Opinión | Acuerdos que conducen a buen destino

Nuestra postura de trabajo en el seno del Congreso de Intendentes no ha sido otra que privilegiar siempre la búsqueda de acuerdos, de tejer consensos y de facilitar el arribo a los mismos. Cada día que pasa en mi gestión como Intendente estoy más convencido del rol que tenemos los jefes departamentales en facilitar la vida cotidiana de las personas.

Uno de los aspectos centrales sobre los que hemos venido trabajando desde nuestra gestión en el gobierno departamental está vinculada a la seguridad vial. La seguridad y el respeto a las normas del tránsito es un componente fundamental en la vida en sociedad y, cuando las mismas se violan, ponen en riesgo no solo a quien las infringe, sino también a otros terceros involucrados. He ahí la importancia de alcanzar acuerdos transversales entre todas las intendencias respecto a lo que entendemos por seguridad vial y todos los aspectos asociados a ellas.

Es por ello la importancia de celebrar ciertos acuerdos alcanzados en el Congreso de Intendentes recientemente. Uno de ellos es la unificación del sistema de multas de tránsito en todo el país, medida que ya rige desde julio. Este acuerdo supuso el trabajo mancomunado de los 19 directores departamentales de tránsito, quienes alcanzaron un documento de consenso que rige para todas las circunscripciones departamentales.

Ahora la base sancionatoria para quienes infringen normas de tránsito es única a nivel nacional, con lo que se reglamenta el artículo 26 de la Ley 19.824 que regula el tránsito nacional desde 2019. Hasta antes de haber alcanzado este acuerdo existían en Uruguay más de 4.000 registros de tipos de multas en el SUCIVE, haciendo particularmente difícil y desigual la aplicación de penalidades según los departamentos. Algo que no tiene lógica en un país del tamaño del nuestro y con una población de tres millones.

A partir de ahora existirán, de manera unificada, 218 tipos de multas, de las cuales 142 podrán ser reducidas o incrementadas en un 50% por parte de los intendentes de acuerdo a sus realidades locales, mientas que las otras 76 no podrán ser modificadas en sus valores. Anualmente, se aplican unas 500.000 multas, por lo que se destaca la importancia de que se respeten valores y tipificaciones comunes a la hora de imponerlas.

Uno de los aspectos trascendentales de esta política de transporte es el vinculado a la licencia por puntos, lo que es prácticamente un igualador social, porque aplica la misma sanción en todos los departamentos, o en todo caso si son multas a 15 unidades reajustables, lo que tiene un correlato con la Ley de Faltas. A su vez se prevé un proceso abreviado, en el cual, si el contribuyente admite su error, accederá a un descuento del 30% del valor de la multa si lo paga en un plazo perentorio de 30 días.

Al igual que se hizo en su momento con el SUCIVE, el camino es el de seguir priorizando los acuerdos en materia de política de tránsito, entendiendo que el país es un todo y existen conductas deseables en todo el territorio nacional, así como penalidades comunes a todos los departamentos para los ciudadanos que se aparten de ellas.

Es por eso que, con el mismo énfasis que defendemos la construcción de acuerdos en materia de políticas de tránsito, lo hacemos con el mantener las edades ya previamente establecidas en la legislación para obtener el permiso único de conducción. Considerando que los accidentes de tránsito son, lamentablemente, una de las principales causas de muerte entre los uruguayos, no podemos permitir que se pretenda flexibilizar el acceso a las libretas de conducir.

¿Con qué objetivo dejaríamos que nuestros adolescentes manejen vehículos en todo el territorio nacional? No tiene ningún sentido, pues si ello se modificase, entonces deberían modificarse también otras normativas asociadas a la responsabilidad tanto civil como penal de los adolescentes y jóvenes, respecto a los daños ulteriores que pudiesen ocasionarse por su accionar. Cuando una persona está en proceso de formación, preparándose para ejercer la ciudadanía con derechos y obligaciones, ¿por qué les daríamos acceso a una potencial arma que pudiese llegar a ser letal para ellos como para terceros?

Más allá de que, como he manifestado públicamente, me encuentro en contra de la rebaja de la edad para obtener permisos de conducción, también es preocupante el hecho de que se hagan circular propuestas en la agenda pública de carácter individual y que no han obtenido antes un consenso en el seno del Congreso de Intendentes. Al igual que otros aspectos de la vida nacional, la búsqueda de acuerdos es un camino que debemos priorizar para ejercer nuestra tarea que nos es otra que garantizar y facilitar la vida de los ciudadanos. Para asegurar que ello se cumpla hay que priorizar acuerdos que conduzcan a un buen destino.