Opinión | A 50 años, las heridas del golpe

A las 5:20 de la madrugada del miércoles 27 de junio de 1973 fue emitido el decreto de disolución de las cámaras. Llevaba la firma de Juan María Bordaberry, presidente electo constitucionalmente por el Partido Colorado dos años antes. De esta forma se cerró un proceso de un creciente deterioro estructural del país. Nada quedaba de la “Suiza de América” y sobre todo de su imaginario colectivo. Esa madrugada se abría uno de los períodos más tristes de nuestra historia.

Los factores que explican el golpe de Estado son múltiples y de larga duración. Para comprender las causas de una ruptura democrática, que no se inició el 27 de junio, debemos tener en cuenta factores exógenos y endógenos.

En las últimas décadas la historiografía nacional ha realizado un gigantesco aporte para comprender el entramado político, económico y social que condujo al menoscabo de la institucionalidad y el quiebre democrático. Siempre teniendo en cuenta el contexto de la Guerra Fría en el que el enfrentamiento entre las superpotencias se dirimía fuera de sus territorios. Mucho queda por estudiar y analizar para comprender la complejidad del período, pero varios elementos asoman con meridiana claridad.

Las políticas autoritarias, represivas y violentas desde el Estado no comenzaron con la disolución de las cámaras. La dictadura cívico militar que condujo el país por 12 años se caracterizó por la aplicación del terrorismo de Estado. Fue una práctica de aniquilación de todo aquello (no exclusivamente individuos) que se opusiera al nuevo orden yendo a contracorriente de una de las funciones básicas del Estado: garantizar los derechos de la ciudadanía. Una sociedad vigilada y castigada por quien debe cumplir la tarea de resguardo. El rol que la CIA cumplió al menos desde los años 50 ha sido puesto en relevancia por la investigación histórica reciente y no puede soslayarse en los escenarios de violencia reciente que desde entonces se produjeron. Relevantes figuras del Partido Nacional y Colorado fueron sus agentes en nuestro país.

El terrorismo de Estado fue la matriz del régimen. La prisión masiva y prolongada caracterizó el accionar de las fuerzas represivas uruguayas. Aproximadamente 6.000 uruguayos fueron procesados por la Justicia Militar y cumplieron su condena en los centros de reclusión. A ese número tenemos que agregar a quienes fueron detenidos y recluidos sin un procesamiento posterior; quienes fueron “internados” bajo medidas prontas de seguridad. No hay registros de esa parte de la población que debió enfrentarse a penosas condiciones en calabozos de cuarteles y seccionales. La privación de la libertad arbitraria ante cualquier tipo de sospecha, fue la norma¹.

En el lapso considerado entre el año 1968 y el fin del gobierno cívico militar, el Estado fue responsable, de manera directa, de la muerte de 202 personas. Buena parte de esos decesos se produjo en enfrentamientos contra organizaciones revolucionarias “pero muchos otros fueron producto de la negligencia médica, la falta de atención, la tortura física y psicológica. Los suplicios padecidos en los centros clandestinos de detención y tortura, las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los presos y las presas políticas, todos estos elementos generan un espiral de deterioro y sufrimiento que, en muchos casos, culminó con la muerte en interrogatorios o la autoeliminación.”²

Detenciones masivas, asesinatos y desaparición. 197 personas fueron desaparecidas por el Estado uruguayo. Esta, quizá la más vil de todas, fue otra de las prácticas desarrolladas por los militares durante la dictadura. A partir de 1976 y con la profundización del Plan Cóndor, estos operativos fueron coordinados y desarrollados junto al gobierno militar argentino y, en menor medida, con todo el cono sur. A esto debe sumarse la apropiación de niñas y niños, que vieron su identidad robada y sustituida. Mientras, 50 años después hay más preguntas que respuestas y sigue faltando verdad y justicia.

El exilio fue otro rasgo singular de este período. Miles de personas, familias enteras, debieron salir del país por la persecución de las fuerzas militares o por las penurias de las condiciones económicas. Con lo puesto y donde la solidaridad los condujera la emigración fue la única salida.

Miles de los funcionarios públicos, particularmente en el sistema educativo, fueron sumariados y despedidos de sus puestos de trabajo. Desde 1974 se estableció como requisito indispensable contar con el certificado de Fe Democrática. Muchos no quisieron y otros tantos no pudieron por sus antecedentes acceder a ese “acto de fe institucional”. El régimen categorizó a los ciudadanos en una clasificación de A, B y C en función de su peligrosidad para con el sistema y/o de su comportamiento en relación con los parámetros establecidos³.

