Los alcaldes y la libertad del elector.

La descentralización posee dos pasos o etapas, por un lado la de Montevideo con respecto al Interior del país y, a su vez, la de las capitales departamentales con respecto a los pueblos del interior de cada Departamento.

Efectivamente, tenemos un país centralizado en torno a la capital y su zona metropolitana, que concentra servicios, redes de comunicaciones y transporte, así como la oferta educativa y la mayor parte del movimiento financiero y económico del país; pero además este proceso centralizador se reitera a escala departamental desplazando a espacios marginales a las poblaciones del interior de cada Departamento.

Basta recorrer o visitar el país para recoger el mismo sentimiento de desplazamiento y subordinación entre los habitantes de las ciudades del interior de cada Departamento con respecto a su correspondiente capital departamental.

La Ley de Descentralización aprobada en este período de gobierno que termina, incluyó la gestación de un tercer nivel de gobierno, el gobierno local con referencia directa a la creación de alcaldías y Juntas Locales electivas que pasarán a ser los encargados de tomar algunas decisiones sobre asuntos locales.

De este modo se busca generalizar una situación que, hasta ahora, había quedado limitada a tres localidades, Bella Unión, Río Branco y San Carlos. Sin embargo, parece bastante evidente que las normas establecidas y su proximidad al evento electoral de mayo hacen notoriamente desaconsejable aprobar a “forceps” las reglas de juego y estrenar esta experiencia con notorias dificultades de éxito y eficacia.

Sobretodo porque esta propuesta está acompañada de una decisión particularmente grave en la medida que se impedirá al votante elegir al mejor vecino con independencia de su pertenencia partidaria.

Otra vez, como siempre, los partidos mayoritarios pretenden “atar” el voto ciudadano, obligando al votante a elegir dentro del mismo partido por el que votará a Intendente y a la Junta Departamental.

Como un gran logro se destaca que el votante podrá cruzar su voto departamental y local, pero siempre dentro del mismo partido, es decir que los votantes no podrán elegir a un Intendente de un partido y un alcalde de otro partido.

Esta limitación es una fuerte e inaceptable limitación a la libertad del votante, propia de un sistema político que pretende mantener la fuerza del voto partidario en base a rigideces que sacrifican un valor tan importante como es la libertad del ciudadano.

Este es un viejo mecanismo que obliga a nuestra gente a votar “atado” el Presidente con el Parlamento y el Intendente con la Junta Departamental. Antes de 1999 también se obligaba a votar Presidente, Parlamento, Intendente y Juntas Departamentales de un solo partido. El ciudadano queda preso en sus opciones y debe elegir entre alternativas rígidas y cerradas.

Somos el único país de toda América Latina que obliga a sus ciudadanos a votar Presidente y Parlamento de un mismo partido e Intendente y Junta Departamental de un mismo partido. Ahora se pretende extender el “corsé” electoral a la elección de los gobiernos locales.

Las grandes estructuras partidarias tienen miedo de la libertad de los votantes y buscan mecanismos que garanticen su continuidad evitando que personas prestigiosas y con representación propia puedan ser elegidos como Alcaldes desarrollando sus posibilidades en partidos menores o nuevos.

Esta limitación es grave en todo el país, pero es particularmente negativa para el caso de los gobiernos locales en donde la gente tiene un nivel de conocimiento interpersonal muy elevado y donde el cargo de Alcalde debería estar más allá de las fronteras partidarias.

Para hacerlo así, vinculados y atados, más vale que se posterguen estas elecciones locales que estarían traicionando el espíritu de libertad electoral que requiere inexorablemente la descentralización política si se la quiere asumir con seriedad.