Opinión | Balance del gobierno 2022: “Buen año”, ¿para quién?

Luego de la reunión del Consejo de Ministros convocada por Lacalle Pou para realizar un balance anual, el presidente consideró que fue un “muy buen año” para el gobierno. Sin embargo, si hacemos un repaso por algunas de las políticas implementadas por esta administración y analizamos su impacto en la población no es posible afirmar que este año haya sido positivo para la enorme mayoría de la ciudadanía. Lo que queda muy claro es: que un buen año para este gobierno no es lo mismo que un buen año para el país.

Si bien, aún no ha terminado la tarea legislativa, porque en los últimos días de diciembre se votará el proyecto de reforma jubilatoria, el 2022 está llegando a su fin.

Pese a las consideraciones del presidente, el gobierno termina el año con dos escándalos de proporciones mayores. Por un lado, el caso Astesiano. El hecho desnuda tal vez una de las peores formas de utilizar el poder político: corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, espionaje a opositores políticos para extorsionarlos y una serie de interrogantes, que todavía no se han esclarecido, ya que cada día que pasa surgen nuevos datos.

El otro escándalo: la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Marset mientras estaba preso en Dubai. En la interpelación a Bustillo y Heber de agosto, este último expresó que existía coordinación entre los ministerios y que no manejaban las “pruebas” como para evitar la entrega del pasaporte. Como es costumbre también le echaron la culpa al Frente Amplio por el decreto que los “obligaba” a actuar de esa manera. Sin embargo, hoy se sabe que ya manejaban las “pruebas” suficientes como para evitar la entrega del pasaporte, que Marset utilizó para salir de la cárcel, pero pese a ello no sólo no se lo negaron sino que se lo entregaron en tiempo récord.

Es increíble pero el mismo gobierno que hacía gárgaras de transparencia, en menos de tres años de ejercicio ya tiene dos casos gravísimos de corrupción.

Y todo esto pasa mientras una inmensa cantidad de compatriotas se encuentran en serios problemas económicos. Como ya hemos mencionado varias veces en estas columnas, nuestra economía ha crecido, pero ha crecido para unos pocos, y para la gran mayoría su economía ha empeorado.

Cerca de 400 mil ciudadanos se encuentran en situación de pobreza, 1 de cada 5 niños de nuestro país viven en situación de inseguridad alimentaria. Tenemos más de 370 mil personas que viven con menos de 25 mil pesos, casi la cuarta parte de los ocupados. Han crecido los asentamientos y hay más compatriotas viviendo en situación de calle.

A su vez, nuestros pequeños productores agropecuarios, aquellos que sustentan la alimentación de nuestros ciudadanos, han visto empeoradas sus condiciones económicas debido a la disminución del consumo y el alto aumento de los costos de combustibles y materias primas. De tal manera, que los productores hortícolas, frutícolas y porcinos han visto crecer su endeudamiento en el entorno del 40%.

Al mismo tiempo, la inversión pública, uno de los motores principales de desarrollo y de trabajo, se encuentra en mínimos históricos. Solo en el discurso quedaron los US$ 1.000 millones para obras de saneamiento en el interior, no hay un solo peso para el desarrollo de los puertos nacionales, y en el resto de las empresas públicas la inversión se encuentra en línea con las directivas de la OPP que establecen que no se debe superar el 85 % de la inversión del quinquenio anterior.

El presupuesto para la educación, la ciencia y la salud se han recortado sensiblemente. La reforma de la educación es un slogan, cuyos principales contenidos son el cambio de nombre de las asignaturas, de las notas y otras definiciones que carecen de sustento pedagógico. Si el objetivo de la reforma es mejorar los niveles de inequidad de nuestra educación pública, lo cual coincidimos, primero debería haber aumentado el presupuesto, en vez de recortarlo, y sin dudas, debería haber evitado el incremento de la pobreza infantil y adolescente. Este gobierno pone foco en los discursos y slogans más que sobre los hechos.

La comunidad científica que fue la fuente de consulta y asesoramiento durante toda la pandemia, sufrió recortes presupuestales en todos sus programas. Tampoco hay proyecto de desarrollo sin inversión en Ciencia y Tecnología.

Por otra parte, la seguridad tampoco ha mejorado, han aumentado la cantidad de homicidios y la violencia intrafamiliar. La policía ha sido apoyada solo desde las declaraciones porque los trabajadores policiales han perdido poder de compra en sus salarios y el gobierno ha recortado la inversión en equipamiento policial.

Lo que fue un “muy buen año” para el gobierno, según entiende nuestro presidente, fue un mal año para la mayoría de la población. Porque las políticas de este gobierno afectaron negativamente la economía de las familias, a través del recorte de salarios y jubilaciones, y a través de la pauperización de los servicios públicos. La “austeridad”, que tanto le reclamaban a los gobiernos frenteamplistas y que prometieron en campaña electoral, la han tenido que vivir nuestros compatriotas, porque el ahorro que prometieron no lo hizo el Estado, el ahorro ha salido del bolsillo de los uruguayos y uruguayas. Este gobierno ha subvertido la frase “Dignidad arriba, regocijo abajo”.