro de la institucionalidad, vinculándose con políticos, y termina sustituyendo las vías institucionales; Paraguay es ejemplo de eso. El incidente de la entrega del pasaporte nos debería poner en alerta, ya que demuestra que esa realidad no es tan lejana.

Una investigación periodística advierte cómo una organización criminal, asentada en Paraguay —que se transformó en un “hub internacional de distribución de la droga”—, fue creciendo en los últimos años y tuvo como punto clave en la operativa al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Desde Paraguay, ese hub internacional de distribución hacia Europa, día a día viene utilizando los puertos de la hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay, para la salida de la droga. Con la operación “A Ultranza Py” apareció la figura del narcotraficante Marset, quien es acusado de liderar un grupo que estuvo a cargo de enviar varias toneladas de droga a Europa en los últimos años.

Los vínculos de Marset con el sistema político paraguayo son evidentes: está relacionado con Viveros Cartes, tío del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes Jara. Además, el uruguayo se camufló como futbolista profesional en un equipo paraguayo de primera división llamado Deportivo Capiatá, y allí jugó algunos partidos. Erico Galeano (imputado por el operativo “A Ultranza Py”), quien en ese entonces era dirigente del Deportivo Capiatá, es además senador por el Movimiento Honor Colorado, liderado por Cartes, y allegado del exmandatario. Como si todo esto fuera poco, en estos días las fiscalías de Paraguay y Colombia intentan determinar qué tipo de responsabilidad tienen Cartes y la organización de Marset con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Un testigo clave en la causa, los señaló como autores intelectuales del homicidio.

Mientras todo esto sucede a kilómetros de nuestro país, día a día se utiliza la infraestructura uruguaya para llevar droga hacia Europa. Pero no solo eso, Uruguay brinda servicios jurídicos y logísticos a favor del lavado de dinero. Basta analizar la actividad de ciertas firmas de abogados para entender la trama en toda su dimensión.

La pregunta ya no es una exageración, es una realidad: ¿Cuánto falta —si es que ya no sucede— para que el narcotráfico y el crimen organizado se introduzcan en nuestro sistema político y terminen destruyendo nuestra institucionalidad?

Hoy en día, la realidad nos exige dar una respuesta clara y contundente de fortalecimiento institucional para luchar contra el narcotráfico con todas sus variantes. Ya no podemos seguir pensando que estamos ante un delito común y darle un tratamiento como si este fuera un hurto, una rapiña o incluso un homicidio. Pensarlo desde esta óptica implica mirar para el costado y no hacerse cargo del problema.

Hemos fracasado a la hora de enfrentarlo con las normas y la estructura institucional vigente. Entiendo que llegó la hora de pensar que debemos atacar este problema por vías excepcionales. Tomar este camino implica elaborar una política de Estado que no solo incluya la tan mentada ley de financiamiento de los partidos políticos, sino una norma que posicione al narcotráfico como el verdadero enemigo e incluya una revisión de las penas, un sistema carcelario excepcional, un incremento en los controles a los sistemas de financiamiento de esta actividad, el fortalecimiento de la secretaría nacional para la lucha contra el lavado (Senaclaft), entre otros.

La mañana siguiente nos está poniendo todos estos desafíos. Debemos estar a la altura porque nos jugamos nuestro futuro como país.