Opinión | Aguas turbulentas: el gobierno no llega a buen puerto (I)

El gobierno entregó el control del negocio central del puerto a la empresa belga Katoen Natie (KN), a través de la firma de un Acuerdo que le da, de hecho, el monopolio de toda la operación con contenedores por los próximos 60 años. El Acuerdo tendrá consecuencias graves para la economía uruguaya. Los argumentos son débiles y generan alarmantes dudas sobre sus bases jurídicas y su racionalidad económica. Las respuestas del gobierno son insuficientes y contradictorias. Son innumerables los problemas. En esta primera entrega, nos concentramos en los referidos a la falta de transparencia.

Los uruguayos aprendimos en la escuela la importancia que tuvo el puerto de Montevideo en la historia de nuestro país. Y eso que aprendimos entonces sigue siendo cierto: lo que pasa en el puerto tiene un impacto significativo en la economía y en la propia soberanía. Hoy, con preocupación, asistimos a un nuevo capítulo de esta historia, escrito en el Acuerdo que el gobierno firmó con la empresa belga Katoen Natie (KN). Allí se le entregó el control exclusivo del movimiento de contenedores en el puerto, a través de su empresa TCP. Durante los próximos 60 años tendrá el privilegio de ser la única empresa autorizada para esta operativa. Estará a salvo de competidores de cualquier tipo, públicos o privados, y quedará libre del control y regulación del Estado, porque así lo determinan los contenidos del Acuerdo. Exportadores e importadores serán rehenes de un monopolio privado que podrá cobrar tarifas a su antojo y conveniencia. Esta decisión del gobierno, sin dudas, va a afectar negativamente la competitividad de nuestras exportaciones, va a encarecer todo lo importado, perjudicando, en definitiva, al trabajo y al bolsillo de uruguayos y uruguayas.

El gobierno ha justificado el Acuerdo en la necesidad de evitar un juicio millonario al Estado por parte de KN. De hecho, la empresa venía amenazando al Estado desde hace años con un juicio que nunca concretó. Pero después de las elecciones de 2019 algo cambió. El nuevo gobierno, rápidamente y sin defenderse, le dio la razón a KN y, con esa rendición sin pelea, le entregó nuestro puerto. La amenaza de juicio no parece tener fundamento jurídico válido, y el monto pretendido es un disparate, sin relación alguna con los números del negocio. Tal vez por eso nunca pasó de ser una amenaza. Dos leyes, a falta de una, consagran explícitamente la libre competencia en el puerto: la Ley de Puertos de 1992 y la propia ley que dio origen a la concesión original a KN por 30 años en 2001.

Las contradicciones del ministro Heber: en menos de un mes pasó de decir que había cuatro informes jurídicos que respaldaban la decisión del gobierno, a decir que no existía ninguno.

La ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se basó el gobierno para tomar semejante decisión: no solo prorroga la concesión inicial, sino que amplía su objeto, y lo hace por un plazo que supera ampliamente al original, sumando dudas sobre la legalidad del Acuerdo. Y el gobierno tiene la obligación, y debería también tener el interés, de demostrar que actuó en forma responsable, haciendo todo lo que estaba a su alcance para defender los intereses del país, sin abusos, dentro del marco legal vigente. Por eso, en la Comisión de Transporte del Senado le preguntamos repetidamente al entonces ministro Heber acerca de los procedimientos que siguió, del asesoramiento experto que recibió y de la documentación que lo respaldó para firmar el Acuerdo.

Heber dio respuestas insuficientes y contradictorias, que pueden leerse en las versiones taquigráficas.

El 21 de abril nos dijo a los legisladores, como antes le había dicho a la prensa y a sus propios socios de la coalición, que tenía cuatro informes jurídicos que respaldaban la decisión del gobierno.

Luego, en la sesión del 5 de mayo, sostuvo que no era conveniente hacer públicos esos informes para "...proteger nuestros argumentos, por si el día de mañana existe una instancia judicial...".

Una semana después, en su última comparecencia como ministro de transporte y obras públicas, cambió su versión y dijo que los informes no existían: "... no tenemos informes directos de gente que escribió libros. Hemos consultado; hemos hablado; esto está respaldado por quien nosotros tenemos plena confianza, un jurista de peso en el país, como es el doctor Rodrigo Ferrés, que presentó un informe jurídico por escrito.... ¿Sobre los informes que inspiraron? No hay informes que inspiraron". No apareció ninguno de los informes de expertos, y la fundamentación jurídica para entregar el monopolio del puerto por 60 años se redujo, finalmente, a sólo nueve carillas en hojas A4, sin fecha ni firma, elaboradas por el prosecretario de Presidencia, que el ex ministro Heber distribuyó en el Senado.

El gobierno demora las respuestas y aumenta la desconfianza.

Ante la falta de vocación del gobierno de transparentar la información, los legisladores del Frente Amplio insistimos e hicimos un pedido de acceso a la información pública a Presidencia de la República y al MTOP. Reclamamos los informes jurídicos, la intervención del Tribunal de Cuentas y los expedientes relativos al Acuerdo. Es información esencial y básica, que debía estar disponible sin dificultad alguna. Sin embargo, a casi un mes de haber realizado el pedido de acceso a la información, Presidencia de la República comunicó que no la puede enviar aún, y que decidió una prórroga porque, "en virtud de la complejidad de lo solicitado", necesita más tiempo para cumplir con lo solicitado. No parecería tan complejo enviar informes que se supone que ya fueron realizados y considerados.

El ministro Heber acordó con KN. Luego el gobierno en pleno, el Presidente de la República y todos sus ministros, firmaron los decretos que implementaron el Acuerdo. Cuesta imaginar que lo hayan hecho sin contar con informes de expertos ni, como marca la ley, con la opinión preceptiva de la Administración Nacional de Puertos y la intervención del Tribunal de Cuentas. Sería un proceder irresponsable, riesgoso, contrario a las normas y a la transparencia con la que están obligados a actuar los gobernantes.

Falta información fundamental para entender una decisión con tantas consecuencias en el futuro de la economía y el ejercicio de la soberanía, como es la decisión del gobierno de entregar a una empresa privada la concesión de los servicios del puerto en régimen de monopolio, (y por 60 años!). La ciudadanía no merece esta forma de tratar un asunto tan importante. Sólo aclarando se despejarán las dudas. El gobierno tiene la palabra.