Lo que dejó la investigación sobre Ancap (2)

Justamente, como en otras investigaciones parlamentarias, un producto positivo de su desarrollo es la posibilidad de implementar medidas que permitan proyectar cambios profundos hacia el futuro.

En primer lugar, debería fortalecerse el papel de las Comisiones Investigadoras y, en tal sentido, las comparecencias de los invitados a declarar ante estas comisiones deberían tener carácter obligatorio. Resulta insólito y poco decoroso que, en este caso, once funcionarios de ANCAP, entre ellos seis gerentes, se hayan negado a concurrir.

En segundo lugar, es imprescindible aprobar reglas de juego que impidan el uso político electoral de las empresas públicas al servicio de la construcción de candidaturas, es decir el uso de recursos públicos para la promoción electoral de sus jerarcas. Esto, sin dudas, es lo que ocurrió durante estos años en ANCAP a través de un uso exorbitante de recursos para disparar los gastos en publicidad justo en tiempos electorales, inauguraciones ajustadas al calendario electoral, piezas publicitarias encaminadas a acumular para una posterior candidatura sectorial.

Lamentablemente, nada de esto es nuevo con respecto a épocas pasadas. La única novedad es que, además, en este caso la promoción electoral estuvo acompañada de un desastre empresarial con pérdidas escandalosas, lo que no hace otra cosa que agravar la patología.

Este hecho y los casos anteriores indican la necesidad de bifurcar las carreras políticas, separando la carrera política electoral de la carrera política de gestión. Si a un político se lo pone al frente de una empresa pública con la posibilidad de renunciar un año antes para ser candidato, genera la tentación de que alguno resuelva orientar la gestión del ente en función de un plan electoral.

Por lo tanto, es bueno que la inhabilitación actualmente existente para los Directores de entes y servicios del Estado se extienda a los cinco años del período de gobierno, tal como está previsto para el caso del Banco de Previsión Social. De este modo, ahuyentamos la tentación del uso electoral de bienes públicos, lo que es, sin duda, una forma concreta de corrupción.

En tercer lugar, es imprescindible promover cambios sustanciales en las formas de organización y gobierno de las empresas públicas.

En tal sentido, propusimos seis iniciativas concretas que, en varios casos, refieren a conclusiones de diferentes trabajos técnicos sobre esta temática. Estos trabajos fueron desarrollados por la OCDE (2011), la CAF (2010) y la Universidad Católica del Uruguay (2015).

La primera cuestión que entendemos imprescindible es que en la gestión de las empresas públicas se distinga con claridad entre el papel del Estado como propietario, del papel del Gobierno como administrador de las mismas. El Estado debe desarrollar un rol como propietario informado y activo y establecer una política de propiedad clara y consistente, garantizando que el gobierno corporativo de las empresas públicas se realiza de forma transparente y responsable, con el nivel necesario de profesionalismo y efectividad.

Esto en Uruguay, y particularmente en el caso de ANCAP no funciona, ya que existe una superposición de roles entre gobierno, operador, regulador y accionista propietario, en el que predominan fuertemente los dos primeros sobre los últimos.

En segundo lugar, es imprescindible limitar y reducir sustancialmente el número de empresas subsidiarias de ANCAP que actúan bajo el régimen de derecho privado y, aun las que sean autorizadas, deberían estar sometidas al contralor del Tribunal de Cuentas y sus jerarcas deben estar alcanzados por las mismas inhibiciones y limitaciones que los Directores de los Entes y Servicios del Estado. Hay que evitar que sobre la excusa de la agilidad y la simplificación, se termine generando una zona de ausencia total de control sobre importantes recursos que son de carácter público. Esto vale tanto para ANCAP como para el resto de las empresas públicas.

En tercer lugar, no cabe duda de que deben profesionalizarse los cargos de gestión. En tal sentido, resulta evidente que los Directores deben ser de confianza política pero, al mismo tiempo, deben tener idoneidad técnica en su área de actuación. Los gerentes deben ser seleccionados y evaluados en base a procedimientos competitivos de carácter objetivo y abiertos.

Uno de los problemas más graves en la gestión de las empresas públicas y, en particular, en el caso de ANCAP, ha sido la selección directa del cuerpo gerencial por parte del Directorio, sin ningún tipo de concurso.

En cuarto lugar, la empresa debería operar en régimen de mercado para obtener su financiamiento, es decir que se deberían evitar garantías automáticas del Estado para respaldar su endeudamiento y en el caso en que se obtengan subsidios o recursos gastados con garantías del Estado, estos subsidios deben ser explícitos, deben venir del presupuesto público y no deben afectar el patrimonio de la empresa. Los ejemplos negativos en el caso de ANCAP son de una impactante crudeza.

En quinto lugar, deben separarse desde el punto de vista orgánico, la función de propiedad del Estado de la regulación de los mercados. Está en la tapa del libro que no se puede estar de los dos lados del mostrador; es imprescindible tener una agencia reguladora de aquellos servicios o productos que brinda el ente que posea independencia total y capacidad de regulación sobre la empresa.

Finalmente, debe existir una estrategia que separe las unidades que no están dirigidas al núcleo estratégico de la empresa. No tiene lógica que un ente sea una suerte de acumulador de líneas de producción y actividades heterogéneas. El ente público debe dedicarse a su núcleo de actividad y cada cadena productiva debe estar claramente separada.

Como se puede apreciar son muchas las tareas a emprender para mejorar sustancialmente el funcionamiento de ANCAP y de las empresas públicas uruguayas en general.

La puesta en práctica de estas y otras medidas sería el mejor legado que nos puede dejar la actuación de la Comisión Investigadora. Ojalá así sea.