Opinión | Desprisionalización y desarme

La ciudadanía laudó el pasado 24 de noviembre y marcó su preferencia por el ahora presidente electo Yamandú Orsi. 

Por supuesto, cada gobierno tiene el derecho a implementar sus políticas. De eso se trata la elección. Pero así como los autoridades electas tienen ese derecho, quienes pasaremos al rol de oposición también conservamos el derecho de seguir militando nuestras ideas. En la elección no se plebiscita la “validez” de las ideas y propuestas, lo que resuelve el ciudadano es quién implementará su propuesta.

Por estas horas el designado ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, hizo referencia a dos puntos que han sido parte de la pasada campaña: la “desprisionalización” y al tema “armas”.

El ministro Negro señaló que el concepto que se le dio al término “desprisionalización” en la campaña “no fue correcto” y que “desprisionalizar” “no significa sacar gente de la cárcel”, sino que significa que “las políticas públicas de persecución no vayan todas enfocadas a meter gente a la cárcel”, sino que “tengan un abanico de posibilidades”. Más allá de la pretendida precisión que hace el futuro ministro, “desprisionalizar” implica, en los hechos, que delincuentes que hoy van presos, con la nueva política que surgirá a partir de marzo del año que viene, no lo irán.

Aquí corresponde señalar que es un mito que la primera respuesta del Estado sea la cárcel. Por algo existen casi 10.000 medidas alternativas a la privación de libertad. Pero más allá de eso, como ya expresamos, el nuevo gobierno tiene todo el derecho de aplicar su criterio. Nosotros tenemos la obligación de advertir que, esa medida, —la ampliación de las medidas sustitutivas de la cárcel que ya existen—, lamentablemente provocará que aumente la cantidad de algunos delitos, en particular las rapiñas. Implicará además un factor de desmotivación policial, que verá como luego de meses de investigación, los delitos por ellos aclarados y los delincuentes atrapados, no irán a la cárcel.

La ley de urgente consideración eliminó varios institutos que otorgaban beneficios liberatorios, apuntando al cumplimiento efectivo de las penas. Lo que nos dice el nuevo gobierno es que generará nuevos instrumentos que eviten la encarcelación (el encierro). No se está tomando en consideración el efecto de “incapacitación” que tiene la cárcel y por tanto al ampliarse la circulación de delincuentes, vendrá el consecuente aumento de algunos delitos urbanos. Además, estadísticamente, las veces que disminuyó la cantidad de privados de libertad, las rapiñas aumentaron.

Pero el ministro Negro, consecuente con lo que planteaban las Bases Programáticas del Frente Amplio, referenció otro asunto a abordar por el próximo gobierno. Simplemente se refirió al tema “armas”. Aquí hay que recordarle al ciudadano que lo que se pretende es el “desarme”. ¿Desarme de quién? Desarme de los civiles, de los honestos. En nuestro criterio el problema son las armas en manos de los delincuentes, no de los ciudadanos honestos.

Aquí seguramente entremos en un debate de corte ideológico con el nuevo gobierno, pero el ciudadano debe saber que cuando hablan del “problema de armas” hablan de “desarme”. El propio ministro designado, siendo fiscal, señalaba meses atrás que le preocupaba el poder de fuego y la cantidad de armas que circulan en la sociedad civil en Uruguay. Aquí también hay que hacer una precisión, porque “cantidad” y “poder” de fuego son conceptos relativos, hay que ver con qué se compara. Puede suponerse que, como en países de la región, las organizaciones criminales tienen mayor poder de fuego que la Policía. Eso no sucede en nuestro país, a tal punto que cuando se incautan armas la Policía Nacional no las retiene porque tienen mejor armamento y por ello se deriva todo al Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional.

Lo que sí debe hacer Uruguay es aumentar las penas en delitos vinculados a armas; pero lo que se propone el gobierno electo es otra cosa, según sus Bases Programáticas, y es lo que ya pretendió hacer el Frente Amplio en el pasado: aplicar una política de desarme civil. Allá por 2013 el Ministerio del Interior proponía cambiar armas por bicicletas. Suponían que bien un delincuente iba a ir a dejar su arma a cambio de una bicicleta o bien el civil, honesto y responsable que había decidido adquirir un arma, que hizo los trámites para acceder a la tenencia, iba a verse tentado a dejar su arma a cambio de una bici. Por supuesto aquella medida fracasó y en los depósitos del ministerio quedaron las bicicletas, pero no las armas.

El problema, obviamente, es el fondo del asunto: el derecho del individuo a tener arma, esa será nuevamente la discusión que se llevará adelante.