El hito

Hace tres años, en la noche del 18 de julio de 2017, a quienes integrábamos el Instituto de Regulación y Control del Cannabis del momento, nos costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente comenzaría a funcionar uno de los primeros sistemas legales de expendio de cannabis psicoactivo para uso adulto del mundo. Un hito que implicó la culminación de una ansiosa espera y fue producto de una gran cantidad de trabajo acumulado.

Hasta altas horas de la noche, los técnicos del equipo permanecieron chequeando el complejo sistema informático, el cual se había desarrollado para permitir el control de las cantidades vendidas y la comprobación de que los compradores estuvieran previamente registrados en las oficinas del Correo Nacional, proporcionando esta información al vendedor sin exponer ni vulnerar los datos identificatorios del cliente.

Las empresas encargadas de la producción habían tenido que lidiar con las dificultades propias de una actividad que, a esa escala, nunca se había llevado adelante en suelo uruguayo. Solo una de ellas pudo cumplir el cronograma previsto y abastecer a los puntos de venta, luego de una carrera que incluyó múltiples ajustes en el proceso agronómico y el montaje de los procesos de secado y envasado, cumpliendo con las exigentes especificaciones de calidad que se habían establecido y que fueron controladas por el departamento técnico del IRCCA y del Ministerio de Salud Pública.

Al pequeño grupo de propietarios de farmacias que, sorteando prejuicios e inseguridades, habían suscrito el contrato de adhesión para participar de la comercialización, también les esperaban días agitados. La fría mañana de invierno del 19 de julio abrieron sus locales en medio de una gran exaltación. Cientos de usuarios de cannabis les aguardaban para ser parte de un momento histórico: luego de décadas de estricta prohibición, comprar hasta 10 gramos de cannabis se tornaba un acto completamente legal.

Las fotografías de ese primer día recorrieron el mundo y fueron parte de los titulares de grandes medios de prensa como el New York Times, El País de Madrid o el The Guardian. Una vez más el "pequeño país modelo" ocupaba un lugar en la vanguardia internacional de las reformas sociales.

Al día siguiente, distintos periodistas de dos medios de prensa locales consignarían que, luego de haber probado el producto, podían asegurar que su efecto psicoactivo, si bien moderado, era claramente perceptible y que las condiciones de envasado, aroma y forma eran más que aceptables.

Calamidades que no se cumplieron

El transcurso de estos tres años dejó en claro que la implementación completa y la consolidación del mercado legal no era una tarea acabada. Pero también que las calamidades que algunos anunciaban a los cuatro vientos y otros veían con callada y razonable preocupación, nunca se cumplieron.

Las farmacias no fueron asaltadas, ni hubo constantes episodios conflictivos en sus establecimientos. La clientela habitual no los abandonó; por el contrario, se sumaron nuevos compradores que no solamente adquirieron cannabis, con lo cual se dinamizó la actividad de un sector que venía golpeado por los cambios en el mercado de medicamentos y productos sanitarios.

Las personas que disfrutan del cannabis y curten su cultura se sintieron significativamente más libres, pero nuestro país no se convirtió en una sociedad cannabizada, ni con personas deterioradas por este consumo transitando sin rumbo por las calles.

Recogiendo la experiencia de los problemas de los mercados de tabaco y bebidas alcohólicas, tampoco existieron despliegues publicitarios o promocionales que estimularan el consumo, o le atribuyeran características y efectos que no tiene. Por el contrario, la venta regulada permitió comercializar el cannabis en un envase que, sin ser agresivo, contiene información abundante sobre los riesgos que asume quien consume y recomendaciones para gestionarlos. Adicionalmente, los farmacéuticos ofrecieron información de calidad a quienes quisieran profundizar en el tema y recomendaciones a aquellos que pudieran sentir que no estaban pudiendo controlar adecuadamente el consumo, contando para ello con una red de 27 centros de asesoramiento y atención gratuitos sobre uso problemático distribuidas en los 19 departamentos.

Pero además, la sociedad en su conjunto pudo apreciar que los usuarios de cannabis no eran como el imaginario colectivo, construido sobre los prejuicios que alimenta la prohibición, los había pintado. Entre este grupo de personas, tan diversas como la sociedad misma, llamó la atención que los mayores de 45 años compusieran un porcentaje mucho más amplio de lo que indicaba la asociación directa entre el uso de sustancias psicoactivas y los jóvenes.

