En efecto, esta calificación no es gratuita ni arbitraria, tiene fuertes fundamentos políticos y culturales.
Para empezar, la FENAPES y sus seguidores son reivindicadores indiscutidos del derecho de los gremios a conducir la enseñanza. Han sostenido, una y otra vez, que son ellos los que deben hacerse cargo de las políticas educativas porque son los que están en el tema. Han reivindicado, en buen romance, la necesidad de un gobierno de la corporación docente.
Pues bien, la reivindicación del gobierno de las corporaciones solo está presente en las pr

opuestas ideológicas del fascismo. Solo el pensamiento fascista ha sostenido con insistencia que las estructuras corporativas deben sustituir a los partidos en la representación de los intereses de cada area de la sociedad. En tal sentido, entonces, serían los médicos los más adecuados para gobernar la salud, los abogados el sistema de justicia, los arquitectos la política de vivienda y así sucesivamente.
Un Estado corporativizado en donde los partidos, representantes de la opinión ciudadana, no tienen cabida ni lugar. Pues bien, los representantes gremiales de la enseñanza demandan una solución de corte fascista para la conducción de la educación.

En segundo lugar, son los conservadores, por el simple y concreto hecho de que no proponen ningún cambio y son rígidos defensores del statu quo. El único cambio que sostienen es que ellos deben tener todo el poder de decisión. Pero han bloqueado en forma sistemática y consistente, todas y cada una de las iniciativas de cambio que se promovieron desde hace un par de décadas.
Han descalificado y boicoteado cualquier iniciativa de cambio, calificándolas de neoliberales, privatizadoras o entreguistas. Han jugado en cada caso a "poner el palo en la rueda" defendiendo lo indefendible. Han reivindicado la continuidad de un estado de cosas desesperante, reclamando un papel protagónico en la defensa de lo que existe.

No existe otra forma de llamar a los que no quieren cambiar nada, que "conservadores" o "reaccionarios".
Pero, además, pueden ser considerados de "derecha" en la medida que son impulsores de la "desigualdad social"; porque defender el actual estado de cosas en la educación pública no es otra cosa que potenciar las desigualdades en las oportunidades de los niños, adolescentes y jóvenes de este país.

Porque el sistema educativo actual es un sistema crecientemente desigual en donde los estudiantes que provienen de los hogares más pobres poseen diez veces menos oportunidades que los estudiantes que pertenecen a hogares medios o medio altos.
La mantención del statu quo, la defensa del actual estado de cosas en la educación de este país supone la complicidad con una creciente desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos de diferente origen y situación social.

Si quedaba alguna duda, el vergonzoso lugar que nos tocó ocupar en las Pruebas PISA cuando se controlaban los resultados según el origen social y económico de los jóvenes fue la prueba más contundente de que la actual realidad expresa una horrorosa inequidad en nuestro sistema educativo.
Por lo tanto, los que se embanderan con la conservación, en definitiva, están defendiendo la desigualdad social; están condenando a los que no tienen recursos a mal aprender en un sistema educativo anacrónico y desgastado, dejando las oportunidades para los que tienen recursos y pueden "pagar" las diferencias de oportunidades.

Fascismo corporativista, conservadurismo mental y defensa de las desigualdades sociales son las inevitables características de todos los que se oponen a una profunda y urgente reforma de nuestro sistema educativo.

Todo lo demás es "discurso para la tribuna". El desafío de este país en materia educativa es la construcción de una profunda reforma capaz de "quebrar" la resistencia de estos sectores conservadores que han bloqueado históricamente toda transformación de la realidad.