Opinión | Caso Astesiano: Corrupción en el Gobierno

El caso del exjefe de seguridad presidencial viene dando que hablar y, a esta altura, parece ir mucho más allá de la existencia de una red criminal dedicada a la falsificación de pasaportes.

El contenido de los mensajes de WhatsApp recuperados de su teléfono deja en evidencia la existencia de sobornos, favores indebidos, acceso ilegal al sistema de interceptación de comunicaciones electrónicas y a las cámaras de videovigilancia, y da la pauta de que estamos ante un problema enquistado dentro del Estado y, en particular, del Ministerio del Interior.

Creer que todo esto es resultado de las acciones aisladas del exjefe de la seguridad presidencial parecería ser de una ingenuidad mayúscula o el razonamiento de alguien que, sabiendo la verdad, prefiere tapar el sol con un dedo.

Desde hace casi dos meses, el Gobierno está metido en el laberinto de Astesiano y no logra salir. Todo este episodio resulta lamentable, pero no le quita responsabilidad a las altas jerarquías del Gobierno. Empezar reconociendo las responsabilidades es lo que nos merecemos los uruguayos, que observan cómo este asunto salpica y afecta el prestigio del país, a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, la autocrítica y la acción proactiva tendiente a aclarar todo esto no parecería ser virtud del Gobierno. Han optado por la estrategia de negar la realidad y de no aclarar nada, cuando ante sus propios ojos emergen noticias que dan cuenta, no solo de la existencia de una red que operaba falsificando pasaportes, sino también de sobornos, tráfico de influencias, uso indebido de los sistemas de videovigilancia del Ministerio del Interior para fines particulares, aprovechamiento indebido del sistema de interceptaciones electrónicas (El Guardián), entre otras acciones ilegales.

Por tanto, es imposible negar la realidad o quitarle magnitud al problema, porque la realidad es tozuda y, más allá del silencio de algunos medios o de la vista gorda del oficialismo, en la Torre Ejecutiva de Presidencia de la República se instaló una organización criminal, debajo de las narices del director de Inteligencia y del propio presidente Lacalle Pou.

Ya quedó demostrado que esto no es un caso aislado y que existe una organización criminal que, al menos, toca las altas esferas policiales dentro del Ministerio del Interior. Toda la información que ha surgido en los últimos tiempos demuestra que Astesiano se respaldaba en una red corrupta de colaboradores que ocupaban puestos claves dentro de dicho ministerio. Porque para acceder a los sistemas de videovigilancia, a El Guardián, y, por supuesto, a la obtención de pasaportes falsos, requería de dicha colaboración, la que efectivamente tuvo a disposición.

Nada de esto debería sorprender, porque Astesiano contaba con profusas anotaciones policiales y judiciales. Pero desde el Gobierno se mostraron sorprendidos y, luego, en el Parlamento, trataron de negarlo todo, incluso la evidencia de que Astesiano fuera el jefe de la seguridad presidencial.

En fin, desde que se sucedieron los hechos y fue quedando en evidencia la verdadera magnitud del problema, el Gobierno se ha dedicado a negarlo todo.

WhatsApp delator…

Pero, ante las negaciones, aparecieron miles de chats de WhatsApp. En un acto casi novelesco —y antes de entregarse a la Policía—, el exjefe de la seguridad presidencial borró la mayoría de los mensajes que tenía registrados en su celular. Creyó, tal vez, que así eliminaba la prueba de las decenas de delitos que había cometido, donde la red de falsificación de pasaportes fue apenas un pequeño ítem de su extenso derrotero criminal. Mensajes que, además, no solo lo comprometían a él sino también a otros funcionarios públicos que, desde su posición de poder, le facilitaron la concreción de los actos criminales.

En extraña paradoja (para quienes denostaron su gestión), una herramienta tecnológica del Ministerio del Interior, adquirida durante la administración de Eduardo Bonomi, permitió la recuperación de la información del celular de Astesiano, abriendo una verdadera caja de Pandora.

El tenor de los mensajes es por demás elocuente. En uno de ellos, el exjefe de la seguridad presidencial afirma que llegó desde España un proveedor con velocímetros, radares, controles de alcoholemia y pistolas paralizantes, que pretendía concretar una reunión. Allí aclara que “se lleva comisión”, dando a entender que, a cambio de la concreción del negocio, existía la posibilidad de acceder a un soborno o coima.

