“Escribió porque la palabra es signo y seguramente habrá considerado que sólo el signo trasciende la vida, porque ha sido siempre de ese modo y el que no lo comprenda es apenas una bestia sin pasado.”

Así comienza la historia de Martin Zamora, recluido en un calabozo durante el sitio a la heroica Paysandú que imagina Mario Delgado Aparaín. La historia y el pasado, lo que una sociedad decide recordar y olvidar es parte constitutiva del presente, es un diálogo permanente y una construcción política no exenta de tensiones y miradas ideológicas. El problema al que nos enfrentamos radica en que la educación tiene que reflejar el acuerdo social más amplio posible, pero también tiene que rendir cuentas a la verdad histórica; no puede negarla ni ocultarla para torcer la narrativa histórica en función de una lectura ideológica. El problema surge cuando una narrativa política quiere imponerse a una narrativa histórica avasallando la mirada científica y a los porfiados hechos.

No hace tanto, miembros del gobierno quisieron traficar un libro de las memorias de un personaje central de la historia reciente como un libro de historia. El error, rápidamente subsanado ante la indignación generalizada, es otra expresión de este conflicto. No es lo mismo la memoria individual, con sus recortes e intereses, que la mirada histórica, con todas las garantías que la discusión historiográfica y los métodos de investigación brindan.

En el mes de octubre del año pasado, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentaron los contenidos curriculares del programa de Historia para primer año de educación media superior, en el marco de la reforma educativa. Allí estaba consignado, entre otros temas, el ítem “El terrorismo de Estado y las dictaduras de la Seguridad Nacional a través de un caso”. Posteriormente, el programa definitivo indica “Las dictaduras de la Seguridad Nacional y la suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos.”, eliminando el concepto Terrorismo de Estado y sustituyéndolo por una definición que no es equiparable en ninguna de sus interpretaciones. En el mejor de los casos, se refieren a situaciones diferentes.

La Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU)¹ señaló su discrepancia con tal decisión y desde ese momento se ha generado un debate en el que las autoridades no han podido esgrimir una justificación de recibo para sostener su decisión.

La elección de los conceptos no es antojadiza ni caprichosa, las palabras formatean realidades, fundan discursos y relatos. Por eso se eligen. No se trata de una simple diferencia semántica. Desconocerlo es evadir el centro de esta discusión.

El consejero de la ANEP en representación del Partido Nacional, Juan Gabito, ha sido la única autoridad del gobierno que se expresó sobre el tema ². Afirmó que el programa anterior —en referencia a la Reformulación 2006— “no toma en consideración los antecedentes históricos”. “Hubo terrorismo de estado, lo admito, lo reconozco, lo sostengo, pero fuimos muchos más los que sufrimos falta de garantías y de nuestros derechos en una cuestión bastante más amplia”, señaló. Y agregó: “Todo lo que hicimos lo hicimos en cumplimiento de lo que dice la ley de educación en su artículo 17, que nos mandata a que se expongan ante el alumno todos los hechos, todas las interpretaciones y que él tenga la libertad de elegir. Si nosotros solo le presentamos solo una parte de la verdad le estamos escamoteando ese derecho”. Además también sentenció que la decisión de quitar el término Terrorismo de Estado “es deliberado, pero no es en aras de una finalidad subalterna sino en aras de proteger el derecho del estudiante de acceder a la verdad.”

De las palabras del consejero, se puede extraer que la decisión no tiene un fundamento académico. Desconoce la producción y el conocimiento historiográfico, así como la normativa internacional que rige al respecto de la violación de los Derechos Humanos por parte del Estado. La decisión de las autoridades de la ANEP es exclusivamente de carácter político e ideológico. Lo que llama profundamente la atención es que él se pone por fuera de las víctimas del terrorismo de Estado y eso implica desconocer que la violencia política ejercida desde el Estado a la sociedad nos afecta a todos, tengamos o no vínculo directo, más aún cuando las consecuencias de esas acciones están presentes décadas después.

