Julio Guarteche siempre decía que el punto de partida para combatir al narcotráfico era tener una visión compartida de la amenaza. Con esto quería decir que debe existir —dentro de la sociedad y de los partidos políticos— una percepción real de que estamos ante un verdadero problema, ante una amenaza que jamás puede ser subestimada.

En el inicio de este siglo —y con el marco de una grave crisis económica— se desnudan las vulnerabilidades locales cuando se produce una explosión de la oferta de drogas (mundial, regional y nacional), con el agravante que en estos dos últimos ámbitos se comienza a comercializar un derivado del proceso de obtención de cocaína, con alta toxicidad: pasta base.

En forma concomitante las organizaciones criminales internacionales crecieron y se extendieron por todos los continentes. Así, el inspector Guarteche, entonces director de la Brigada Antidrogas, comienza a insistir sobre la gravedad de lo que se avecinaba, llamando al compromiso de todos los actores e instituciones del Estado para que le otorguen prioridad. Lo demás, es historia conocida, y los uruguayos lo viven diariamente cada vez que presencian crímenes gravísimos vinculados al narcotráfico.

Lamentablemente, no tenemos la certeza de que exista esa visión compartida, ya que asistimos a una fuerte inacción por parte del Gobierno. A partir de 2020 comienza la desarticulación de la Brigada Antidrogas, entre otras unidades policiales estratégicas, donde se colocaron personas en lugares relevantes que no estaban capacitadas para los desafíos que se venían.

Uruguay ha venido rezagado respecto de los problemas que han sufrido otros países latinoamericanos, pero lamentablemente todo llega, por eso nos preguntamos: ¿Cuánto falta para que el narcotráfico y el crimen organizado terminen financiando políticos? ¿Cuánto falta para que el narcotráfico termine enquistado en el sistema político.

Cuando este Gobierno era oposición, se dio el lujo de rechazar una ley de financiamiento de partidos políticos. Hay que hablar de lo que sucede porque —sin atribuir intenciones— podríamos estar ante la antesala del enquistamiento del narcotráfico dentro del Estado.

Lo que ocurrió en 2022 con el narco uruguayo Sebastián Marset, fugándose de su reclusión en Emiratos Árabes Unidos luego de que la Cancillería le otorgara un pasaporte, sigue dando que hablar. Hace unas semanas, un senador paraguayo denunció frente a Fiscalía que un diputado le solicitó US$ 500.000 para liberar a Marset, que había sido detenido en Dubái.

A este hecho, se suma el testimonio de la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, confirmando que tanto Luis Alberto Heber como Francisco Bustillo, ministro del Interior y canciller respectivamente, faltaron a la verdad en el Parlamento durante la interpelación por el caso Marset. Se confirmó que todo el Gobierno sabía quién era Marset pero no hicieron nada al respecto, solo a mentir en el Parlamento.

No queremos ser insistentes, pero deberán rendir cuentas sobre estos hechos, porque no podemos permitir que se le falte el respeto al Parlamento Nacional. No podemos permitir que se venga a faltar a la verdad, a no asumir los errores y a justificar las cientos de omisiones cometidas. ¿Cómo pudo el ministro Bustillo afirmar que no sabía quién era Marset cuando Ache lo sabía de primera mano por los mensajes recibidos por el subsecretario del Interior, Maciel?

Las responsabilidades políticas son evidentes y deben asumirlas para poder construir una política de Estado que sirva para estar a la altura de este flagelo. Ya no vale poner excusas, es hora de que el sistema político se ponga de acuerdo y actúe en consecuencia. Debemos pensar políticas de Estado porque los problemas en la entrada y salida de droga en el Uruguay, así como la falta de controles al lavado de activo, vienen incrementándose de forma sostenida.

Hoy, lamentablemente vemos como las fronteras, el espacio aéreo, marítimo, puertos, aeropuertos vuelven a estar en máximo riesgo. En marzo de 2023 se publicó el Reporte Global sobre Cocaína 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Este documento muestra cómo ha cambiado la ruta de la cocaína en el Cono Sur, convirtiéndose nuestro país y los países de la cuenca del Plata, a través del Río Uruguay y el Paraná, en uno de los principales puntos de partida con destino a Europa.

