En efecto, hace ya unos años nos dedicamos a estudiar las sucesivas gestiones de la Corporación Nacional para el Desarrollo y su actividad durante la década de los noventa. Había una característica constante que estaba presente en buena parte de los emprendimientos desarrollados. Buena parte de las asociaciones de la CND con capitales privados tenían el mismo final cuando el emprendimiento no funcionaba, las deudas y el agujero financiero lo terminaba pagando el Estado, porque los fondos que administraba la CND eran, obviamente, fondos públicos.

En cierto modo, la lógica dominante consistía en que si el emprendimiento salía adelante entonces ganaba el socio privado y si se frustraba, pagaba el Estado.

Esta constatación formó parte de los crecientes cuestionamientos a los gobiernos de blancos y colorados, en la medida que eran las administraciones responsables de estos resultados. Fue parte también de su desgaste y de su pérdida de respaldo popular.

El Frente Amplio llegó al gobierno, entre otras razones, por la idea de que este tipo de circunstancias no ocurrirían en administraciones de esta fuerza política. Fue así que el Frente Amlio se plantó públicamente como el defensor del interés del Estado y la garantía de que este tipo de situaciones se debían a errores constitutivos de los vicios políticos y de la forma en que gobernaban los partidos tradicionales.

Sin embargo, la experiencia de PLUNA y la asociación del Estado con Leadgate nos dice otra cosa. Otra vez, ocurrió lo mismo, ahora bajo gobierno frenteamplista. El gobierno otorgó a Leadgate la mayoría accionaria de la empresa de navegación aérea y transcurridos los años, cuando el emprendimiento fracasó, la pesada cuenta de las deudas y el "agujero negro" lo está pagando el Estado.

Igual que antes, aunque ahora es otra fuerza política la que gobierna el país y la que tomó las decisiones que derivaron en el mismo resultado. El emprendimiento no funcionó, pero el Estado garantizó todas las posibles deudas del emprendimiento aunque no tenía capacidad ni responsabilidad de gestión porque apenas poseía el 25% del paquete accionario.

¿Qué es lo que pasa en este país? Porque la lógica sigue siendo que cada vez que el Estado uruguayo se asocia con capitales privados y las cosas no funcionan paga este último, es decir todos los uruguayos. La vieja frase que "se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas" vuelve a ser de total aplicación, ahora bajo el gobierno del Frente Amplio.

¿Es que todos son incapaces? ¿Es que siempre hay alguno que se porta mal? Probablemente en el gran número de casos algunos se expliquen por lo primero y algunos otros por lo segundo, pero lo cierto es que es necesario reflexionar si no existe algo más de fondo para explicar tantos resultados ruinosos.

En cualquier caso resulta evidente que el Estado debería abstenerse o reducir al mínimo su participación en los negocios propios del campo privado. Sin embargo, a contrario de lo que aconseja la prudencia, las personas públicas no estatales y, mucho peor aun, las sociedades anónimas de capitales públicos se están multiplicando en este país de manera extremadamente preocupante.

En vez de que el Estado se retire del campo de actividad empresarial, propio del sector privado, cada vez es más frecuente que los entes públicos manejen de manera indirecta, y muchas veces poco conocida, un conjunto enorme de empresas de derecho privado que son, sin embargo, sostenidas por capital estatal. Lo más grave es que estas empresas escapan al contralor del Derecho Administrativo y están ajenas a la evaluación del Tribunal de Cuentas.

Cada vez es mayor la masa de recursos estatales que se han sustraído de las reglas de juego del contralor público para pasar a formar parte de las normas de derecho privado. Nadie tiene cabal idea de lo que en esa zona de penumbras está ocurriendo porque el accionista único es el propio Estado a través de alguna empresa o ente público y los resultados empresariales podrán ser mejores o peores, pero solo los conocen los que lideran algunas de las empresas públicas.

A juzgar por la experiencia de aquellos emprendimientos en los que el Estado se ha asociado con capitales privados, se debería tomar debida conciencia sobre esta zona de riesgo y aprobar aquellas normas que permitan generar los controles adecuados, con la energía y severidad que debería corresponder.

Para empezar debería aprobarse una norma que extendiera la responsabilidad administrativa que se aplica a los directores de empresas públicas a sus representantes en los directorios de aquellas empresas privadas que poseen capital estatal.

En todo caso, lo ocurrido en PLUNA, donde el Estado decidió de manera insólita asumir la garantía del eventual fracaso del socio privado mayoritario, debería ser una nueva alarma de color rojo oscuro para que el Estado deje de jugar al empresario y asuma que su papel en la vida pública consiste en regular, definir políticas y ordenar el juego sin caer en el grave error de participar como si fuera un empresario. No tiene capacidad ni está construido para cumplir esa función y es por eso, entre otras cosas, que lo hace tan mal.

Si así se hubiera actuado, entonces todos los uruguayos habríamos perdido mucho menos dinero y muchos empresarios irresponsables habrían tenido que asumir las responsabilidades que conllevan los correspondientes fracasos de los emprendimientos fallidos. Pero así las cosas, ¿quien no quiere en este país ser socio del Estado?