La oposición salió rápidamente al cruce de los anuncios realizados la semana pasada por el denominado “gabinete de seguridad” del gobierno. La respuesta pareció reflejar la búsqueda de un impacto político inmediato más que la comprensión de lo que se anunciaba, en el entendido de que se trataba de una maniobra distractiva para evitar las consecuencias políticas de la crisis de Pluna, la enésima de su tipo.
La aparición de la despenalización de la marihuana, sin duda el aspecto más controversial del documento, fue puesto como evidencia de que se trataba de una “cortina de humo”. Como en una profecía auto cumplida, durante los días siguientes no se habló de otra cosa. Las declaraciones del presidente Mujica y sus ministros sobre el espinoso tema exhibieron un grado de improvisación que abonaba el juicio de los dirigentes opositores. Sin embargo, atribuirle al gobierno que el documento forme parte de una cortina de humo sería reconocerle una sutileza hasta ahora desconocida en el manejo de la siempre escurridiza opinión pública.
El documento no parece haber sido elaborado a tontas y locas. Se trata más bien de un trabajo ambicioso que pretende abordar diversos aspectos vinculados a la violencia social de manera transversal e integral, con algunas innovaciones significativas y de implicancias diversas. Allí se plantea la vieja tesis de que la exposición a la crónica roja opera como un “estimulador de las situaciones de violencia”, sin relativizarla con cuestiones vinculadas a la estructura familiar y psicosocial de los individuos.
El Ejecutivo pretexta así un nuevo tipo de regulación sobre el horario de protección al menor de donde estarán excluidos los informativos. La alternativa que quedará a los canales, si es que se avanza en esta dirección, es que los noticieros salgan más tarde o con un menú de temas e imágenes infantilizados, desnaturalizados en un sentido inverso al que le reprochan las autoridades.
Pero el documento incluye otras innovaciones menos polémicas, como el fortalecimiento de los centros de mediación y negociación de conflictos en el ámbito barrial y en los centros educativos, particularmente en la educación media, donde establecerá “un dispositivo para capacitar e instalar la figura de los Jóvenes Mediadores”. La estrategia anunciada busca combinar “la convivencia social y la seguridad ciudadana”, basada en “el ejercicio de la autoridad, la práctica de la reciprocidad y el desarrollo de la convivencia”.
La mediación puede definirse como la intervención en un conflicto de una tercera parte que asiste a los contendientes para que alcancen un acuerdo voluntario y mutuamente aceptable. Pensada para aportar una solución no autoritativa a conflictos manifiestos, la mediación puede ayudar a que emerjan otros que estén latentes en dinámicas sociales y crear un entorno saludable para el aprendizaje ayudando a disminuir los incidentes violentos.
En el apuro por anunciar y rebatir que caracteriza a estos tiempos políticos, la sociedad se quedó sin conocer los matices de un documento contradictorio pero ambicioso.