Opinión | Aguas turbulentas: el gobierno no llega a buen puerto (III)

El gobierno presenta el acuerdo con Katoen Natie como una buena noticia porque, sostiene, trae inversiones al puerto y rebaja tarifas a los exportadores. Sin embargo, otra es la realidad. La inversión es innecesaria, ya que la mitad de la infraestructura actual del puerto está sin utilizar. Sólo le sirve a la empresa para asegurarse el monopolio por los próximos 60 años. La rebaja de tarifas prometida es absolutamente parcial e incierta. Incierta, porque fácilmente puede eludirse compensando la baja con aumentos en otras tarifas que se liberalizan. Parcial, porque solo abarca a unas pocas tarifas que se cobran a exportadores, sin alcanzar a los importadores, que quedarán cautivos de un monopolio privado que podrá cobrarles lo que quiera. Son malas noticias para el futuro del país, no hay dudas. El gobierno nos debe a todos los uruguayos una explicación, que demuestre que no se trata de un abuso.

En las dos columnas anteriores analizamos el acuerdo del gobierno con la empresa belga Katoen Natie (KN) a través del cual se le entregó el control exclusivo del movimiento de contenedores en el puerto durante los próximos 60 años, con consecuencias sumamente negativas para país. En la primera columna comentamos la falta de transparencia con la que se desarrolló todo el proceso, desde la negociación del acuerdo hasta las explicaciones y fundamentos vertidos por los representantes del gobierno, que no han aportado ningún informe jurídico ni económico que justifique semejante decisión.

Según la versión oficial, supuestamente el acuerdo se justificó en la necesidad de evitar un juicio millonario. En la segunda columna nos detuvimos en este tema, y vimos que en realidad se trataba del anuncio de un juicio, con el que KN venía amenazando desde hace años, sin concretarlo. Se trataba de una amenaza con débiles fundamentos, frente a la cual, en caso de concretarse, el país contaba con sólidos elementos para defenderse. Sin embargo, el gobierno optó por rendirse sin dar pelea, dejando como resultado un acuerdo que es contrario a la ley -lo que fue reafirmado por el Partido Colorado que, en lo que constituye casi una confesión, pretende aprobar una ley para tratar de disimular esta irregularidad- y a la Constitución de la República, y que deja todo nuestro comercio exterior rehén de un monopolio privado sin regulación hasta el año 2081.

En esta oportunidad nos ocuparemos de los argumentos económicos que el gobierno presenta como beneficios del acuerdo: las inversiones que KN se compromete a realizar y la rebaja de tarifas para exportadores. Veremos que las inversiones acordadas no son necesarias; es simplemente un mecanismo que le permite a KN conservar el monopolio otorgado durante los próximos 60 años. También mostraremos que la rebaja de tarifas es sumamente parcial y frágil, que no asegura una reducción de los costos portuarios para los exportadores, mientras deja cautivo a los importadores de una empresa que actualmente ya cobra tarifas mucho mayores a los de la competencia que, a partir del acuerdo, deberá dejar de operar.

Inversiones innecesarias para el puerto, pero convenientes para la empresa para conservar su monopolio por 60 años

Las inversiones fueron anunciadas como un gran logro por parte del gobierno en medio de esta crisis, para poder mostrar por lo menos una medida para la reactivación económica. Se trata de 455 millones de dólares que se ejecutarían durante la vigencia del contrato, es decir, hasta 2081. Buena parte de estas inversiones corresponde a la construcción de una nueva terminal, de similares características que la actual, pero un poco más grande. De esta forma, la empresa más que duplicaría su capacidad instalada actual, aunque sin incorporar una mejora tecnológica. La única "mejora tecnológica" vendría de la mano de la profundización del dragado, pero esto no es algo que aportará KN, sino que es una obligación que asume el Estado.

Lo que en principio podría parecer una buena noticia, rápidamente se desvanece al considerar la realidad del puerto. Más de la mitad de la infraestructura del puerto está actualmente sin usar, tanto en la terminal de la propia empresa beneficiada por el acuerdo, como en los muelles públicos de la ANP, donde opera la competencia. Dado que el acuerdo no supone un aumento de la actividad portuaria, ya que sólo traslada la operativa de los muelles públicos hacia la terminal de KN, el resultado de la inversión comprometida será un puerto con mayor capacidad instalada sin utilizar y unos muelles públicos aún menos utilizados.

La nueva terminal no es necesaria en el mediano plazo y no supone una innovación que permita competir mejor con el puerto de Buenos Aires. Es sólo un puerto más grande. Se desvanece entonces la ilusión, y el cuento, de que así la firma belga va a poder posicionar mejor a Montevideo como un hub portuario en la región. Con la capacidad ociosa que actualmente tiene, no hay nada que se lo impida hacer. Si estando en competencia no lo hace, menos incentivos tendrá para hacerlo en el futuro, cuando sea un monopolio.

