Los números de la nueva planta de celulosa

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Aunque mucho se ha dicho sobre la futura planta de celulosa a orillas del Río Negro, en realidad casi toda la información provenía de nuestro propio gobierno, era bastante vaga y en muchos casos exagerada. Esto cambió hace unas pocas semanas cuando la empresa dió el primer paso para obtener sus permisos ambientales, y presentó un reporte donde por fin se develan varias incógnitas.

La información está contenida en la solicitud del llamado permiso de Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), que es el primero paso en el proceso de evaluación del impacto ambiental que requiere el gobierno de Uruguay.

El documento fue elaborado por un grupo de técnicos de la empresa EIA (Estudio de Ingeniería Ambiental), que cuentan con mucha experiencia en este tipo de tareas. Es un informe corto, con las principales características del emprendimiento, y su emplazamiento. Es importante comprender que este no es el estudio de impacto ambiental completo, sino que estamos una etapa previa, donde un privado le indica al gobierno el sitio donde desea ubicar su proyecto, y el Estado puede evaluar si esa localización es aceptable o no.

Sin embargo, esto no quita nada de importancia al reporte ya que es la primera vez que se tiene desde la empresa datos precisos sobre lo que busca hacer a orillas del Río Negro.

Comencemos por indicar que el reporte propone ubicar la planta de celulosa y su infraestructura asociada en el departamento de Durazno, a 5 km al oeste de Pueblo Centenario, y sobre la margen sur del Río Negro.

El emprendimiento incluye seis componentes principales: una planta de celulosa, una planta química (aunque en forma condicional, ya que aún no han decidido si todo se preparará en este sito o se tomarán insumos desde Fray Bentos), una planta de agua, una planta de tratamiento de aguas residuales con su emisario al río, un sitio de disposición final de residuos, y una caldera de biomasa. Se afectarán varios predios, y dentro de ellos se delimita una zona franca, la que tendrá una gran superficie (600 hectáreas, o sea más o menos del mismo tamaño que la planta urbana de Paso de los Toros).

La planta de procesamiento de celulosa es enorme: producirá 2,1 millones de toneladas por año, y pueden aumentarla en un 11%. Es casi el doble que la producción del complejo UPM-1 en Fray Bentos. Ese procesamiento cumplirá con la tecnología llamada libre de cloro elemental, y se afirma que se seguirán las mejores tecnologías disponibles según las guías de referencia de un panel internacional que ha tratado las cuestiones de la prevención y el control integrado de la contaminación. También se generará energía eléctrica que se venderá a UTE.

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Ubicación del complejo de procesamiento de celulosa (en rojo). Tomado de la solicitud de Viabilidad Ambiental de Localización (ver la referencia abajo).


Entradas y salidas

La empresa indica que se cuenta con materia prima casi suficiente para alimentar la planta, y plantea un aumento de aproximadamente 60 a 90 mil hectáreas con plantaciones en un plazo de diez años. A su vez, la planta consumirá todo tipo de insumos, destacándose un total aproximado de 88 mil toneladas por año de compuestos de cloro (por ejemplo, 48 mil ton/año de clorato de sodio y 21,3 mil ton/año de dióxido de cloro), y 60 mil toneladas de hidróxido de sodio.

El consumo de agua es impactante: la planta tomará un promedio de 125 mil metros cúbicos por día. Traduciendo ese volumen a un número más compresible, significa unos 125 millones de litros de agua por día. Tomando en cuenta que en Uruguay la OSE establece que el promedio de consumo de agua es de 130 litros por persona por día, la demanda de agua de UPM-2 es equivalente a la de unas 900 mil personas. O lo que es lo mismo, a la suma de lo que consumen todas las ciudades medianas de Uruguay (excepto la metrópoli, Montevideo). Seguramente será el más grande consumidor de agua del país.

El gobierno de Uruguay en el contrato que firmó con la empresa aceptó no sólo este enorme consumo de agua, sino bajo unas condiciones llamativas: el gobierno está obligado a concederle a la planta el flujo mínimo de agua necesaria en el río para que ésta opere, y la empresa no está obligada a pagar por ello. Esto quiere decir que, por ejemplo, en caso de sequía, el gobierno deberá supeditar otras necesidades a satisfacer la demanda que requiere la planta.

Buena parte de esa agua regresa al río después de cumplir su ciclo dentro de la planta, y con ella otros efluentes. Se estima que la planta lanzará al día 106,5 metros cúbicos de efluentes tratados. Esto incluirá una carga diaria de 451 kg de nitrógeno total y 85 kilos de fósforo. En el caso del fósforo la empresa afirma que se mantendrá por debajo de los límites exigidos en Uruguay (5 miligramos por litro), y da un paso más anunciando que buscará operar a un nivel todavía más bajo (en el orden de los 2 miligramos por litro).

