Hace unos días el Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera publicaba en su perfil de la red social X: “Los señores de UPM pensarán que somos un país bananero y pueden hacer lo que quieran. En plena emergencia vial, cero respeto a las normas, a las autoridades, a los vecinos. Cero sensibilidad. Se agotó la paciencia con estos atrevidos”. Lo hizo notoriamente ofuscado porque camiones que transportaban madera circulaban por la caminería rural en un día de intensa lluvia, cosa que no está permitida.

Lo interesante de esto, o paradójico si se quiere, es que Olivera además de denunciar estas situaciones no le reclame al Gobierno Nacional, a su gobierno, por la falta de controles al transporte carretero de cargas; tarea que, dicho sea de paso, el actual Ministerio de Transporte y Obras Públicas casi que ha abandonado por completo.

Desde el 1° de marzo de 2020, primero Luis Alberto Heber y luego José Luis Falero, han desarticulado la mayoría de las herramientas que, casi como política de Estado, se venían desarrollando desde el año 2002 tendientes a avanzar en la profesionalización del sector. Por ejemplo, la obligatoriedad de la Guía Electrónica de Cargas y el famoso Sistema Integrado de Control del Transporte de Cargas (Sictrac).

Pero no solo desarticularon sistemas informáticos o tecnológicos, que aunque mejorables, marcaban el camino para la profesionalización del sector; sino que desregularon casi por completo la actividad

Llevamos más de cuatro años de gestión del actual gobierno y los jerarcas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos han mentido permanentemente sobre su voluntad de resolver, de mejorar, los controles en el transporte carretero de cargas. En cada una de las instancias en las que han concurrido al Parlamento, tanto los sucesivos ministros como el director nacional de Transporte han declarado que están trabajando en el tema y “próximamente” presentarán el nuevo sistema. Al momento no se ha planteado ninguna solución tangible y la situación es cada vez peor.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas encomendó al Banco Interamericano de Desarrollo la realización de un estudio sobre el mercado del transporte carretero de cargas en Uruguay, trabajo que fue publicado en julio de 2022 y que identifica una evasión del sector que supera los 120 millones de dólares anuales, existiendo otras estimaciones muy superiores.

Una vez obtenida esta información el Estado debió reaccionar. Hoy la omisión del MTOP se ha transformado en una complicidad de todo el Poder Ejecutivo ante semejante irregularidad. Por ejemplo, ¿qué medidas han tomado al respecto la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social?

Para complejizar más el análisis, el mes pasado el director nacional de Transporte tomó la muy sorprendente decisión de no procesar las multas constatadas por el sistema automatizado de balanzas, en el período comprendido entre el 18 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2024. Esto bajo una fundamentación, por lo menos extraña, mencionando una campaña de concientización de la que nadie tiene información. ¿Que un camión no pase por la balanza cuando le corresponde no es una falta grave que debe ser debidamente sancionada? ¿El controlar esta actividad no es uno de los cometidos más relevantes de la Dirección Nacional de Transporte? ¿Quién o quiénes son los verdaderos beneficiados de esta decisión? Esto no es más que otra muestra de irresponsabilidad en la gestión y de la desregulación total de la actividad.

Las sobrecargas de los camiones pueden tener efectos muy negativos en la vida útil de los pavimentos, puentes y seguridad vial, por tanto, ¿cómo afectan estas sobrecargas identificadas y “perdonadas” al patrimonio vial nacional? ¿Cómo incide esta situación en los planes de mantenimiento de cada una de las rutas nacionales? ¿Quién paga los costos por afectar de mayor manera a la infraestructura?

Según el gobierno, este será un quinquenio record en inversión en infraestructura vial. Evidentemente ese patrimonio generado no está siendo bien cuidado por la administración y aquello de “cuidar los dineros públicos” que tanto se pregona brilla por su ausencia.

Vecino, vecina, si usted tuviera un ministro que públicamente se dice “transportista antes que ministro” y en su gestión desregula al transporte de cargas, mira para el costado cuando le evidencian una millonaria evasión y perdona multas a las empresas de transporte por eludir los puestos de pesaje, ¿usted qué pensaría? Creo que la respuesta es sencilla.

Hemos seguido este tema desde el 2020, con diferentes iniciativas y consultas, y las respuestas sensatas, los avances, no aparecen. Todo es retroceso constante.

La situación ya es insostenible para el sistema, especialmente trabajadores del sector y pequeños empresarios, pero también para el resto de la sociedad que se ve “obligada” a prescindir de cientos de millones de dólares de forma irregular. Dinero éste que es más que necesario para volcar en áreas prioritarias como la primera infancia o la educación.

Es evidente que, en este tema, como tantos otros, el gobierno está en retirada, dejando totalmente a la suerte del mercado el devenir de una de las actividades más importantes de la economía, el transporte.