Cabe preguntarse por qué entonces KN está dispuesta a realizar una inversión innecesaria. La respuesta es sencilla, y es de manual de Economía: las empresas monopólicas invierten en exceso, para frenar el ingreso de posibles competidores. Además, el propio acuerdo reafirma este comportamiento estratégico de KN, en la medida que prevé que mientras la empresa no tenga un nivel de utilización de su capacidad instalada mayor a 85% durante dos años consecutivos, el Estado no podrá llamar a una nueva terminal de contenedores. Queda claro que para KN resulta sumamente conveniente y lógico realizar la inversión, en la medida que se asegura así el monopolio que el acuerdo le otorgó por 60 años, hasta 2081.

Cabe formularse otra pregunta: si el gobierno consideró necesario realizar una nueva terminal, ¿por qué no realizar una licitación o un llamado abierto para seleccionar al operador? ¿Por qué otorgarla en forma directa y discrecional a una empresa, sin habilitar un procedimiento competitivo?

Por otra parte, ¿cuánto vale lo que se está dando en concesión directa hasta 2081? El gobierno no sólo no ha presentado ningún estudio al respecto, sino que ha reconocido que no ha hecho ninguna evaluación para estimar el valor del negocio. Sin esos estudios, y sin un proceso competitivo, el gobierno extendió el negocio a KN por 50 años más, le entregó el monopolio del movimiento de contenedores y se comprometió a dragar el puerto a 14 metros, por mencionar solo algunas de las concesiones otorgadas. Y a cambio de todo esto, KN no pagó nada. Y no sólo no pagó nada, sino que se le flexibilizó el canon mínimo anual comprometido en la licitación original. Se aumentó sustancialmente el valor de la empresa, sin nada a cambio.

Rebaja de tarifas: una promesa que naufragó. La empresa monopólica queda con las manos libres para cobrar lo que quiera

El gobierno ha señalado reiteradamente que el arreglo con KN permite alcanzar una rebaja de tarifas que beneficiará a todos los uruguayos. Sin embargo, eso no es lo que surge del acuerdo.

La rebaja de tarifas prevista es absolutamente parcial y acotada: alcanza sólo a 7 de las 33 tarifas que hoy se cobran y aplica sólo a los exportadores. El resultado final sobre la tarifa global que pagarán los exportadores dependerá del tipo de contenedor de que se trate y de los días de estadía. Según un estudio encargado por la propia KN a CPA Ferrere, la rebaja será, en el mejor de los casos, de 14% respecto a lo que cobra actualmente la competencia. En otros casos, la empresa a la que se le otorga el monopolio seguirá teniendo tarifas hasta 30% mayores que las de la competencia, que deberá dejar de operar como consecuencia del acuerdo. Peor aún es la suerte de los importadores, que no tienen prevista ninguna rebaja. Quedarán cautivos de una empresa que, según el mencionado estudio, cobra tarifas que llegan a ser 85% superiores a los de la actual competencia.

La rebaja de tarifas prometida tiene, además, un resultado final totalmente incierto. El acuerdo elimina el tope que actualmente rige para las tarifas que se cobran a los buques, habilitando a que KN las aumente, lo que encarecería el costo global del flete para exportadores e importadores. A su vez, se le permite que empiece a cobrar por servicios que hasta el momento no cobraba, pudiendo crear libremente nuevas tarifas sin necesidad de contar con autorización previa de la ANP, la cual sí se requería hasta el momento. Por lo tanto, fácilmente KN podrá compensar la rebaja prometida con la creación o aumento de otras tarifas.

Como si todo esto fuera poco, el acuerdo limita cualquier posibilidad del Estado de regular el monopolio que se crea, en particular en materia de precios. Una recomendación básica en Economía es que, ante la presencia de un monopolio, resulta fundamental que exista una adecuada regulación de precios, que limite el poder del monopolista frente a los clientes que están cautivos. El acuerdo va en la dirección totalmente opuesta. El Estado se ata las manos y se obliga a negociar y acordar con el monopolista cualquier baja futura de tarifas. ¡Lo hace, además, por 60 años!

Una decisión grave que compromete el futuro y atenta contra la competitividad del país

Ante la sola amenaza de un juicio sin fundamento, a cambio de inversiones innecesarias y sin garantizar rebajas de tarifas, el gobierno entregó el control del puerto a un monopolio privado, hasta el año 2081. Lo tramitó en tiempo récord, sin dar explicaciones válidas. Durante los próximos 60 años el comercio exterior uruguayo quedará cautivo de un monopolio que nadie podrá controlar. Son malas noticias para la competitividad de la economía, el empleo y el bolsillo de la gente. Es muy grave. Tenemos dudas en materia de legalidad, en materia de constitucionalidad, en materia de conveniencia económica y en materia de transparencia. Por todo esto, interpelaremos al Ministerio de Transporte. Todos los uruguayos nos merecemos una explicación, que despeje las dudas y descarte el abuso. El gobierno tiene la palabra.