Por un lado, el Secretario General de la Intendencia de Paysandú se ha visto involucrado en la organización de actos aberrantes con corrupción de menores, realizados en instalaciones públicas reservadas y utilizadas por el propio jerarca. Para colmo de males el mencionado jerarca público fue detenido manejando alcoholizado y en compañía de una menor de edad que había participado de la fiesta. El Poder Judicial ha determinado su procesamiento y aun queda pendiente dirimir la gravedad de la imputación penal que corresponde aplicar.

Por otro lado, nos enteramos que el ex Ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, solicitó el subsidio que corresponde a los jerarcas públicos una vez que abandonan su cargo luego de cierta permanencia en el mismo. Si bien el Tribunal de Cuentas avaló la solicitud del ex Ministro por una mayoría estrecha, resulta muy chocante que un jerarca que había ocupado de manera inconstitucional el cargo ministerial se crea con derecho a cobrar un subsidio que procede, precisamente, de esa irregularidad. Se puede admitir que, como dijo el Dr. Venegas, él no sabía que estaba impedido jurídicamente para ejercer como Ministro; pero lo que resulta inadmisible es que reclame el cobro de un beneficio que, ahora sí sabe que proviene expresamente de una conducta inconstitucional.

Asumiendo que las dos conductas poseen gravedad diferente, tienen en común el preocupante efecto de afectar la imagen de los políticos y el prestigio de la actividad política en general.

Justamente, en forma prácticamente simultánea se dieron a conocer los resultados de una encuesta que mide la confianza de las diferentes instituciones en nuestro país. Pues bien, el Parlamento y los partidos aparecen como dos de las instituciones que tienen niveles más bajos de confianza por parte de la ciudadanía.

Históricamente nuestro país ha sido uno de los países de la región en donde las instituciones políticas han obtenido mayores niveles de apoyo y confianza. Uruguay ha sido y es, en la región, uno de los países que exhibe los mayores niveles de fortaleza democrática. Sin embargo, esta cualidad esencial no se gana para siempre; por el contrario es una de las tantas cosas que es necesario renovar, reafirmar y consolidar día a día en la vida política cotidiana.

Valga al respecto el ejemplo chileno. Junto con Uruguay, Chile ha sido históricamente otro país que ha mostrado indicadores muy positivos de apoyo a los partidos y confianza en las instituciones políticas. Sin embargo, desde hace unos años, se ha venido produciendo un proceso crítico que ha afectado la representación de los partidos y de los dirigentes políticos, al punto de convertirse en uno de los asuntos más preocupantes de la actual agenda pública de ese país.

Este proceso de deterioro se produjo en muy poco tiempo, dejando en evidencia la fragilidad y el cuidado que es necesario poner por parte de los políticos para cuidar el vínculo con la ciudadanía.

La reivindicación de la dignidad de la política y la valoración de esa actividad corre riesgo cada vez que alguno de sus representantes protagoniza conductas o acciones reñidas con ciertas normas éticas fundamentales.

Es por eso que conviene destacar la respuesta inmediata de los respectivos partidos con respecto a los hechos reseñados más arriba. El Partido Nacional reaccionó rápida y positivamente determinando la expulsión del jerarca sanducero de dicha colectividad política. Sin dudas, sin demoras y sin titubeos.

Del mismo modo, el Partido Comunista cuestionó la actitud del ex Ministro y destacó que la decisión que este tomó al solicitar el subsidio, no fue consultada previamente con el partido. Se espera en las próximas horas alguna declaración de este partido reafirmando la crítica a la conducta del Dr. Venegas.

Las dos reacciones son saludables, positivas y valiosas. Sin embargo, conviven con señales que la ciudadanía recibe con escepticismo, desagrado y desconfianza.

Han aumentado los cargos públicos de particular confianza en el aparato del Estado, se usa y abusa de los sistemas de cuotificación política para el acceso a los cargos públicos al punto de que el principal mérito de algunos jerarcas es su pertenencia a un sector o partido y no su idoneidad para el ejercicio del cargo, se hace gala de criterios subjetivos de "amiguismo" para muchos nombramientos en cargos políticos. Siguen existiendo criterios clientelísticos en el manejo de los recursos públicos; en muchos casos las empresas públicas hacen uso político de sus cuantiosos recursos para catapultar o promover carreras políticas de sus jerarcas.

El papel de los partidos políticos es sustancial al funcionamiento democrático; es más, no puede haber democracia sin partidos políticos. Sin embargo, existen muchos países en los que los partidos y los políticos son fuertemente cuestionados y la solidez de la democracia está en jaque, cuestionada o debilitada.

Los grandes vicios de la política son el clientelismo, la demagogia, la corrupción y el corporativismo. Cada uno de ellos está presente o asoma en la conducta cotidiana de las organizaciones partidarias y de los dirigentes que ejercemos esta actividad pública.

El desafío o, más bien, el mandato que tenemos los que nos dedicamos a la actividad política es mantenernos dignos de recibir el apoyo y la confianza de los ciudadanos. Para ello, los criterios de conducta de quienes actuamos en política deben ser firmes y ejemplares en relación al conjunto de la sociedad.

Si miramos al mundo veremos muchos casos en donde viejos sistemas políticos que en su momento fueron sólidos y fuertes y en los que los partidos tenían potente capacidad de representación, se derrumbaron vertiginosamente al perder la confianza ciudadana. Baste recordar, a modo de ejemplo, el caso de Italia y Venezuela.

Cuando entre la gente comienza a extenderse la sensación de que en la política "somos todos iguales", que "todo da igual" o que "el poder corrompe a todos los políticos", es porque la confianza en la representación política ha comenzado a desgastarse.

Nadie tiene el cielo ganado. Todos los días, en cada hecho y circunstancia se juega la posibilidad de renovar el apoyo y la confianza.
Las señales de alarma en nuestro país deben encenderse sin demora. Seguramente este debe ser uno de los principales asuntos de la agenda política de los partidos de nuestro país.