Se trata de un asunto que va mucho más allá de los problemas de rentabilidad del agro uruguayo.
Se puede entender que en el marco de esta polémica, algunas figuras del oficialismo quieran desacreditar el discurso y la legitimidad de los productores autoconvocados. De hecho, es razonable que el gobierno y sus defensores intenten ganar la batalla argumental. En cambio, caricaturizar y ningunear al adversario no lo ayuda.
Las críticas a las políticas sociales del gobierno y el costo del Estado podrían ser entendidas como una expresión de un problema de fondo, que quizás sea, efectivamente, político e ideológico. Tal como se ha planteado desde el Frente Amplio pero en un sentido diferente.
Más que ante una campaña solapada de la oposición para desestabilizar al gobierno, parecería que estamos ante la aparición de dos culturas políticas contrapuestas en el debate público. Una expresa los valores tradicionales de la sociedad uruguaya (mejor interpretada por el Partido Nacional), y otra, tributaria de una cultura política de izquierda, es partidaria de los cambios promovidos por el FA. En una sociedad democrática esto no tiene nada de malo, pero ¿qué relación tiene este asunto con el conflicto desatado en el agro?
Parece claro que a los pequeños productores rurales les resulta inaceptable que haya gente que reciba dinero por no hacer nada. Aunque no sea esta la característica predominante de las políticas sociales, todos recordamos cómo se defendió públicamente por parte de jerarcas de gobierno que, a quienes reciben beneficios del Mides no había que exigírseles contrapartida, ni siquiera en beneficio de sus hijos.
Buena parte de la población uruguaya, particularmente aquellos que conocen los rigores del trabajo en el campo, considera a esto como algo inaceptable.
Para estos compatriotas, regalar dinero a cambio de nada o despilfarrar recursos públicos, generados por brazos y cerebros productivos y laboriosos, constituye un verdadero escándalo. Aun así, no hay ninguna gremial ni colectivo del agro que plantee eliminar las políticas sociales ni la lucha contra la desigualdad, como se dijo.
Pero hay otros debates de fondo, también de carácter ideológico. A las organizaciones de izquierda no les gusta que se les dispute la hegemonía. Lo que está ocurriendo por estos días con la movilización de los pequeños productores, es precisamente el quiebre en la lógica gramsciana y en la estrategia de acumulación de fuerzas. Como el manifiesto firmado por las intelectuales francesas con relación a los temas de género, hay ahora una racionalidad, un discurso y una organización alternativos, que luchan igualmente por la justicia social. Esto no estaba en los planes de nadie y no es fácil de asimilar.
La caricatura con la que el oficialismo reaccionó frente a las movilizaciones no le hace bien a la sociedad, pero particularmente, no le hace bien al gobierno, que tiene la responsabilidad de resolver el conflicto sin que su fuerza política termine pagando un alto costo político.
Por Gerardo Sotelo
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