La campaña electoral con miras a la elección nacional se encuentra en su tramo final. En esta columna nos proponemos contraponer los dos proyectos de país que se encuentran en disputa.

Desde el Frente Amplio proponemos construir un país soberano, con justicia social e inclusivo, un país que nos vuelva a abrazar y proteger a todos y todas por igual. Para eso es fundamental ser transparente y honesto en el uso de los recursos públicos y, sobre todo, hacer crecer la economía y distribuirla de forma equitativa. Este modelo se contrapone al que ha gobernado durante estos cinco años: el de la coalición Multicolor, con un país más desigual, sin sentido de soberanía ni principio nacional, con un uso clientelar de los recursos públicos, con una economía que ha crecido pero que no se ha distribuido, y con los trabajadores y trabajadoras se quedaron esperando “el derrame”.

En la campaña electoral hemos podido ver a estos dos modelos contraponerse en forma de conceptos: por un lado, el miedo, y, por otro, la esperanza. Cuando nos proponen construir una grieta, el Frente Amplio propone la unión de todos y todas las uruguayas; cuando nos proponen centrar la discusión en la vida de los políticos, el Frente Amplio propone hablar de los problemas de la gente; cuando su campaña se basa en agraviar a nuestra fórmula, el Frente Amplio responde con propuestas.

Sería bueno empezar analizando la realidad, que es de lo que los candidatos del Partido Nacional y el Partido Colorado no quieren hablar, porque no quieren hablar de su gestión, ni de sus propuestas, ni de su gente, solo quieren hablar del Frente Amplio.

El primer aspecto y el que rompe los ojos es el crecimiento de la economía y su distribución. La economía creció poco y se destruyó de manera injusta. Usaron como excusa la pandemia por covid-19, la sequía, la guerra de Ucrania-Rusia y todo lo que se les pasó por enfrente, porque lo de “estamos preparados para hacernos cargo” aparentemente sólo era válido para un terreno liso y llano. Frente a las adversidades que presenta cualquier quinquenio de gobierno, no supieron cómo gestionar, porque la realidad es que fueron decisiones políticas las que hicieron que la recuperación económica del Uruguay entre 2019 y 2023 fuera de las más bajas, apenas superando a Bolivia.

A su vez, el magro crecimiento que hubo no impactó en el bolsillo de la gente. El precio de los alimentos y los bienes de primera necesidad crecieron por arriba de los salarios más sumergidos. Esto hace que el 10% más pobre de nuestro país no ha podido mejorar su poder de compra respecto a 2019. Por otro lado, el 95% de los hogares perdieron poder de compra en cuatro de los cinco años de gobierno de la coalición multicolor. Esto trajo como resultado el aumento de la pobreza en más de 25.000 compatriotas si comparamos este año con 2019; también hay 200.000 uruguayos y uruguayas viviendo en asentamientos, lo que significan unos 40.000 más que en 2019.

Ante esta realidad, el Frente Amplio propone que los salarios sumergidos tengan una fuerte recuperación, que la Tarjeta Uruguay Social (TUS) que hoy en día llega a 90 mil hogares pobres de nuestro país incremente en 50% su monto, y que haya una política de subsidio al alquiler y compra de vivienda para los jóvenes y las clases medias.

Además de mejorar la forma en la que se distribuye nuestra economía para asegurar que lo sienta el bolsillo de los y las trabajadoras, debemos dar un salto en el crecimiento de la economía. Para esto es fundamental mejorar nuestra inserción intencional en tres líneas.

Por un lado, ampliar las relaciones comerciales con África, Asia y Medio Oriente, lugares donde el crecimiento poblacional y los ingresos van a incrementar fuertemente, por lo tanto también lo hará la demanda de alimentos y productos farmacéuticos.

