Opinión | Defensoría de vecinos de Montevideo: una historia de ángeles

La historia del ombudsman se remonta a Suecia y al año 1809. Tras el derrocamiento de Gustavo IV y la aprobación de una constitución liberal por el Riksdag, la monarquía parlamentaria dispuso la existencia de un representante del pueblo capaz de vigilar la actividad de la administración pública y emprender acciones de defensa, ante cualquier exceso del gobierno.

La definición que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española para el término es “alto funcionario público encargado de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos ante los poderes públicos”. Esta institución toma distintas modalidades en el mundo. Podríamos profundizar en las mismas y hacer un abordaje etimológico del término, pero a los efectos de esta nota son irrelevantes.

En la capital uruguaya, el decreto departamental Nro. 34.884 regula atribuciones, competencias y marco de acción para nuestro ombudsman: el Defensor del Vecino (DV) de Montevideo.

Para decirlo en pocas palabras, el DV debe promover el respeto de los derechos humanos de los vecinos en la órbita de la Intendencia de Montevideo (IM) y los municipios. Debe además abogar ante las autoridades, cuando se detecten situaciones de derechos vulnerados, algo que puede darse por acción u omisión. Cuando las considere oportunas, puede efectuar recomendaciones que la IM o los municipios podrán aceptar o no, ya que no son vinculantes.

Fernando Rodríguez Herrera

Nuestro primer Defensor ejerció su cargo entre 2007 y 2013. Durante su gestión realizó 87 recomendaciones, la mayor parte de ellas referentes a Tránsito, Transporte y Acondicionamiento Urbano.

Desarrolló su labor de forma omnipresente y comprometida. Tras cumplir los seis años de servicio, y de acuerdo a la normativa vigente, tuvo la posibilidad de ser prolongado en el cargo por tres años más, pero eso no sucedió. Sospecho que su tenacidad molestaba a muchos, más allá de que representantes del Frente Amplio evaluaron su gestión como “correcta en términos generales”, destacando la “independencia técnica y política”.

Su relación con la intendenta y los alcaldes fue buena, pero con algunos directores municipales las cosas no fueron fáciles. Por ejemplo, con la dirección de Tránsito y Transporte del período, las expectativas de cooperación no fueron satisfechas, muchas de las sugerencias realizadas fueron rechazadas de plano, y otra cantidad no obtuvo respuesta.

Ana Agostino

En el 2014 asumió el cargo Ana Claudia Agostino, que llegó con el respaldo de ANONG, una asociación de organizaciones sociales. En la búsqueda de caminos que llevaran al fortalecimiento institucional, contrató una consultora para recabar datos a partir de los cuales se elaboró una propuesta de trabajo y se presentó a la Junta Departamental de Montevideo, con la esperanza de que fuera considerada en la asignación presupuestal del organismo, pero esto no sucedió.

El noveno informe anual efectuado en el 2015 reiteró gran parte de los problemas que ya venía denunciando su antecesor, desde basurales endémicos, ruidos molestos, hasta aguas servidas en la vía pública.

Si bien Agostino hizo las cosas que debía hacer en cuanto a gestiones, tuvo una lectura particular de las problemáticas comunitarias y comenzó a plantear la idea de generar una red de mediación. Digamos que lo que plantea como problemas de convivencia, lo son, pero muchos implican omisiones de la IM o los municipios.

Durante su gestión la institución cambió de nombre y pasó a ser Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo (DVVM).

María Elena Laurnaga

En junio de 2019 asumió María Elena Laurnaga, en sustitución de Agostino. Su designación generó polémica desde el vamos, debido a que había sido diputada por el Frente Amplio en el período 2010-2015.

A los pocos días de asumir tuvo una importante presencia en los medios de comunicación y desde allí intentó clarificar que independientemente de su militancia en el Partido Socialista —a la cual había renunciado— su principal fortaleza era una trayectoria de más de 35 años en el ámbito académico, en torno a temas municipales. Su candidatura llegó impulsada por Comuna Mujer 8, el Concejo Vecinal 7 y el club Miramar Misiones.

Usando sus propias palabras, podemos decir que asumió un rol “de colaboración más que de control”.

Los lineamientos de trabajo, expresados públicamente, indicaban que impulsaría acciones de fortalecimiento de la convivencia, promoción de la organización comunitaria y derecho a la vivienda.