Logros tangibles

En retrospectiva, algunos resultados emergen confirmando que el camino del desmontaje de la prohibición es acertado. Aunque insuficientes para cubrir la demanda existente, las 4 toneladas comercializadas en este tiempo representan un ingreso de algo más de 5 millones de dólares. Dinero que no fue captado por las economías criminales y sí por la actividad formal de los empresarios y trabajadores involucrados, sumado a una porción que financia el funcionamiento del IRCCA y que en el futuro, de acuerdo a una ley recientemente aprobada, servirá para crear un fondo para impulsar la investigación científica del cannabis.

La percepción del riesgo, un indicador cuya evolución preocupaba a muchos dado que se veía como uno de los principales perjuicios de la legalización, se mantuvo notoriamente estable entre el 2014 y el 2018 en población adolescente y se robusteció en adultos.

Las campañas de sensibilización llevadas adelante, en las cuales se optó por evitar los mensajes demonizadores y se apostó por favorecer factores de protección como el dialogo abierto basado en información objetiva y el involucramiento parental en las familias, ayudaron a estimular el debate en los ámbitos públicos y privados, no solamente sobre los efectos de la marihuana sino sobre la responsabilidad social que implica transitar el camino de la regulación legal.

El incremento desmedido en la prevalencia del consumo entre los estudiantes de enseñanza media, que muchos veían como una posibilidad ante una lectura del tipo "si es legal no te hará mal", no se verificó. Por el contrario, la cantidad de consumidores se mantuvo sin cambios y la edad promedio de inicio del consumo, se retrasó.

El consumo en población adulta efectivamente se incrementó. Pero al mismo ritmo que lo venía haciendo desde el 2001 y con una tendencia similar a la del resto de los países de la región que se mantienen en una estricta prohibición. Por lo cual no pudo hablarse de causalidad entre la regulación y ese aumento.

De forma resumida, en ningún indicador relevante en el campo de la salud pública se encendió una alarma que invitara a revertir el camino andado; por el contrario, los datos son un estímulo a seguir adelante y profundizar el modelo.

Una agenda de mejora

Por supuesto que hay innumerables aspectos a mejorar. El hecho de haber sido el primer país en optar por un modelo de este tipo nos pone en la obligación de evaluar exhaustivamente y corregir la implementación.

Unos días atrás, el presidente Lacalle señaló en una entrevista que la regulación había sido diseñada con "una cabeza muy conservadora y cerrada". Si bien resulta muy difícil concederle esa caracterización, es cierto que el modelo uruguayo contiene algunas rigideces que, inicialmente incluidas como reaseguros de tipo sanitarista, funcionan como barreras de ingreso y contribuyen a la persistencia del mercado ilegal, o bien operan como incentivos a la conformación de nuevos mercados grises. La obligatoriedad del registro para acceder al sistema, es sin duda una de las barreras que amerita una evaluación crítica.

La cadena de producción y distribución para venta al público necesita ser revisada, en la medida que se ha mantenido con un desarrollo bastante acotado. Diversificar tanto productos como espacios de comercialización es una necesidad clara. La idea de una producción centralizada en manos de pocas empresas, genera no solo ineficiencias sino un tipo de concentración que ha impedido la participación de agentes económicos de mediano porte que, particularmente en el interior del país, podrían cumplir un papel importante.

Siguiendo el razonamiento planteado por el ministro Cardoso, no es razonable excluir a los turistas del acceso legal. Se pueden encontrar formas de comercialización que los incluyan de forma controlada evitando afectar inapropiadamente la relación con nuestros países vecinos. Los operadores turísticos, que han sufrido como pocos el impacto de la pandemia, podrían ser agentes activos en la implementación de una solución de este tipo, lo cual los ayudaría a reactivar sus economías.

Finalmente, a tres años del comienzo de la venta al público Uruguay es un país más libre, con más herramientas para combatir las economías ilegales y con un importante reconocimiento internacional que nos posiciona como un modelo a seguir en la búsqueda de caminos para abandonar el fracasado prohibicionismo.

Diego Olivera / @dolivera_uy

Diego Olivera es egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas entre los años 2016 y 2020. Actualmente es Senador (suplente) por el Frente Amplio.