Otra línea debe ser con Europa y países con alto poder adquisitivo (OCDE), pues están en proceso cambios regulatorios en torno a la producción “verde”, es decir, productos que tengan huella de carbono neutra, la producción con energía renovable, alimentos que no provengan de establecimientos deforestados, etc. En este marco, Uruguay ya tiene una ventaja comparativa con relación a otros países.

Por último, seguir profundizando nuestra relación con el Mercosur y el resto de los países latinoamericanos. Recordemos que el Mercosur es el principal socio comercial de nuestro país, y con el resto de los países tenemos complementariedad productiva. Hay que atender que este vínculo no debe ser únicamente una construcción comercial, sino social, de infraestructura, educativa, cultural, etc.

Además de mejorar nuestras relaciones internacionales de forma inteligente, proponemos que los que producimos lo hagamos mejor, ampliando la oferta de manera más justa. Para ello es vital ampliar y mejorar el acceso de dos recursos fundamentales: la tierra y el agua, que son nuestro petróleo. Por eso proponemos desarrollar un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Riego y otorgar 25 mil hectáreas para productores lecheros, mujeres y jóvenes rurales, fortaleciendo al Instituto Nacional de Colonización (INC) y sus colonos. Estas medidas, además de justicia para nuestros productores, tienen como objetivo ampliar la productividad de nuestra tierra. Recordemos que cerca de la mitad de la tierra se arrienda para producir, por lo tanto, ampliar el acceso a la tierra y el agua es incrementar la producción.

Esto tiene que ver con nuestra producción agroindustrial, pero nuestra economía no termina en la producción más tradicional. Proponemos seguir incrementando la industria de la Tecnología de la Información, que hoy emplea a 27 mil personas y exporta por más de 1.000 millones de dólares. Recordemos que dicha industria es horizontal y necesaria para todo el resto, es decir, es utilizada por la industria, el agro, las finanzas, el comercio, etc. Otra industria pujante no tradicional es la industria farmacéutica, que exporta por más 300 millones de dólares y emplea a más de 5.000 personas.

Con miras a mejorar estas industrias, y otras no tradicionales, proponemos fondos no reembolsables que promuevan la asociación del sector productivo con institutos tecnológicos y universidades, además de promover la instalación de nuevas empresas tecnológicas en el área de las TICs y especialmente en inteligencia artificial.

Como habíamos mencionado antes, todo crecimiento de la economía debe estar destinado a mejorar la calidad de la vida de nuestra gente, empezando por los hogares más pobres. En ese sentido, además de mejorar los salarios más sumergidos y ampliar las transferencias, debemos mejorar la calidad y la cobertura de los servicios públicos más importantes, como educación, seguridad, salud y vivienda. En estos cuatros aspectos el gobierno ha anunciado mucho, pero ha hecho muy poco, y eso ha hecho que los resultados no impacten en la calidad de vida de la gente positivamente.

En materia de educación solo hubo un slogan, cambios de nombres y la catapulta a una candidatura a vicepresidencia de la República. En este periodo se procedió al recorte de 200 millones de dólares solamente en educación primaria y media. A la vez, en términos de resultados, el informe Aristas 2022 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa muestra un aumento de la inequidad en los aprendizajes durante la pandemia, con una brecha creciente entre estudiantes de contextos muy favorables y desfavorables. Los niveles de desempeño han disminuido, especialmente en matemáticas, donde el 66,2% de los estudiantes está por debajo del nivel 3.

Frente a esto, en materia de educación, el Frente Amplio propone duplicar la cobertura de las escuelas de tiempo completo y extendido, pasar de 14 mil becas a 70 mil en educación media, con un monto que pasa de 10 mil pesos a 25 mil al año, porque no se trata de premiar a aquellos que llegan, se trata de acompañar las trayectorias educativas haciendo posible que todos y todas lleguen. Otra de las propuestas en educación es entregar un bono de $ 2.500 por niño o niña a las familias que definan mandarlos a la educación pública, atendiendo al endeudamiento de los hogares en uno de los momentos del año en el que se gasta más dinero, que es en el inicio de las clases, porque consideramos que también hace a la igualdad iniciar en marzo con útiles con olor a nuevo y una túnica bien blanca.

