En un fallo reciente, la multinacional y poderosa empresa Bayer fue condenada a pagar 2.250 millones de dólares por los efectos cancerígenos de su herbicida Roundup. Este veredicto resuena como una advertencia global sobre los peligros asociados a agroquímicos, especialmente el omnipresente glifosato, utilizado de manera descontrolada en Uruguay.

El caso de John McKivison, diagnosticado con linfoma no hodgkiniano debido al Roundup, debería ser un llamado de atención. Sin embargo, en Uruguay, la respuesta del gobierno parece ser la indiferencia. Mientras el gigante agroquímico enfrenta condenas millonarias, ¿qué hace nuestro gobierno para proteger a los ciudadanos?

La investigación sobre la Laguna del Cisne en Canelones pone al descubierto la presencia continua de residuos de pesticidas, incluido el glifosato, en el agua de consumo. ¿Dónde están las medidas de protección? Las restricciones actuales son ineficaces y la falta de acción gubernamental es preocupante.

No es suficiente responsabilizar solo a las empresas. El gobierno debe ser el defensor de la salud pública y el medio ambiente. ¿Por qué no se han implementado medidas más estrictas? ¿Dónde están los controles rigurosos y las sanciones para quienes violan las regulaciones?

Urge una acción gubernamental y una llamada de atención al gobierno por su falta de diligencia en proteger a la población. El enfoque actual, que parece priorizar los intereses económicos a expensas de la salud, debe cambiar. Es hora de una revisión completa de las políticas agrícolas y ambientales, exigiendo transparencia y medidas efectivas para evitar que nuestro país siga siendo víctima de la contaminación química.

En las permanentes recorridas por el país esto es un clamor que los vecinos nos recuerdan día a día. Debemos exigir responsabilidad gubernamental, porque la salud de nuestra gente está en juego. Detengamos la contaminación, protejamos nuestra agua y exijamos un cambio que priorice la salud y el bienestar de los ciudadanos sobre los intereses corporativos.