La decisión de crear un Ministerio de Ambiente es algo que compartimos y apoyamos. Estamos llamados a aportar y desarrollar una política de Estado, desde lo individual y desde lo colectivo, reconociendo necesariamente los avances culturales e institucionales de las últimas décadas.
A nivel internacional, las conferencias por el medio ambiente en la década de los 80 y los más recientes acuerdos sobre cambio climático, han marcado gran parte de la agenda global. En nuestro país el tema ambiental ha cobrado una relevancia creciente y sostenida, tanto desde la institucionalidad del Estado, como desde la conciencia ciudadana, que cada vez conoce y se involucra más, fundamentalmente gracias a las nuevas generaciones.
El ambiente es un componente cada vez más importante del desarrollo y una condición necesaria y evidente para que sea sostenible. Para que las generaciones futuras no pierdan lo que esta generación disfruta es necesaria la planificación y la prevención. Es necesario tomar medidas hoy que implican restricciones para evitar perjuicios futuros. Ello requiere importantes capacidades técnicas y políticas de Estado fuertes para poder contrarrestar miradas e intereses de corto plazo característicos de los mercados que no valoran los costos a futuro.
Más allá del esfuerzo de las personas y de las empresas que asumen esta mirada, es el Estado quien puede y debe desarrollar estrategias y capacidades para anticiparse y limitar las conductas de los privados y (sin duda) también del sector público, que debe ser ejemplo.
A un año de gestión de la nueva administración, reconocemos algunos avances en la nueva institucionalidad creada, que apoyamos en su oportunidad, proponiendo, mejorando y votando los artículos relativos al nuevo ministerio incluidos en la LUC. Pero preocupan las acciones desarrolladas, las señales emitidas y las decisiones concretas.
En la Ley de Presupuesto se recortaron recursos en lugar de fortalecer las capacidades y la estructura preexistente. Se recortó el presupuesto para la ciencia, y el desarrollo de conocimiento, financiado desde la Universidad, la ANII, o el Clemente Estable; fundamental para el cuidado del ambiente, y la formación de recursos humanos. Esto nos preocupa especialmente.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, instrumento clave para la conservación de ecosistemas nacionales estratégicos, quedó debilitado por el control de los gobiernos departamentales, influenciado por intereses particulares concretos en las áreas protegidas de Quebrada de los Cuervos en Treinta y Tres, y Paso Centurión en Cerro Largo.
Los estudios y el proyecto completo realizados para garantizar el abastecimiento de agua al área metropolitana de Montevideo por parte de OSE se archivaron, dilatando la inversión prevista en favor de una propuesta de iniciativa privada que triplica los costos y compromete la tarifa futura de las próximas décadas, más allá de generar serias dudas acerca de su constitucionalidad.
El saneamiento en el interior del país es un desafío todavía pendiente. Está plasmado en el Plan Nacional de Saneamiento, pero requiere definiciones y recursos que no están considerados en los presupuestos. En particular, las ciudades de La Paz y Las Piedras merecen soluciones urgentes en coordinación con la Intendencia de Montevideo que no se hallan en la agenda.
Por otra parte, la propuesta de reformas en el sector de los combustibles -largamente anunciada- sugiere cambios en el fideicomiso del transporte de pasajeros, el IVA e IMESI por impuestos a la contaminación, que una vez más se anuncian pero no se explicitan, así como los cambios en la ley de agrocombustibles que retroceden en la incorporación de energías renovables con consecuencias ambientales, que cuestionan los compromisos internacionales asumidos, y consecuencias sociales y económicas que comprometen la cadena de valor de la producción de biocombustibles desarrollada en el litoral para la producción de bioetanol y en Montevideo para la producción de biodiesel.
En las últimas semanas aparecieron algunas notas en los medios de prensa con señales interesantes de incorporación de incentivos económicos en las políticas ambientales que pueden ser razonables, pero van en contra de las acciones concretas, que se vienen tomando.
Las contramarchas reseñadas quizás son parte de las contradicciones propias de la coalición de gobierno, con un ministro colorado que hereda un equipo ministerial multicolor que no eligió, y con una política económica ortodoxa que recorta sin criterio.
El mensaje del ministro de Ambiente en el Día Mundial del Agua, apostando a la participación de la sociedad en la gestión de las aguas, y asumiendo el legado del Plan Nacional de Aguas, es otra clara señal de buenas intenciones que esperemos se trasladen a acciones concretas y no se hagan humo contaminando el ambiente, como hemos visto desde que se inició este período de gobierno.