A esto se le suma el hecho de que Astesiano tenía acceso y hacía uso particular del sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior. Tanto en la Torre Ejecutiva como en la residencia de Suárez y Reyes y en la casa comando del Ministerio del Interior en el Prado, existen terminales; lo preocupante es que se encontraron imágenes del sistema en el despacho del propio Astesiano, incluso, en sus mensajes, reconoce que puede hacer uso de ese instrumento para fines particulares.

Otros mensajes refieren a que Astesiano podía acceder al Sistema de Interceptaciones Electrónicas de la Policía Nacional, conocido como El Guardián. A través de otras comunicaciones vía WhatsApp quedó claro que ofrecía dichos servicios con fines particulares. La gravedad de esto no requiere más comentarios valorativos.

Por si no fuera lo suficientemente escandaloso, existe además una comunicación del Sr. Astesiano con un allegado del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balsedo —acusado por la Justicia— con la finalidad de concretar una reunión con el presidente Lacalle Pou. Incluso, el allegado le ofertó dinero (“Dale, movete que hay mucha guita”).

Parecería que Astesiano ocupaba un lugar bastante privilegiado como para ser considerado un segundón o un personaje secundario (perejil) dentro del Gobierno.

A la luz de los hechos, cualquier intento por minimizar su nivel de incidencia parecería ser la reacción de quien pretende quitarse responsabilidad.

La corrupción en el Ministerio del Interior

Finalmente, cabe destacar otro aspecto que debería preocupar al Gobierno. Todo indica que Alejandro Astesiano perpetró sus acciones criminales en connivencia y complicidad con varios funcionarios del Estado, principalmente de la Policía Nacional.

Astesiano, ofrecía El Guardián, las cámaras de videovigilancia y contactos, para concretar la falsificación de pasaportes, entre otros ilícitos. No es descabellado pensar que en este momento la tecnología del Estado, adquirida para utilizarse al servicio de la seguridad de los habitantes, está manejada por una cadena de gente corrupta que hacía —o hace— negocios personales.

Entre los altos funcionarios citados en la causa se hallan el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Alberto Ferreira; el subdirector ejecutivo, Jorge Alejandro Berriel; y el director general de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León. Estas citaciones sin duda son un problema, pero se torna más grave si se considera que dentro del Ministerio del Interior no existirían, al momento, investigaciones internas tendientes a aclarar los hechos que los involucran; y lo que es peor aún, ni siquiera se los separó de sus cargos.

¿Qué pasa con la Dirección de Asuntos Internos? ¿Está investigando? ¿Está averiguando cómo pudo haber sucedido que dichos recursos tecnológicos terminaran al servicio del crimen organizado? Por los dichos del ministro Heber —y la forma en como viene tomándose el caso— parecería que no.

Pero, además, esta misma Policía es la que está brindando la asistencia a la fiscal Fossati para la investigación del caso. ¿Es capaz, la Policía, de cumplir con sus funciones de manera independiente cuando existen altos mandos que podrían haber colaborado con las acciones delictivas?

Sinceramente, el Ministerio del Interior está en problemas, y sus máximas jerarquías no están en condiciones de cumplir con sus cometidos.

En las últimas horas se conoció otro de los tantos chats recuperados en los que se hace una extraña referencia de un envío de “pescado congelado” dirigido al propio presidente de la República. Si el envío resulta extraño, más extraño aún resulta el origen de dicho envío (Emiratos Árabes Unidos) y la extraña forma de diligenciarlo a través de su jefe de Seguridad. Todos elementos que urgen que se aclaren para disipar cualquier conjetura que se pueda imaginar sobre un hecho que involucra al propio Luis Lacalle Pou.

De todo esto, podemos sacar varias cosas en limpio. La primera y más obvia es que existen serias posibilidades de que se haya desarrollado una fuerte red de corrupción, que parte desde la Torre Ejecutiva hasta el Ministerio del Interior. La segunda, que hay jerarcas policiales sospechados de delitos que debieran ser separados preventivamente del cargo. La tercera, que el Gobierno todavía está a tiempo de revertir el rumbo y asumir las responsabilidades para que el daño al país no termine siendo peor aún, porque no podemos permitir tener una banda corrupta manejando el Estado y poniendo los recursos tecnológicos en materia de seguridad pública al servicio de fines particulares.

Pero el Gobierno no reacciona y sigue atajándose al ritmo de revelaciones que surgen cada día sobre el caso y que lo ponen bajo sospecha.

En algo coincidimos con el presidente Lacalle Pou, nosotros también queremos “ir hasta el hueso”. Claro, que a las intenciones hay que ponerle voluntad y acción, y, especialmente en este caso, mucha, pero mucha, transparencia.