El control era una obsesión llegando a la vida privada de las personas sumado al fichaje de la población en forma masiva.

Todas las expresiones culturales fueron pasibles de control y censura como parte de la vigilancia de la sociedad en su conjunto. Las agencias de inteligencia del Estado montaron (o profundizaron) los aparatos de supervisión de las actividades cotidianas de toda la población. Películas de cine, obras de teatro, el carnaval, el fútbol pero también las asociaciones barriales, los clubes sociales e incluso las reuniones familiares eran objeto de la atenta mirada del gobierno. Los centros educativos y sus estudiantes debieron padecer el estricto control estatal midiendo el largo del pelo en los varones y de las polleras en las niñas y adolescentes (sólo por mencionar algún ejemplo de una medida que se extendió a los organismos del Estado).

Los medios de comunicación también eran controlados y censurados. Al cierre de órganos de prensa, de radiodifusión y televisión se sumó la prohibición de libros, y cantantes, considerados “antidemocráticos”. Un sistema totalitario de control social4.

Los análisis económicos del período muestran que los efectos de la política económica durante la dictadura también acarrearon consecuencias muy negativas sobre la población. Sin Consejos de Salarios, ni capacidad de presión sobre el gobierno, aumentó la tasa de desempleo, mantuvo los valores de la inflación que cerraron la década de los años 60, y los salarios reales cayeron en picada. A esto debe sumarse una deuda externa que superó los 4.600 millones de dólares para el final del proceso civil militar5. Estos efectos tuvieron incidencia sobre la pobreza que superó el 60% del total de la población 6.

Ubicados en 1984, el desempleo estaba en el 14%, la inflación en el 66% y los salarios reales de los trabajadores se encontraban en la mitad en relación al año 1973. Un país profundamente endeudado y con más de la mitad de la población en situación de pobreza. Ese fue el legado económico de la dictadura.

A 50 años del golpe de Estado, la denominada “teoría de los dos demonios” continúa vigente y no desde el campo académico, pero sí desde un importante número de actores políticos, lo que resulta muy preocupante. Y mantiene vigencia porque esta explicación resulta liberadora, expiadora de pecados. ‘Dos bandos del mal’ se enfrentaron y uno salió triunfador en esa guerra. Y es funcional porque exculpa. Absuelve de responsabilidades a la sociedad en su conjunto pero, sobre todo, desvincula a los dirigentes y partidos políticos responsables en la época. Olvida que la dictadura fue cívico militar, al decir del Ñato Eleuterio Fernández Huidobro recontra cívica. Fuera de esos ‘bandos’, el resto es víctima. Esta teoría también pone en pie de igualdad la violencia desarrollada por organizaciones guerrilleras o movilizaciones sociales con la impuesta por el Estado. Es decir que intenta equipar lo no equiparable. Aceptar la validez de la teoría de los dos demonios es reducir el análisis de manera intencional.

A 50 años del Golpe de Estado debemos tener en claro “que el terrorismo de Estado ‘nos pasó a todos’ pues todo el entramado social se vió afectado por sus efectos”7.

La historia, la porfiada historia muestra que la realidad no se puede reducir ni simplificar. Las consecuencias nefastas de la dictadura aún operan sobre nuestra democracia. Recordar, conmemorar, implica poner fin a la impunidad y seguir buscando la verdad hasta que aparezca el último desaparecido.

1. Siguiendo a: Carla Larrobla (2023). Las múltiples dimensiones del Terrorismo de Estado en Uruguay. Disponible en este link.

2. Carla Larrobla (2023).

3. Siguiendo a: Carla Larrobla (2023).

4. Siguiendo a: Carla Larrobla (2023).

5. Siguiendo a: Jaime Yaffé (2009). La Economía de la Dictadura (1973-1984). Ponencia para ser presentada en el VIII Congreso Brasileiro de Historia Económica (Campinas, 6 al 8 de setiembre de 2009). Disponible en este link.

6. Gonzalo Salas y Andrea Vigorito (2021). Pobreza y desigualdad en Uruguay: aprendizajes de cuatro décadas de crisis económicas y recuperaciones. FCEA, IECON, UDELAR. Disponible en este enlace.

7. Siguiendo a: Carla Larrobla (2023).