Tenemos claro que hoy en día la mayoría de la población votaría a favor de esta iniciativa, sin embargo nuestro deber como dirigente político es actuar de acuerdo a nuestras convicciones y presentar ante la ciudadanía los argumentos y razones que nos llevan a enfrentar esta iniciativa.

Conviene decir que el impulso rápido ante la grave crisis de la inseguridad pública lleva fácilmente a acompañar este tipo de propuestas. De hecho, quien esto escribe en algún momento sintió que esta podía ser una alternativa, pero rápidamente la descartamos gracias al asesoramiento de los compañeros que están especializados en esta temática que nos demostraron que se trataba de una idea engañosa, en la medida que no da una respuesta efectiva y real al problema de la inseguridad.

Una de las primeras cosas que es necesario establecer es que estar en contra de bajar la edad no significa aprobar o estar contento con la situación de la seguridad pública. Por el contrario, creemos que este es el principal problema que vive nuestra sociedad. Justamente por eso nos importa que la gente no vaya detrás de una propuesta que poco y nada tiene que ver con la mejora de las condiciones de seguridad de nuestro país.

La grave problemática de la seguridad tiene que ver con la necesidad de una mejora efectiva de las estrategias y desarrollo de la actividad del instituto policial. Su capacidad de prevenir y disuadir frente a la comisión del delito es el objetivo prioritario y esto depende de desplegar una estrategia firme y enérgica en todo el territorio a escala local y barrial.

Esa debe ser la prioridad para recuperar la seguridad perdida. Pero veamos cuál es la propuesta concreta que impulsan los que promovieron el plebiscito.

En primer lugar, se maneja en forma equívoca el concepto de "baja de la edad de imputabilidad" como si los menores de 18 años no fueran imputables. No es cierto. Los menores en este país son imputables a partir de los 13 años, solo que en lugar de que se les aplique el Código Penal de adultos se les aplica una normativa específica para jóvenes y adolescentes. En todo el mundo existe esta distinción, entre la responsabilidad penal de adultos y la responsabilidad penal juvenil y en la mayor parte del mundo el límite se ubica en los 18 años. Tampoco es cierto que exista una tendencia mundial a bajar el límite hacia los 16 años.

En segundo lugar, los que promueven esta iniciativa han manejado la idea de que la responsabilidad de la situación de inseguridad se debe principalmente a los menores infractores. Sin embargo, la información objetiva sobre la comisión de delitos indica con contundencia que los delitos cometidos por los menores infractores no superan el 10% del total. La población carcelaria también lo prueba, en la medida que existen más de nueve mil presos adultos y menos de quinientos menores privados de libertad.

Es cierto que cuando comenzó la campaña plebiscitaria existía un descontrol por parte del INAU con respecto a su capacidad de retener a los menores condenados a la privación de libertad. De hecho "entraban y salían de los hogares del INAU como perico por su casa". En 2009 se contabilizaron alrededor de 1.200 fugas, lo que significa que cada menor privado de libertad se fugaba promedialmente más de tres veces en el año.

Sin embargo, esta situación cambió notablemente en los últimos tres años. En lo que va de 2012 las fugas se redujeron a 35. Por tanto, se dio el primer paso en la dirección correcta. Los menores que son penados con la privación de libertad, efectivamente están presos.

El paso siguiente es que el INAU, a través del recién creado SIRPA, proporcione lugares de reclusión adecuados que eviten las situaciones de hacinamiento e indignidad. Por otra parte, ofrecer oportunidades de trabajo mientras dura su reclusión es el camino seguido en esta nueva etapa y, seguramente, de esa alternativa dependen las posibilidades de rehabilitación de al menos una parte de esos menores.

Junto con esta política, que hemos acompañado y recorrido en sintonía con nuestro representante en el Directorio del INAU, se deben incorporar nuevas normativas que aseguren que los menores infractores tengan un plazo mínimo de privación de libertad que lo haga compatible con un proceso real de apuesta a la rehabilitación. Es necesario que el Estado de señales claras de firmeza y energía, para disuadir a los menores infractores del camino de la delincuencia.

Pero esa opción es contradictoria con la reducción de la edad de responsabilidad penal que llevaría a que un adolescente infractor de 16 o 17 años sea penado hasta con veinte o treinta años de prisión. ¿Es razonable esta solución? ¿Es una medida adecuada condenar a un menor que cometió un delito a los 16 o 17 años a pasar en la cárcel quince o veinte años? ¿Alguien piensa que un menor que ingresa a los 16 o 17 años a una cárcel y sale quince o veinte años tiene alguna chance de rehabilitarse o reinsertarse en la sociedad?

Los impulsores de la iniciativa plebiscitaria se preocupan de considerar a los menores de 16 y 17 años como adultos para el castigo penal, pero no han considerado que si son adultos para ser castigados, deberían ser titulares de los correlativos derechos que corresponden al adulto. Nada de eso, salvo honrosas excepciones, los impulsores de esta iniciativa solo están empeñados en reprimir y castigar a los menores infractores.

Todos hemos sufrido entre nuestros familiares o amigos episodios de violencia. Obviamente que si uno se deja llevar por la reacción afectiva, por la bronca o la impotencia, seguramente apoya y aplaude las medidas más represivas posibles.

Pero en una sociedad civilizada es necesario superar el primer reflejo de la rabia y asumir la responsabilidad de sopesar con cuidado el conjunto de las circunstancias y jamás renunciar a que el Estado apueste a la rehabilitación de los menores.

Pero, además, ¿alguien cree que aplicándole la norma de la responsabilidad penal adulta a los quinientos o mil menores infractores de 16 y 17 años que hay en el país, se mejorarán las condiciones de seguridad de nuestra sociedad? El que crea eso realmente es muy ingenuo.
Por eso decimos que esto es oportunista, porque cualquier análisis serio demuestra que esta iniciativa no tendrá ningún efecto en la mejora de la seguridad.

Por supuesto que apoyar esta iniciativa es la más fácil. Pero el deber de un ciudadano responsable es reflexionar y ayudar a que otros ciudadanos reflexionen. Hemos decidido no pasar de largo de este tema, mirando para el costado, aunque sabemos que hoy el viento sopla en contra.
Pero como saben, nunca hemos hecho política por encuestas. Tampoco ahora.