En vivienda prometieron 50 mil viviendas y erradicar asentamientos. Lo cierto es que la construcción de viviendas nuevas cayó de un quinquenio a otro. Entre 2015 y 2018 se construyeron 13.656 viviendas y en el período 2020-2023 se construyeron 12.763 viviendas, lo que resulta en un total de 863 viviendas menos. Además, hay 200 mil compatriotas viviendo en asentamientos, 40 mil más que en 2019.

Frente a esto proponemos, entre otras medidas, el Plan Primera Vivienda, que tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito hipotecario para las familias de las capas medias que hoy no califican como sujetos de crédito del Banco Hipotecario del Uruguay BHU. Será combinando dos instrumentos: subsidio al capital y subsidio a la cuota. También se propone implementar proyectos de vivienda colectiva para la vida autónoma de los y las adultas mayores, establecer un stock de viviendas para alquileres accesibles, y acelerar los procedimientos para las cooperativas de viviendas.

En este gobierno, asistimos a una grieta social en acceso a la salud y en aumento de enfermedades prevenibles. Este deterioro en la salud de la gente claramente se vincula con la insuficiencia alimentaria, la pobreza, la falta de acceso a vivienda y servicios sociales básicos, además de peores servicios de salud, tanto en ASSE como en mutualistas. Hemos asistido a un desarme de ASSE con recorte en inversión en infraestructura, recorte en medicamentos que llegó a superar el 30%, peores tiempos de espera, policlínicas cerradas y otros desastres de gestión.

En salud proponemos disminuir tiempos de espera de cirugías, estudios y consultas en policlínica, con sistemas de información, control, fiscalización y planes específicos. A su vez, mejorar el acceso a medicamentos y prestaciones a través de la reducción de tickets, con un papel relevante de la Agencia Reguladora de Medicamentos.

Por último, la seguridad es uno de los principales problemas de nuestro país. La coalición llegó al gobierno cobrando al grito y prometiendo soluciones mágicas. Entre reforma y Ley de Urgente Consideración nos vendieron espejitos de colores, pero se dieron cuenta de que no era soplar y hacer botella, y no sólo no pudieron mejorar la situación respecto a 2019, sino que la empeoraron. Terminamos con el quinquenio más violento de la historia con más 1.530 homicidios en lo que va del periodo, sin mencionar la violencia que se vive diariamente en los barrios.

En nuestras propuestas hay todo un capítulo de seguridad que tienen dos guías centrales, que son, por un lado, atacar las consecuencias del delito, pero también las causas. La represión del delito sin la prevención del mismo es inconducente. Y al referirnos a la prevención, nos referimos a las causas estructurales del delito y a la rehabilitación de los y las liberadas. Por lo tanto, estas son algunas de las medidas fundamentales que proponemos en materia de seguridad: dar un nuevo impulso a la instalación de cámaras y dispositivos de videovigilancia, llegando a las 20.000, así como volver a un patrullaje intensivo y rotativo del equipo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) en los barrios. La gente reclama esta presencia que este gobierno, no sabemos bien por qué, definió quitar. Además, implementaremos el “Plan Más Barrio” para el control del crimen organizado en el territorio, porque no se trata sólo de atacar al que comete el delito; debemos controlar a los que dan las órdenes, en este caso, a los grandes narcotraficantes. Por último, es fundamental disminuir la reincidencia a través del fortalecimiento de los programas de rehabilitación basados en evidencia.

Estas son algunas de las medidas que buscan solucionar los problemas de nuestra gente, siempre en el marco de la mejora de la calidad de vida de los hogares de los trabajadores que son el destino final de nuestras políticas. Porque la realidad es más porfiada que los slogans publicitarios.