Opinión | Cannabis medicinal en Uruguay. Una oportunidad que aún es posible aprovechar

Uruguay posee condiciones para ser líder regional en producción de cannabis medicinal y a partir de allí, mantener una posición privilegiada a nivel global. Sin embargo, persistentemente se han esquivado las pocas decisiones faltantes indispensables para desplegar nuestras mayores capacidades con respecto a esta producción, poniendo en riesgo la posibilidad efectiva de ser un país referente en la materia.

Cuando algún observador externo se aproxima al caso uruguayo, se sorprende al ver que, siendo el primer país en el mundo con una ley integral que autoriza la producción y comercialización legal de cannabis con fines industriales, medicinales, científicos y para uso adulto, el país cuenta en su mercado interno con muy escasos productos de cannabis medicinal disponibles al público. Y que ninguno de ellos pasa de ser algún tipo de formulación farmacéutica conteniendo cannabidiol aislado (CBD).

Esto se explica por el sistemático desencuentro que hemos padecido entre una visión centrada en las potencialidades productivas del cannabis, frente a otra concepción higienista que se ha mantenido estancada en una definición especialmente restrictiva del cannabis medicinal, basada en una interpretación ortodoxa de los tratados internacionales sobre drogas.

Lo paradójico es que, esa visión restrictiva, ha permanecido prácticamente incambiada aún ante la acelerada evolución de la evidencia científica con respecto al potencial medicinal del cannabis y sus compuestos, así como frente a los pronunciamientos favorables tanto de la OMS como de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que reconocieron la validez de estos usos a partir de una revisión sistemática de la información actualmente disponible. La consecuencia: un desarrollo distorsionado del mercado nacional, donde oferta y demanda se encuentran en canales de producción y comercialización informal, con pacientes accediendo a productos sin garantías básicas sobre su calidad y eficiencia. Una contradicción, que además de afectar a los usuarios de cannabis medicinal, debilita la marca país y en consecuencia, el tan buscado posicionamiento internacional.

¿Qué es lo que Uruguay tiene en su haber? Un marco legal amplio y adecuado que el gobierno puede ir adaptando a partir de resoluciones y decretos. Un organismo especializado en materia regulatoria que ha desarrollado canales adecuados para el otorgamiento de licencias y la supervisión general de las distintas formas de producción, tanto a nivel de cultivo como de industrialización, así como para la investigación y el desarrollo. Un sector privado cada vez más amplio y diverso que ha venido desarrollándose en base a una creciente inversión tanto de origen nacional como internacional. Un conjunto de profesionales y técnicos con alto nivel de formación que se han especializado en las múltiples aristas de la producción y la investigación de la planta, sus compuestos y derivados. Una sociedad civil con el grado de conciencia y sensibilidad suficiente como para no admitir retrocesos en el plano de los derechos conquistados. Y finalmente, pero no menos importante, las condiciones de estabilidad económica, institucional y los mecanismos de promoción y protección de inversiones que han destacado al Uruguay de las últimas décadas.

Entonces, ¿qué es lo que falta? No demasiado: que de una vez por todas se habilite el registro y la comercialización, bajo la prescripción médica correspondiente, de productos de cannabis medicinal más allá de las especialidades farmacéuticas aceptadas según los criterios del medicamento tradicional. Esto incluye la posibilidad de registrar el cannabis medicinal como especialidad vegetal, como medicamento fitoterápico o como producto vegetal basado en cannabis, lo cual, para ser más claros, incluiría la comercialización regulada de flores, aceites, destilados, cremas y otras preparaciones de grado medicinal conteniendo compuestos específicos o la sustancia en el amplio y complejo espectro en el que despliega sus cualidades en estado natural. Todo ello con estrictos controles a la calidad de la producción tanto a nivel de cultivos como de manufactura. Estándares y conocimientos al respecto sobran y además, esto lo están haciendo ya países como Alemania, Israel o Canadá, así como decenas de estados en los Estados Unidos.

Finalmente, este camino ya lo dejó trazado la Ley 19847 del 2019, propuesta por el Frente Amplio y votada por todos los partidos políticos. Que no nos pasé que, por no tener la determinación por concretar estos últimos y pocos pasos, nos quedemos mirando desde atrás la oportunidad que hoy sigue aún ante nuestras narices.

* Diego Olivera Couto es Licenciado en Trabajo Social y Senador de la República (suplente) de Fuerza Renovadora. Además, fue Secretario General de la Junta Nacional de Drogas (2016-2020) y Presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (2017-2020).