Todos estos son puntos delicados, y habrá que esperar por la evaluación de impacto ambiental completa, y por estudios de la comunidad científica para precisar los efectos ecológicas aguas abajo en el Río Negro. Pero las alertas son todas comprensibles, ya que las cargas de productos químicos aumentarán todavía más, y afectarán sobre todo a los dos lagos de las represas de Baygorria y Palmar, con todos los riesgos de estallidos de eutroficación.

También hay una disposición final de residuos sólidos, para los cuales se construirán dos piletas, y cada uno servirá como sumidero durante 5 años. Agregan además una tercera pileta. Aquí también es necesaria la precaución, ya que se pone tanto énfasis en las emisiones de gases y los efluentes en el agua, que muchas veces se olvida esta generación de residuos y lodos tóxicos.

El documento de UPM-2 también revela otro dato muy esperado: la mano de obra será de unas 2850 en promedio durante la fase de construcción, con picos de 4 500. Esto deja en claro que buena parte de las declaraciones con cifras más altas desde el gobierno y de algunos sindicalistas, de 6 mil y hasta 8 mil puestos, eran todas exageraciones.

Una política ambiental herida

Regresando al inicio, recordamos que este reporte es una evaluación de la potencial ubicación de la planta. Aquí son evidentes unos cuantos problemas. En primer lugar, formalmente estaríamos al inicio de un proceso, donde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, debería sopesar distintos sitios para UPM-2. Pero el propio Poder Ejecutivo, con el presidente a la cabeza, ya decidieron que estará en el área de Pueblo Centenario. Eso determina que ese proceso de evaluación quedara dañado por el proceder del presidente y ministros, al torpedear su propia herramienta de planificación del territorio. La idea original, donde el país pudiera pensar dónde ubicar los emprendimientos de forma rigurosa y participativa, sigue sin fructificar.

En segundo lugar, tampoco puede olvidarse que una planta de esta magnitud, con todos los recursos que consume y los efluentes que emitirá, impactará en el Río Negro, y que por lo tanto era necesaria una evaluación territorial enfocada en la cuenca. O sea que eran necesarios estudios que, por lo menos integraran al depto. De Tacuarembó. Sin embargo, la propia administración Vázquez mutiló sus herramientas de ordenamiento territorial de mayor escala al anular las exigencias para estudios regionales que cubrieran varios departamentos.

En este caso se cuenta con un plan de ordenamiento territorial en Durazno (los padrones que recibirán a UPM-2 corresponden a “suelo rural natural” y se solicita que sean reclasificados a suelos suburbanos), y hay unas directrices para Tacuarembó. Pero hasta donde se sabe se carece un análisis territorial de toda la región, a cada lado del río.

En tercer lugar, en el informe presentado por la empresa se indica que se analizaron en total cinco alternativas (ubicadas sucesivamente en Fray Bentos, Palmar, Paso de los Toros / P. Centenario, San Gregorio de Polanco y Paso Pereira). La empresa ofrece sus argumentos en decidirse por Pueblo Centenario, tiene el derecho de hacerlo y son respetables. Y aunque la comparación entre esas localizaciones debería ser un elemento destacado en el reporte, el resultado compartido es modesto. Habrá que ver cuáles son las ponderaciones que ahora pueda realizar tanto la Dirección de Medio Ambiente como la de Ordenamiento Territorial, las dos dentro del Ministerio del Ambiente.

Queda en claro que estamos lidiando con varias concesiones a la compañía. La más evidente son las facilidades para aprovechar de forma continuada un enorme volumen del agua del Río Negro. Por si fuera poco, el gobierno se compromete a que el agua siempre estará disponible en esa planta. Pero también hay varias concesiones en políticas ambientales y territoriales, debilitándolas o flexibilizándolas, para sostener este emprendimiento. Este rediseño del marco ambiental no sólo es muy preocupante sino que será difícil de remontar.
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Más informaciones: el informe completo se puede descargar aquí:
http://www.mvotma.gub.uy/portal/ambiente-territorio-y-agua/item/10009772-manifiesto-cuecar-s-a-planta-de-celulosa-paso-de-los-toros.html

Foto de aguas seguramente eutroficadas en el lago de la represa de Palmar, en el Río Negro. Agosto 2017. Foto tomada de El Telégrafo (Paysandú).

Versión corregida de un error de tipeo; donde decía consumo de agua por año debía decir por día.