Opinión | De piratas, bucaneros y corsarios

La pasada semana se conoció que el Estado argentino perdió un juicio millonario, producto de la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión, conocidas como las AFJP (nuestras AFAPs) en 2008, durante la era kirchnerista encabezada por Cristina Fernández.

La noticia se conoce al mismo tiempo que se desarrolla la campaña de recolección de firmas, promovida por el Pit-Cnt y los sectores más radicales del Frente Amplio, con el propósito de reformar la Constitución y eliminar el sistema previsional mixto que tiene nuestro país desde 1996.

Bajo consignas demagógicas y populistas como “firme para jubilarse a los 60” o “firme para que aumenten las jubilaciones más bajas”, hemos sido testigos de cómo miles y miles de uruguayos, muchos convencidos y muchos engañados, han rubricado su firma a favor de esta propuesta. Lo que no dicen, claro está, es ¡quién paga la fiesta!

Hace meses lo venimos repitiendo, y el ministro Pablo Mieres en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Parlamento en febrero de este año fue categórico: “El déficit de la seguridad social ya está muy alto, pero si se aprueba esta reforma, va a crecer 8 puntos más y cuadruplicar el déficit es una catástrofe; 7 puntos del IVA de hoy, de los 22, ya van para el déficit de la seguridad social; pero si esto se aprueba, se va a comer el IVA entero, y por lo tanto, se tendrá que aumentar el IVA”.

Por su parte, si analizamos sus consecuencias desde el punto de vista de los aportes a la seguridad social, al trabajador, al que hoy se le descuenta 15% de su salario nominal, se le va a tener que descontar 30%, provocando una auténtica e indiscutible pérdida de salario real.

Y tampoco será inocua para los empleadores, que en la actualidad abonan 7,5% de aportes patronales, pues deberán multiplicar por tres los aportes por cada trabajador, provocando sin lugar a duda un profundo aumento en la informalidad laboral, condición que este gobierno ha venido reduciendo desde que asumió en marzo de 2020, a pesar de la pandemia que golpeó al mundo, y de la que nuestro país no salió ileso.

Todo esto hay que decírselo a la gente cuando se la invita a firmar, porque la demagogia y el populismo solamente generan irreparables daños a los pueblos que se dejan seducir por los “dulces” cantos de sirena.

No podemos omitir una de las principales razones por las que nos oponemos a esta campaña y a la reforma que promueve, que es la confiscación, la expropiación o el decomiso de los ahorros que más de un millón de personas tienen (tenemos) en sus respectivas cuentas personales, a su nombre, y que, al momento de su retiro, generarán una compensación adicional a la jubilación que debe abonarnos el Banco de Previsión Social.

Ese dinero, esos ahorros, que cada uno de los trabajadores de nuestro país viene generando, a partir de los aportes mensuales que realiza por su trabajo, se los van a sacar y no le van a dar nada a cambio. Es decir, se los van a robar, al mejor estilo de los piratas, bucaneros y corsarios que saquean a sus víctimas.

¿Y dónde quedará el prestigio internacional del Uruguay? Ese que se ha construido durante décadas, gracias a las contribuciones de gobiernos de todos los partidos, incluso de aquellos cuyos sectores más radicales, hoy promueven esta barbaridad.

Uruguay es reconocido como un país serio, en el que se respetan los contratos, donde no se cambian las reglas de juego. Todo eso corre riesgo si esta reforma prospera. Perderemos confianza, credibilidad, inversiones, es decir, posibilidades de trabajo para nuestros compatriotas.

Hace unos días vimos cómo, 16 años después, termina la novela acá nomás, cruzando el charco, en la hermana República Argentina; no hagamos que nuestro país transite por el mismo camino, pues ya sabemos cuál será el final de la historia. ¡No dejemos que nos hagan el cuento!

No seamos cómplices de aquellos que quieren robarles sus ahorros a los trabajadores uruguayos. ¡No firmemos!