Opinión | El General por sus fueros

El 30 de setiembre el Senado consideró el pedido de desafuero del Senador Manini, solicitado por la justicia. De acuerdo a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República, "ningún Senador o Representante podrá ser acusado criminalmente sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente".

No hubo dos tercios. La moción de desafuero fue acompañada únicamente por los 13 senadores del FA y los 2 de Ciudadanos.

Si bien la Constitución deja nítidamente claro que lo único a determinar es si hay lugar a la formación de causa; se oyeron argumentos de todo tipo para evitar que Manini enfrentara a la justicia, como cualquier ciudadano. Lo consiguieron.

El Senado debía valorar, únicamente, dos cosas: 1) si había mérito para una "causa" en cuya investigación el Poder Judicial requiere avanzar; lo cual ha quedado cabalmente demostrado en el ámbito de la comisión y 2) si no había abuso del Poder Judicial sobre el Legislativo, hipótesis descartada dado que los hechos en cuestión son anteriores a la irrupción de Manini en la política partidaria.

Los fueros parlamentarios constituyen una garantía frente a eventuales abusos o arbitrariedades del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Pero en absoluto son sinónimo de impunidad.

Es una ironía. Un instituto de amparo a los derechos y las libertades terminó siendo el instrumento de la cobardía, la opacidad y el deshonor. Pudiendo elegir el camino de la verdad, la coalición multicolor (con la excepción de Ciudadanos) eligió el camino del ocultamiento y la complicidad.

La discusión circular del desafuero se hubiera evitado si Manini hubiera honrado su palabra empeñada. El 5 de octubre de 2019, por ejemplo, expresó en su tweeter "Convencido de haber hecho lo que debía, jamás me escudaré en ningún tipo de fueros".

El mismo día de las elecciones, siendo aún candidato declaró al diario El País que si salía electo senador "no se ampararía en los fueros parlamentarios". Lo reiteró el 31 de octubre de 2019, cuando en conferencia de prensa sostuvo: "La defensa ya tiene instrucciones de plantear desde el primer momento que no me voy a amparar en fuero alguno. Quiero ir al juicio rápidamente para dejar bien claro la actuación de la cual estoy totalmente tranquilo que hice exactamente lo que debía hacer".

Con estos vaivenes especuló hasta el final. Cuando la coalición de gobierno advirtió que el senador desaforable no honraría su compromiso, tuvo la oportunidad de honrar los suyos propios. El Presidente Lacalle Pou había declarado en Radio Monte Carlo el 20 de abril de 2018 que "... cualquier hijo de vecino lo alcanza la justicia penal y no lo hace con un legislador, nosotros hacemos las leyes y tenemos coronita.. no nos llega la justicia si tenemos determinada mayoría en el parlamento". "Hay que unir el discurso a los hechos... no solo hay que decir las cosas hay que hacerlo" decía Lacalle Pou.

Resulta evidente que el desafuero debía votarse. Los informes de la Fiscalía son claros y exhaustivos. Manini debió informar sobre los dichos del torturador Nino Gavazzo referidas a un delito específico. No hacerlo violentaría el Código Penal que obliga a todo funcionario público a reportar hechos de apariencia delictiva que lleguen a su conocimiento.

La ciudadanía toda asistió a una estrategia diseñada y ejecutada paso a paso con el único propósito de librar a Manini de enfrentar a la justicia de nuestro país. No lo decimos nosotros. Lo explicó claramente el Diputado Eduardo Lust el día 25 de setiembre de 2019 en el programa de televisión "Diario de campaña" de Nuevo Siglo: "¿Qué es lo que debería hacer el general Manini? Es muy sencillo: cuando el fiscal (Rodrigo Morosoli) lo cite a la formalización (...) tiene que esgrimir la Constitución, con eso el proceso se detiene. Va a la Suprema Corte de Justicia... Eso va a llevar un tiempo... Y cuando lo resuelva, el general Manini va a ser senador, tendrá inmunidad de arresto. O sea que si el proceso sigue el Parlamento tiene que votar el desafuero. Estamos hablando de algo imposible que suceda...", dijo el hoy diputado Lust.
Así de explícita y vergonzante fue la estrategia.

