Es comprensible que el centro de la atención esté en contener la diseminación del Covid19 y evitar nuevas muertes, y en las respuestas que se deben implementar para paliar la crisis económica y social. Pero la problemática ambiental sigue siendo clave, y no desaparece ni se detiene bajo esta pandemia.
El Ministerio del Ambiente publicó meses atrás una actualización el "Informe del Estado del Ambiente 2020". Allí se confirman muchos de los problemas ya conocidos. Por ejemplo, se concluye que la calidad del agua está muy comprometida en los ríos Santa Lucía, Tacuarembó y San Salvador; si se observan indicadores específicos, como el fósforo total, se encuentran condiciones negativas no en algunos cuerpos de agua, sino en casi todos los ríos y lagunas del país - es una situación dramática. Se confirman además las amenazas sobre nuestra fauna y flora; por ejemplo, el 29% de las especies de anfibios, reptiles y aves, está amenazada o en peligro.
Aquel informe del Ministerio del Ambiente debe ser bienvenido porque aunque esos reportes eran un mandato en el anterior gobierno, no se cumplía apropiadamente. Ese reporte y otras informaciones dejan en evidencia que permanecen todos los problemas ambientales que ha padecido el país, desde la contaminación de las aguas al deterioro de la biodiversidad. Lo que podría pensarse fue una pausa en el deterioro ambiental durante más de un año de pandemia en realidad no lo es, porque esa caída sigue su marcha.
Es más, cuando se observan los países vecinos de América del Sur, se encuentra que bajo la pandemia las condiciones ambientales han empeorado debido en especial a tres factores. Los gobiernos han desatendido los mecanismos de vigilancia y control ambiental, han promovido la reducción en exigencias y monitoreos ambientales, y se han lanzado a exportar más recursos naturales como medio para paliar la crisis económica. Ese tipo de problemas acechan al Uruguay.
Se pueden repasar algunas de las tensiones y contradicciones que se viven en el Uruguay. En primer lugar, con la Ley de Urgente Consideración se creó el Ministerio del Ambiente, a partir de una participación de la vieja cartera mixta que compartía con Vivienda y Ordenamiento Territorial. El ministro, Adrián Peña, sin duda se muestra ágil, recorriendo el país y abordando algunos temas ambientales. Logró algunas medidas puntuales relevantes (como el posible manejo de residuos de la construcción), y tampoco pasó desapercibido su correcto enfoque sobre la necesidad de una nueva regulación ambiental de las plantaciones forestales.
Pero más allá del nuevo nombre del ministerio y de esa visibilidad del ministro, hay cuestiones de fondo que no pueden desatenderse porque esa división no termina de concluirse. Es urgente finalizar la conformación del ministerio, desde el traspaso de los funcionarios allí donde sea necesario, hasta sancionar el marco legal que deje efectivamente en pie a la nueva cartera. Este no es un problema menor, porque la actual administración Lacalle Pou es muy efectiva en publicidad y mensajes, pero lo es menos en medidas concretas y efectivas, y algo de eso parece asomar también en el área ambiental.
Los procedimientos de evaluación y control ambiental necesitan ser fortalecidos. A pesar de contar con un nuevo ministerio, se mantienen problemas del pasado, con el ejemplo más claro de los permisos parciales y en cuotas que se otorga al megaemprendimiento de UPM-2. Sobre eso ahora se suman las evaluaciones y controles ambientales sobre otro gran emprendimiento, la línea de ferrocarril que unirá esa planta de celulosa con Montevideo. Es que en uno y otro caso puede caerse en esa tensión donde la necesidad de asegurar esas inversiones, y más ahora debido a la caía económica por la pandemia, haga que las autoridades ambientales flexibilicen los controles. Como tampoco deberían dejarse de atender las denuncias y reclamos ciudadanos, que en el caso del Ferrocarril Central se han ido acumulando durante meses.
El nuevo Ministerio del Ambiente además está inserto en un gobierno de coalición que si bien logra coordinarse en algunas áreas, no parece que eso ocurra del mismo modo en esta temática. Son evidentes las tensiones en el manejo de algunas cuestiones ambientales entre los socios de la coalición e incluso dentro del Partido Nacional.
Entre esos tironeos están las posturas regresivas desde algunas intendencias en manos del Partido Nacional, donde lo más claro es lo que ocurre con Alejo Umpiérrez en Rocha, promoviendo acciones que van desde intervenir un área protegida al sueño de construir un megahotel en la costa, todo ello repleto de impactos ambientales. Lo mismo se repite en el legislativo, con el exintendente Sergio Botana, hoy senador, en sus ataques al sistema de áreas que protegen la biodiversidad en Uruguay, y que repite demandas de varios actores locales.
Además están las tensiones entre los partidos socios de la coalición. La más visible se debe a las posiciones de Cabildo Abierto, que cuestiona a las plantaciones forestales por varias razones, y entre ellas las ambientales. Pero además, Eduardo Lust, quien es diputado de ese sector, tiene una historia previa de acompañamiento a varias organizaciones ciudadanas que resistían esos emprendimientos por sus efectos ambientales. En muchas ocasiones parecería que desde el resto de la coalición se lo menospreciara, e incluso no es poca la prensa que lo trata como un personaje excéntrico, pero más allá de sus posiciones debe reconocerse que es una de las personas que más sabe de esas temáticas dentro del legislativo.
También hay tensiones con el Partido Colorado, e incluso a su interior. Es que el Ministerio de Ganadería y Agricultura está en manos de Carlos María Uriarte que proviene de Ciudadanos del Partido Colorado. Ese ministro se expresa en contra de las áreas protegidas, a favor de las plantaciones forestales y de la intensificación agrícola y con ello, la minimiza como responsable de la contaminación del agua en el país. Del otro lado, el ministro del Ambiente, Peña, proviene del mismo sector, y ha dejado en claro en más de una ocasión su discrepancia con esas posiciones.
En el Frente Amplio hasta ahora no existe una postura y coordinada sobre la temática ambiental ante este nuevo gobierno. Se genera así una rara situación, donde esas polémicas parecen más intensas dentro de la coalición de gobierno que de éstos con la oposición partidaria.
Finalmente, estas formas de tratar la problemática ambiental siguen reñidas con las alertas de la ciencia. Podría decirse que si existiera un "GACH ecológico" que asesorara al Poder Ejecutivo, a estas alturas también estaría dando señales que el gobierno y otros actores, siguen sin entender la problemática ambiental. Esas advertencias se repiten desde hace años, y en cada ocasión se suman nuevos datos que muestran el avance de los deterioros. Por esas razones, también es posible que ese "GACH ecológico", al igual que el real que todos conocemos, decidiera dar por finalizada su tarea.
De este modo, en este nuevo Día Mundial del Ambiente, se mantienen todos los problemas del país, y una vez más, estará por verse si es posible iniciar acciones para revertirlos