La batalla madre contra el crimen organizado es la que se emprende contra el narcotráfico.

El allanamiento nocturno es una necesidad táctica en esa estrategia; en particular puede resultar especialmente útil en la lucha contra el narcomenudeo —contra las bocas—.

Con ese convencimiento respecto a su utilidad, Jorge Larrañaga la incorporó como una de las medidas que integraba un paquete más amplio en el proyecto de reforma constitucional “Vivir Sin Miedo”. Sería una herramienta más con la que el sistema de persecución penal del país —policías, fiscales y jueces— podría contar, tal como lo hacen sus pares en la gran mayoría de países del mundo.

En su momento distintos operadores se pronunciaron a favor, tanto policías como fiscales e incluso jueces; además, las opiniones favorables son transversales dentro del espectro político nacional.

Así es que han existido proyectos de ley constitucional, leyes interpretativas y pronunciamientos favorables tanto del Partido Colorado, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Independiente. Por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, el expresidente José Mujica se expresó en mayo de 2019 al respecto, sosteniendo: “Hay que entrarles de noche, de madrugada o a cualquier hora (…) cuando hay notoria sospecha de tráfico de drogas”.

Con la habilitación de este tipo de medida se le quitaría la ventaja con la que hoy cuentan los delincuentes, que utilizan una protección constitucional pensada para otro tiempo y contexto. Hoy, con las garantías del Estado de Derecho, una medida como la que se propone, con el control jurisdiccional de los jueces de la República, permitiría mejorar la prueba contra la delincuencia —se los agarraría con las manos en la masa—, permitiría un uso más eficiente de los recursos humanos del sistema de Justicia, y mejoraría los resultados de la lucha contra el delito. Hay que tener presente que las bocas de drogas generan en su entorno un “ecosistema” delictual que queda de manifiesto cuando se desarticula una boca, ya que los delitos conexos (hurtos y rapiñas, por ejemplo) descienden en casi un 25% en la zona cercana a esa boca.

La Policía Nacional tiene las potencialidades para capacitarse adecuadamente para este tipo de intromisión.

Claro que, además, dentro del enfrentamiento al crimen organizado hay que seguir incrementando la generación de información e inteligencia, con recursos humanos y tecnología, así como seguir profundizando la lucha contra el lavado de activos. El allanamiento nocturno vendría a sumarse a ese kit de herramientas contra el narcotráfico y, reitero, sería especialmente útil.

En cuanto al mecanismo para resolver la traba constitucional que hoy existe para habilitar los allanamientos nocturnos, considero que jurídica y políticamente debería ser por alguno de los mecanismos del artículo 331 de la Constitución, que culmine con un plebiscito y, por tanto, con la ciudadanía resolviendo, y no por el mecanismo de la ley interpretativa. En un tema tan delicado debe generarse el mayor consenso de modo que se blinde esa decisión; entonces, jurídica y políticamente los debe resolver la gente en plebiscito.

En concreto: el allanamiento nocturno es una herramienta útil y necesaria, lo que no significa que deba aprobarse de cualquier manera. Lo más sano jurídica y políticamente es que lo resuelva la gente. De ese modo se evitan, por un lado, potenciales planteos de inconstitucionalidad y, a la vez, cuestionamientos de legitimidad política.

Por estos días, además de volver a discutirse la pertinencia de la habilitación de los allanamientos nocturnos, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de otra discusión: la legalización de las drogas, en particular la pasta base.

En este sentido, me surge la primera conclusión: la pasta base es un veneno.

Respecto a la discusión sobre los mecanismos más eficaces en la lucha contra el narcotráfico puedo entender que se opine —sin estar de acuerdo— que la lógica prohibicionista haya resultado ineficiente y que por tanto haya que buscar fórmulas alternativas. Sin embargo, pasar sin más a legalizar mediante la regulación del mercado de pasta base o la cocaína —como se hizo con la marihuana— me parece un enfoque profundamente errado y contrario a los objetivos planteados por este gobierno, el que ha definido dar una batalla frontal contra el narcotráfico.

La pasta base es parte del corazón del mal del narcotráfico, por lo que no se puede entrar en una suerte de pacto con el mal. Pactar con el mal nunca puede terminar bien.

Hay, además, un enfoque de salud pública que hay que atender y que quienes proponen la legalización no suelen considerar. Se bajaría la percepción del riesgo frente al consumo con los peligros que ello conllevaría.

Además, desde el punto de vista de las señales hay mensajes que son peligrosos de dar. ¿Acaso le vamos a decir a las familias que tienen un integrante en el consumo que vamos a legalizar las drogas? ¿Le vamos a decir a los policías que a diario arriesgan su vida en la lucha contra el narcotráfico que vamos legalizar las drogas?

Mi opinión es que la legalización es una alternativa nefasta. No somos un laboratorio y no podemos pensar en usar a los uruguayos como conejillo de indias.

En suma, la lucha contra el narcotráfico es compleja, pero hay que darla y no resignarse, y hay que darle al sistema de justicia la mayor cantidad de herramientas que ayuden a su eficiencia; una de ellas es el allanamiento nocturno.