El informe 2019-2020 mantuvo la línea de trabajo precedente, pero en el de 2021-2022 aparecieron cambios. Además de ser muy compacto y con muchas gráficas, llama la atención porque no enumera las sugerencias realizadas a la IM, tampoco menciona los resultados de su accionar.

En el detalle de mediación por barrios, que aparece en la página 31 del informe, sorprende la ausencia de zonas como Casavalle, Las Acacias, Punta de Rieles, Manga y otras, donde los derechos vulnerados de los montevideanos seguramente sean muchos más que en Pocitos que lidera el ranking de intervenciones.

Presupuesto

Algo que debe considerarse especialmente es quién financia a la DVVM. Si quienes finalmente deciden el presupuesto son del mismo palo político que el organismo que debe controlar, la independencia de la institución está comprometida, porque la económica es una de las formas que adopta la dependencia.

Desde hace varios años la Defensoría reclama que tiene poco personal. Actualmente, cuenta con cuatro personas presupuestadas, siete pasantes y algunos voluntarios.

Interrogantes

Puestas las cartas sobre la mesa surgen algunas preguntas.

Si la Defensoría debe defender a los vecinos ante las situaciones de derechos vulnerados por parte de la IM o los municipios. ¿Por qué apuesta a instancias de articulación y mediación en lugar de exhortarlos a que hagan lo que tienen que hacer?

“Promover organización social o fortalecerla cuando ya la hay” es una de las líneas de trabajo de la actual defensora, y puede ser estratégico para ayudar a resolver algunos problemas comunitarios, pero ¿está dentro de sus competencias?

Si las intervenciones de la entidad se dan a partir del malestar de vecinos que se quejan al sentir sus derechos vulnerados. ¿Por qué la defensora ha dicho que no quiere que la DVVM sea “un buzón de quejas”?

Si las principales preocupaciones que llegan a la Defensoría históricamente han estado relacionadas con ruidos molestos, problemas con medianeras, vertido de aguas y otras situaciones que evidencian falta de control por parte de la IM, y si los vecinos solicitan que sea esta quien arbitre y resuelva, ¿por qué la DVVM apuesta a generar mediación “entre vecinos” o “entre vecinos y empresas”, cuando es la IM quien debe arbitrar?

¿Debe continuar en esa línea de trabajo siendo que el Poder Judicial tiene centros de mediación para la resolución de conflictos?

¿Por qué el Informe 2021-2022 no incluye sugerencias, recomendaciones y propuestas normativas, como sucedió en los anteriores?

En 2021 se anunció que la Defensoría crearía un Observatorio sobre el Derecho a la Vivienda donde se controlaría especialmente a las pensiones, pero la propuesta no prosperó, ni siquiera contó con la unanimidad de los ediles del Frente Amplio, varios entendieron que era duplicar funciones ya que la función de fiscalización corresponde a Inspección General de la IM. Desconozco si se continúo trabajando en el proyecto.

Son muchas las interrogantes y cada uno sacará sus propias conclusiones.

Mi opinión personal es que la actual defensora busca aportar a la mejora de la comunidad, favoreciendo el diálogo entre vecinos y gobierno, y probablemente eso ayude —en mayor o menor medida— a resolver algunos casos.

Su estilo personal tal vez facilite la relación con las autoridades departamentales, pero la experiencia me dice que en materia de promoción y defensa de DDHH, en ocasiones hay que ser un poco osado y asumir los costos de denunciar públicamente las injusticias sociales. Sin dinamitar puentes hay que ser capaz de incomodar al sistema, aunque sea un poco. Presionar en busca de soluciones para resolver situaciones complicadas y hacerlo de manera abierta, transparente. No hacerlo implica correr el riesgo de caer en una postura complaciente con las autoridades, que puede ser más cómoda, pero poco aportará a revertir la vulneración de derechos.

No pongo en duda las motivaciones humanistas subyacentes de la Defensoría, pero, al ver las publicaciones en su web oficial y en sus redes sociales, me quedo con la sensación de que no están enfocados en lo que establece la normativa.

Sin perjuicio de los aspectos positivos que pueda tener y más allá de lo razonable que puedan ser algunas justificaciones, tengo la sensación de que hay una cantidad enorme de vecinos con derechos vulnerados, principalmente en zonas alejadas del Centro, padeciendo situaciones sobre las cuales probablemente no se esté haciendo nada. Lamentablemente muchos de ellos ni siquiera saben que existe Defensoría.