Las rutas de tráfico han evolucionado, Colombia perdió influencia y la cocaína de los países sin salida al mar se transporta cada vez más a través de Paraguay y la vía fluvial Paraná-Paraguay, hasta Buenos Aires y Montevideo, para luego llegar a Europa. Haciendo hincapié en el protagonismo mundial que ha tomado Uruguay para el trasiego, stockeo y exportación, a través de sus puertos.

Esto se da en un momento donde las incautaciones marítimas documentadas en la Plataforma de Vigilancia de Drogas de la UNODC alcanzaron un 89% en 2021. Esto muestra que en América del Sur, las vías fluviales y sus puertos tienen un rol cada vez más importante en el movimiento y transbordo de cocaína en su camino a un puerto marítimo. Es un hecho preocupante y que debe llamarnos a la acción: hoy el Río de la Plata está siendo utilizado para traficar cocaína en contenedores.

El Reporte Global sobre Cocaína 2023 UNODC hace referencia a los cargamentos de soja y lana utilizados en Uruguay para ocultar la cocaína, también describe que la cocaína se puede ocultar en la estructura de un contenedor (piso, paredes o una unidad de refrigeración).

Hace un tiempo, el doctor Alejandro Montesdeoca —a pedido de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)— realizó un informe donde señaló que el principal delito precedente de lavado de activos en el Uruguay es el tráfico ilícito de estupefacientes. Confirmando, además, que ya no somos un país de tránsito sino que existe una producción nacional de drogas sintéticas y un claro aumento en el consumo de drogas como la cocaína y metanfetaminas. En dicho informe, también se afirma que no hay evidencia que vincule a los circuitos de acopio y exportación de drogas con los de distribución para el consumo interno, ya que están en manos de grupos pequeños, de naturaleza familiar y barrial, pero existe un riesgo creciente de que se produzcan cambios cualitativos y cuantitativos que potencien la problemática del narcotráfico en el país.

Otro de los problemas recae en el sector inmobiliario. En Uruguay ya se ha constatado la presencia de inversiones inmobiliarias en la mayoría de los casos de lavado de activos. Asimismo, se evidencia el ingreso de capitales extranjeros mediante la inversión inmobiliaria, en muchos casos utilizando estructuras societarias, donde no se distingue entre los actores que operan en el sector (promotores, constructores, inmobiliarias, escribanos, etc.) para poder desarrollar medidas de mitigación. Un verdadero problema de dimensiones mayúsculas.

Existen cientos de vulnerabilidades que debemos asumir de una vez por todas. Hay problemas de control, que no solo quedan en evidencia a raíz de las incautaciones, sino a través de la denuncia de varios de los integrantes del sector. Muchos funcionarios de Aduanas han manifestado que, a raíz de la operativa de la empresa Block Tracker en los controles aduaneros, se ha restringido su calidad técnica y de reserva. Esto representa un verdadero problema en un contexto donde nos hemos vuelto un eslabón más en el contexto del narcotráfico internacional.

La SENACLAFT no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones, todo esto considerando el extenso número de sujetos obligados para analizar. El hecho de no tener la más mínima capacidad para enfrentar los problemas vinculados al lavado de activos la vuelve una dependencia meramente decorativa, que poco aporta a solucionar la problemática que debería atender.

Todos los expertos señalan que el próximo Gobierno deberá realizar cambios radicales en materia de lavado de activos y represión al narcotráfico. Solo la conformación de una política de Estado podrá permitir que aparezcan las soluciones.

Hoy, más que nunca, tener una visión compartida de la amenaza se vuelve fundamental para transitar dicho camino. Insistimos, resulta ineludible una ley de financiamiento de los partidos políticos, una política tendiente al fortalecimiento de los controles de las vías del narcotráfico, una política de combate al lavado de activos, ante todo: una política de estado. Y, en especial, que la seguridad pública deje de ser un botín político.

Como decía Guarteche, la visión compartida de la amenaza vuelve a ser un mandato ineludible.