El Gobierno lleva casi cuatro años de mandato, es decir casi el 75% del período. Tiempo suficiente como para un balance en grandes líneas. Para comenzar con el análisis, podemos decir que la ciudadanía le confirió dos grandes mandatos, mejorar la seguridad y mantener la calidad de vida de los uruguayos en términos económicos. Los resultados muestran que no han mejorado ninguno, y que en ambos casos han empeorado.

En materia económica, el gobierno ha propiciado varios aspectos negativos como producto de sus políticas. Se ha incrementado la pobreza y la desigualdad en nuestra sociedad, cuya principal causa fue el congelamiento de salarios y jubilaciones. En materia fiscal tenemos un déficit igual al del 2019 con una deuda más grande, un aumento de 13.000 millones de dólares. No se ha promocionado una agenda de desarrollo con una visión de largo plazo, tal vez las muestras más evidentes se encuentren en relación a las empresas públicas y la inversión.

Por último, el mandato tal vez más importante del Gobierno era mejorar la seguridad. Se han incrementado los homicidios y las denuncias de violencias de género en relación al quinquenio anterior.

En esta columna nos ocuparemos de los resultados económicos con impacto directo en nuestra ciudadanía, es decir en el trabajo y en la producción.

Salario, empleo y desigualdad

La política económica la debemos juzgar en relación a los impactos que tienen en nuestra gente. Las políticas aplicadas por el gobierno han empeorado las condiciones de vida de nuestra población.

Recordemos que en los primeros tres años de gobierno los salarios públicos se disminuyeron en términos reales; las pautas salariales de privados establecidas por el gobierno generan una disminución en el poder de compra de los mismos. Como resultado de ello, las pasividades y las pensiones no tuvieron incremento real debido a que están atadas a la evolución de los salarios. En el año y medio de la pandemia no se atendió de manera suficiente a las familias más vulnerables con asistencia directa, lo que tuvo un impacto inicial en el incremento de la pobreza de 100 mil compatriotas en el 2020.

A su vez se estableció un recorte en la inversión pública del 15% cuyo resultado directo fue el menor nivel de empleo.

Como sabemos, el empleo y el salario son los factores más relevantes para sostener los ingresos de las familias. En ambos casos se observa que han estado en peores niveles en gran parte del periodo si se compara con el periodo anterior. Esto trajo aparejado un incremento de la desigualdad debido a que los hogares de menores ingresos fueron los más castigados por esta política.

Los datos que muestran los resultados de las políticas mencionadas son concluyentes. En términos de empleo, el desempleo promedio anual del 2015 al 2018 fue de 7,9% y el desempleo promedio anual del 2020-2023 fue de 8,9%. A su vez, el desempleo en este año se encuentra por arriba del promedio de América Latina —según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)—, un 8,2% en el promedio anual del 2023 frente a un 6,8% de América Latina.

Por otra parte, el salario real estuvo tres años por debajo del 2019 y este año se encuentra todavía por debajo cuando se mide en el promedio del periodo enero a octubre.

A su vez, dicho informe de la CEPAL —Panorama Social de América Latina del 2023— consigna que, en el 2022, Uruguay es el país en el cual los ingresos laborales de los hogares de menores recursos fueron los que crecieron menos. El informe establece que Uruguay es uno de los pocos países de América Latina donde la desigualdad empeora en los últimos años, medido por el índice de Gini. En promedio, cae la desigualdad en América Latina en 2021 y 2022 con respecto al 2019, cae en Argentina, República Dominicana, El Salvador, en Perú en Chile, Ecuador, en casi todos los países, menos Uruguay, que pasa de 0,392 (2019) a 0,401 en 2022.

Citamos el informe: “Entre 2019 y 2022, el índice de Gini se redujo en 9 de los 12 países con información comparable para ese período. En términos anualizados, la mayor caída se registró en la República Dominicana (4,1%), seguida de la Argentina (2,2%) y el Brasil (1,5%). En otros seis países (México, Chile, el Perú, Costa Rica, el Ecuador y Panamá), la reducción de la desigualdad se dio a un ritmo anual de entre el 1,3% y el 0,6%. En el caso de El Salvador y el Paraguay, las variaciones no fueron significativas en el período mencionado, en tanto que el Uruguay fue el único país donde el índice de Gini aumentó a un ritmo del 0,8% anual”.

Otro elemento que se establece en el informe es que los ingresos, donde más cayeron, fueron en el 20% de los hogares más vulnerables de nuestra población. Y citamos: “En El Salvador y el Uruguay los ingresos del quintil más pobre fueron los que más cayeron, mientras que, en el Paraguay, la caída fue similar en todos los grupos”.

Estos elementos impactan directamente en los hogares de menos recursos. Este año tenemos 370 mil compatriotas por debajo de la línea de pobreza, aproximadamente 68 mil más que en el 2019.

Inversión pública

Como habíamos mencionado, la inversión pública además de ser un motor de desarrollo es un factor generador de empleo.

En materia de infraestructura, el Gobierno da a entender que la inversión ha crecido con respecto al periodo pasado, pero en realidad ha disminuido.

En el trienio 2020-2022 se invirtieron 6.100 millones de dólares. Debemos compararlo con el trienio 2015-2017, en los cuales se invirtieron 6.900 millones de dólares (Rendición de Cuentas del 2018). Es decir, son 800 millones de dólares menos que en el periodo 2015-2017.

A su vez se dice que el año 2022 se registra un récord de infraestructura de 2.478 millones de dólares. No obstante, en 2016 se registró una inversión en infraestructura de 2.492 millones de dólares. Es decir que no se alcanzó tal récord de inversión. Si los números los pasamos a pesos constantes del 2022, el recorte significa un 13,4%, significando 1.000 millones de dólares menos a precio constante en 2022.

En resumen, el recorte de la inversión ejecutada en estos tres años está en línea con la resolución de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de topear las inversiones al 85% de lo ejecutado en el quinquenio anterior. Significa un recorte de la inversión en infraestructura de entre 800 y 1.000 millones de dólares.

En relación a las cuentas fiscales hemos escuchado decir a los actores del Gobierno al inicio de la campaña pasada (2019) que el déficit y las deudas eran insostenibles y una larga cantidad de “etcéteras” en términos de cuentas fiscales.

Bueno, hoy tenemos un déficit de aproximadamente 4,0% cuando en el 2019 era de un 3,9%, y tenemos un crecimiento de la deuda de más o menos 13 mil millones de dólares. A su vez, en 2022 se registró el crecimiento más grande de deuda en un año, de 5.400 millones de dólares

En términos de porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda neta pasó de cerca del 44 al 54,1%. En tanto, la bruta pasó de aproximadamente el 46 al 57%.

A modo de conclusión, las políticas del Gobierno han impactado negativamente en los compatriotas. Nos encontramos con una sociedad más empobrecida y más desigual. Han empeorado las condiciones para la producción nacional y se deterioraron sensiblemente las cuentas fiscales del estado.

Necesitamos un proyecto político que revierta esta situación, que tenga foco en nuestros niños y adolescentes más vulnerables, que establezca un proyecto productivo con más inversión en infraestructura, ciencia y tecnología. Una patria que nos incluya a todos.