Podríamos entender quizás la posición del senador Manini. Pero cuesta enormemente comprender la postura del resto de la coalición de gobierno, con la excepción del sector de Ciudadanos del Partido Colorado.

Desde nuestra perspectiva, en las 14 horas de sesión quedó claro que no votaron el desafuero porque primaron consideraciones de conveniencia política. Antepusieron las necesidades políticas de cohesión de la coalición de gobierno a las necesidades de reafirmar permanentemente la institucionalidad y salvaguardar la separación de poderes Primó lo político circunstancial sobre lo jurídico institucional (expresión que otrora horrorizaba a muchos).

No protegieron al cuerpo legislativo. Ampararon a un legislador que tiene una causa judicial abierta con total justificación. Si tomamos las palabras del actual presidente de la República cuando él era senador los fueros le pusieron "coronita" a un legislador por sobre el resto de los compatriotas.

Manini argumentó que lo que terminó de convencer para dar esta voltereta en el aire y desconocer su compromiso ante la ciudadanía fueron las dudas que el Frente Amplio no votara su retorno a la banca, si la justicia archivaba su caso. Recordemos que la bancada del Frente Amplio dejó bien en claro su posición: el retorno a la banca no debe votarse sino que se realiza de manera automática una vez que se dan esos extremos. El Frente Amplio tiene muy claro que todas y todos los senadores y representantes han sido electos democráticamente por la ciudadanía. Pero increíblemente, ante esta definición nítida de nuestra fuerza política, Manini declaró que no nos creía porque éramos unos mentirosos. Y de esa manera justificó su voltereta acrobática.

Los antecedentes mencionados confirman el accionar político del Frente Amplio en este tema; sin mentiras ni lugar a las suspicacias ni a las dudas.

Mentir, en cambio, sería, por ejemplo, decir que no nos vamos a amparar en ningún tipo de fueros y nos amparamos, decir que vamos a comparecer ante la justicia y no comparecemos, o decir que votaríamos nuestro propio desafuero y no lo votamos. Allí sí habría mentiras. Y en esas mentiras no hay valentía y mucho menos honor.

La jornada del 30 fue una de esas ocasiones en que no hay camino del medio. El FA votó el desafuero solicitado porque es lo que corresponde jurídica e institucionalmente y porque es la forma de contribuir al camino de la verdad. En ese camino está desde el día en que nació a la vida política, persiguiendo el paradigma enunciado por Gral. Liber Seregni de "decir lo que se piensa y hacer lo que se dice".

Si algo reconfirman las actas del Tribunal de Honor de 2006, es que en este país la dictadura cívico militar torturó, asesinó y desapareció personas. Y ello lo hizo en el marco de un plan sistemático, que fue incluso más allá de fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.

La historia puede reescribirse, lo que no puede es cambiarse. Porque hubo gobiernos del Frente Amplio es que se entró en los cuarteles, se excavó, se hallaron restos de personas desaparecidas, algunas familias -muy pocas - lograron enterrar a sus muertos.

Porque hubo mujeres de inmensa estatura moral y compromiso democrático como la Dra Azucena Berrutti es que hoy podemos acceder a más de 14 mil archivos de inteligencia militar sobre espionaje en democracia, como parte del «archivo Berrutti», oculto hasta 2007 y hallado en la Escuela de Inteligencia del Ejército.

Porque hubo gobiernos del Frente Amplio es que se responsabilizó a civiles y a militares de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del terrorismo de Estado.

En gobiernos del Frente Amplio se avanzó en temas de verdad, mucho más allá de los primeros resultados de la comisión para la paz y mucho menos de lo que hubiéramos querido. Y también se aprobaron leyes reparatorias a las víctimas del terrorismo de Estado, aún con las limitaciones que podemos reconocer.

En ese trillo continuaremos, librando la batalla por verdad y justicia, cultivando la memoria y contribuyendo -como hicimos con el voto al desafuero- a la plena vigencia de las garantías democráticas para todos y todas.