Menos mal

El gobierno argentino decidió expropiar la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, en un nuevo paso hacia el precipicio. No se trata de cuestiones estratégicas, como débilmente argumenta la presidenta Cristina Fernández, sino de la consecuencia inevitable de lo que su corte llama “el modelo”, un conjunto de sandeces pseudonacionalistas que, tal como advirtieron desde el comienzo economistas independientes, iba a terminar echando mano al dinero ajeno. Ya ocurrió con los ahorros de los jubilados y las reservas y ahora le toca el turno a Repsol.

En horas mejores, el “modelo kirchnerista” supo despertar en el entonces ministro José Mujica expresiones de admiración. El actual presidente se animó incluso a sugerir que el Uruguay progresista debía buscar en él inspiración, pero sólo cosechó un silencio rotundo por parte del equipo económico, entonces conducido por Danilo Astori. Menos mal.

La excusa del gobierno argentino para arrebatar propiedad ajena (siempre tiene que haber una) es la “no producción y no explotación” por parte de la petrolera, una “política de vaciamiento” que haría de la Argentina un “país inviable”. No sólo quedaron atrás los años en los que los Kirchner aplaudían la privatización de YPF. También parecen idos los tiempos en los que “el modelo” tenía caja como para mantener los subsidios y congelar los combustibles.

La tesis del “vaciamiento” y la “no explotación” no explica por qué Repsol anticipó en el año 200 la extensión de algunas de sus concesiones por treinta años en lugares donde presumía que podía encontrar yacimientos petrolíferos y gasíferos. Menos aún que la empresa, a pesar de su tensa relación con el gobierno argentino, haya realizado inversiones por más de trece mil millones de dólares en el 2011 (50 por ciento más que en el año anterior) y anunciado el descubrimiento de yacimientos en diversos puntos del país. En rigor, la falta de inversión es consecuencia del populismo que fijaba los precios con criterios políticos y empujaba la incertidumbre jurídica.

En este panorama, el economista argentino Roberto Cachanosky se pregunta además de dónde va a sacar el gobierno argentino los tres mil o cuatro mil millones de dólares anuales, necesarios para recuperar la producción de petróleo, declarada ahora de “de interés público nacional”. Y eso no es todo.

A la denuncia presentada ante la OMC por violación de tratados internacionales por una coalición de cuarenta países liderada por Estados Unidos y la Unión Europea (que representan el 25 por ciento de las exportaciones argentinas) se agregan ahora las sanciones que puedan adoptarse a instancias de España. Por no hablar de la caída del 20 por ciento de las acciones de YPF en Wall Street y el espanto que genera la  incertidumbre y las arbitrariedades en el clima de negocios. Todo lo contrario de lo que ocurre en Uruguay, donde la tentación populista y repartidora al estilo kirchnerista no ha podido hacer basa en el manejo de la macroeconomía, a pesar de haber tenido en el presidente Mujica un admirador fugaz. Menos mal.