Una de las tareas de las Ciencias Sociales es construir categorías de análisis que permitan explicar fenómenos concretos. Luego de la segunda guerra mundial, los Juicios de Nuremberg o la Declaración de Derechos de la ONU abrieron la discusión sobre el rol del Estado en la protección de los Derechos Humanos. El concepto de Terrorismo de Estado es una creación regional que da cuenta del comportamiento de los Estados bajo las dictaduras latinoamericanas de los años 60 y 70 en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Esto remite al despliegue del terror por medio de la desaparición forzada, el robo de niños, la vigilancia sistemática sobre toda la población, el control social y otras características que pueden variar para cada país.

Los nombres otorgados a determinados acontecimientos los describen, los encuadran y permiten que sean analizados. Cuando se intenta borrarlos, se está desconociendo la producción académica, y toda la fundamentación que la sostiene. Y al negar esos saberes, esas producciones teóricas, esos conceptos descriptivos y explicativos, se está cayendo en una postura negacionista.

Cuando el consejero Gabito dice que se quita el término Terrorismo de Estado en aras de proteger el derecho del estudiante de acceder a la verdad, lo que hace es todo lo contrario, interpone una barrera entre el conocimiento elaborado por la academia, y el estudiante. Con esta decisión no se cumple con el artículo 17 de la Ley General de Educación. Lejos de eso, se le resta información y herramientas conceptuales para inteligir los hechos del pasado a las nuevas generaciones.

Lo que subyace en el fondo de esta determinación del Consejo de la ANEP es la creación de una narrativa que viene en línea con otros acontecimientos que han ocurrido desde el acceso al gobierno de la coalición multicolor. Luego de mucho tiempo hemos sido testigos del resurgir de la teoría de los demonios, que tiene como gran mérito (para sus defensores) la exculpación de las responsabilidades de muchos actores que fueron partícipes del golpe de Estado y de la dictadura cívico militar. La explicación, que en muy resumidas cuentas señala el enfrentamiento entre dos enemigos y únicamente dos, libra de culpas al resto. Y equipara responsabilidades entre los dos bandos en pugna. Esta argumentación, superada hace años desde el punto de vista del análisis historiográfico, ha vuelto a estar sobre la mesa. Y no es casualidad.

La idea de que la dictadura cívico militar fue la única respuesta posible para defender un Estado en peligro (obviamente no para defender la democracia) obliga a preguntarse si todas las violaciones a los derechos humanos que sufrió la población, más allá del grado en que se ejerció tal violación en cada caso, fueron el producto necesario para esa defensa. Sin embargo, al desaparecer el concepto de Terrorismo de Estado, esa obligación se torna difusa.

Los programas de asignaturas son un marco de referencia dentro del cual los docentes sintetizan, interpretan, agregan y enfatizan en base a los objetivos para el curso. Jerarquizar un contenido hace a la libertad de cátedra de los profesionales de la educación. Desde esa alta autoridad del gobierno del sistema educativo se está planteando que hay un tema que no se debe abordar, o lo que es peor, que la perspectiva avalada por el saber científico es falaz, incompleta y que en ‘aras —supuestamente— de acceder a la verdad’ se está limitando y poniendo bajo sospecha la actividad de los educadores.

El profesor Carlos Demasi expresó al programa Buscadores (Canal 5) lacónicamente al respecto: “El docente que se abstiene de enseñar lo que tiene que enseñar está bajando la calidad de la enseñanza”.

Y yo agrego: una sociedad que se niega a reconocer que en el pasado el Estado promovió atrocidades violando sistemáticamente los derechos humanos de la ciudadanía está condenada a convertirse en una bestia sin pasado.

1. El comunicado de la APHU se encuentra disponible en este link.

2.  Declaraciones de Juan Gabito realizadas en el programa Esta Boca Es Mía, 22/02/2024. Disponible en este link.