Opinión | Desde Baréin, la labor del Comité de los DDHH de los parlamentarios

Son las 2 de la madrugada en Uruguay, y aquí en el Reino de Baréin, situado en el Golfo Pérsico, los parlamentarios de la delegación uruguaya ya desayunamos y estamos prestos para iniciar una más de nuestras intensas jornadas de trabajo, siendo las 8 de la mañana y no habiéndonos habituado aún al cambio de horario.

La Unión Interparlamentaria (UIP) es la primera organización internacional política permanente del mundo, una suerte de “Naciones Unidas” de los parlamentarios. Fue fundada en 1889 por iniciativa del inglés William Randal Cremer -líder de un sindicato de carpinteros antes de ser parlamentario- y el francés Frédéric Passy -economista influyente y acaudalado-, como una asociación de parlamentarios para mediar en la resolución de disputas internacionales y el respeto de las personas por medios pacíficos. Por su contribución a tan nobles objetivos, y como defensores infatigables de la vida y la paz, ambos recibieron el Premio Nobel de la Paz, junto con otros 6 miembros de la UIP.

Debemos a la UIP el nacimiento de la cooperación multilateral entre las naciones de la actualidad. Fue determinante en la creación de la Corte Permanente de Arbitración en La Haya en 1899, y sus acciones sentaron las bases para la creación de la Liga de Naciones en 1919 y de las Naciones Unidas en 1945.

Uruguay se integró a la UIP en la década de 1930 y tuvo una participación activa y multipartidaria en sus asambleas, órganos de gobierno y comités especializados, y ha continuado dicha presencia durante los gobiernos de los distintos tintes políticos, salvo durante la última dictadura cívico-militar, en que Uruguay interrumpió su participación. Las delegaciones de legisladores son siempre multipartidarias y sus miembros cooperan aunados por los valores patrios compartidos. Es por ello una instancia propicia y efectiva de diálogo político. El Uruguay se presenta plural, democrático y republicano.

La Vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón, fue electa para integrar el Comité Ejecutivo de la UIP, órgano de gobierno. Otros legisladores integran importantes comités de lucha contra el terrorismo, el comité de futuro, de jóvenes en el parlamento, de democracia y derechos humanos en general.

El Comité de DDHH de los Parlamentarios que tengo el honor de integrar es un órgano autónomo dentro de la UIP, que trabaja a puertas cerradas con funciones parecidas a las de un tribunal y se compone sólo de 10 miembros electos por la Asamblea General de la UIP en base a sus competencias y trayectoria. Es el único mecanismo internacional con el cometido específico de defender los derechos de un número cada vez mayor de parlamentarios en todo el mundo que enfrentan abusos, maltratos y en general violación de los derechos humanos que también poseen los legisladores por el hecho de ser seres humanos, simplemente por hacer su trabajo.

El Comité de DDHH recibe denuncias de violación o remoción de los fueros parlamentarios y del salario, censura de la libertad de expresión, inhibición para la postulación electoral, golpes de Estado, y hasta secuestro, desaparición y muerte. También discriminación por motivo de sexo, orientación política o religión, o condición racial, en especial contra representantes de las minorías.

Recibidas las denuncias, el Comité de DDHH las procesa con ayuda de asesores expertos, decide su admisibilidad, analiza las pruebas, celebra audiencias con las partes involucradas -tanto los denunciantes como a los representantes de los gobiernos-, a veces envía misiones al país para inspeccionar los hechos y reunirse con los involucrados. Tras un profundo estudio por sus miembros y con el asesoramiento técnico, el Comité de DDHH adopta decisiones -en general por unanimidad- que se elevan como recomendaciones al Comité Ejecutivo de la UIP´, quien las aprueba y emite como Declaraciones de dicho Comité Ejecutivo en las Asambleas anuales de la UIP, destacando siempre la importancia de la solidaridad parlamentaria. Las Declaraciones llegan, por tanto, a todos los 178 países miembros, y además a toda la comunidad internacional.

Si bien la UIP carece de poder de coacción, sus pronunciamientos han sido eficaces, al exponer las situaciones de abuso ante la comunidad internacional. Tras su intervención, varios gobiernos han depuesto su actitud, liberando a los prisioneros, retomando el diálogo o tomando acciones necesarias para eludir la condena y cuestionamientos de UIP. En este sentido, ha ayudado a personas concretas que, siendo parlamentarios, han sufrido violaciones en sus derechos. Podría decirse que la UIP arroja luz sobre hechos condenables, llama la atención y ello no pocas veces determina que se sanee la situación.

El Comité de DDHH se reúne tres veces al año para hacer un seguimiento permanente de cada caso, hasta que se arriba a una solución definitiva.

Como adelantamos, está formado por 10 miembros procedentes de todas partes del mundo, electos por la Asamblea en base a sus méritos y competencia técnica, y no por cuota política ni cuota de cada país. Los miembros debemos ser preferentemente abogados con amplia trayectoria y conocimiento técnico en Derechos Humanos y manejar el inglés de forma fluida.

A mediados de 2021 y a propuesta del senador Jorge Gandini, me postulé como candidata, debiendo acreditar mis méritos de forma documental y enviando video presentándome y defendiendo mi membresía. Fui electa por 125 de los 233 representantes legisladores de todo el mundo. Hacía mucho que Uruguay no tenía un representante en este comité; los anteriores miembros uruguayos habían sido Hugo Batalla y Luis Hierro López.

Hay varios casos que concitan el interés particular del Uruguay, como los de los países de la región. El caso de Venezuela, por ejemplo, ha estado entre los asuntos del Comité desde hace años. Entre otras acciones, el Comité de DDHH envió una misión a Venezuela en agosto de 2021 y produjo un informe, tras lo cual se arribó a decisiones que fueron hechas suyas por el órgano de gobierno, el Comité Ejecutivo. Se manifestó la preocupación por la persecución de parlamentarios electos en 2015, todos miembros de la oposición, y la situación de los electos en 2020, y se urgió a las autoridades al cese de las persecuciones, remitiendo las declaraciones a las autoridades de Venezuela y dándolas a conocer al mundo entero. Tras nuevas denuncias, se ha reiterado la consternación por legisladores condenados a prisión en juicios sin las garantías del debido proceso.

En otros casos, tras la acción del Comité de DDHH, se han liberado prisioneros, se han dispuesto indultos y se ha restablecido los derechos propios de los parlamentarios y los que tienen por ser seres humanos simplemente.

No hay democracia sin respeto de los derechos humanos; y sin democracia éstos carecen de las garantías necesarias para su respeto.

Desde la habitación del hotel, al contemplar una realidad tan diferente como la de Manama, Bahréin, añoro el retorno a mi querido país, que por décadas no ha figurado dentro de los países denunciados ante este Comité. Nos espera un trayecto que insume casi 48 horas para volver entre vuelos y esperas, con escaso descanso. Al volver, nos espera más trabajo aún, pues debemos ponernos al día.

Mucho trabajo, pero vale la pena. Los derechos de los humanos valen la pena.