Lo que dejó la investigación sobre Ancap (1)

Pues bien, intentaremos resumir en pocas líneas lo sustancial de nuestras conclusiones y en la próxima nota desarrollaremos las propuestas que integran nuestro informe para promover una transformación en la gestión y regulación de las empresas públicas en general, con algunas cuestiones específicas referidas a ANCAP.

El punto de partida: ANCAP es la empresa mayor del país que, a pesar de funcionar en régimen de monopolio en la mayor parte de sus rubros y de haber transcurrido el período de mayor crecimiento económico del país en la historia, sin sobresaltos con los precios del crudo y del dólar, se fundió o estuvo cerca de la quiebra. Sin palabras. Es un record mundial difícil de igualar.

Indicadores de este desastre: en cuatro ejercicios perdió U$ 800 millones, a fines de 2015 la relación patrimonio/deuda era de diez a uno, tenía un endeudamiento multiplicado por diez y era casi en su totalidad en dólares con vencimientos de cortísimos plazos y con acreedores bancarios extranjeros. Una catástrofe total.

¿Por qué había llegado a ese extremo? Porque fue pésimamente administrada durante los últimos años. Abundan los ejemplos de negligencia, ineptitud, omisión en la toma de decisiones, dilapidación de recursos y despilfarros varios.

Algunos ejemplos: las inversiones proyectadas se calcularon en alrededor de U$ 400 millones y finalmente insumieron más de U$ 1.000 millones. Además, en el período, ANCAP capitalizó en sus colaterales más de U$ 300 millones. Los costos fijos se dispararon de manera sideral; los gastos en publicidad se llevaron a U$ 10 millones al año en 2013 y otro tanto en 2014; se incrementaron las horas extra de manera continua y permanente desde 2005 hasta 2015; el personal se incrementó en un 30% y el costo de la masa salarial se incrementó en un 20% cuando se había planificado que fuera un 7%. Los salarios de ANCAP aumentaron en términos reales, más que cualquier otro del sector público.

Pero, además, cuando ANCAP empezó a generar pérdidas y a endeudarse, en vez de frenar el crecimiento de los costos fijos y de las inversiones, se siguió acelerando de manera totalmente irresponsable. Se demoraron las medidas durante meses y se exhibió una imagen de éxito grandioso de ANCAP durante estos años que contrastaba con la gravísima realidad existente.

Por si quedara alguna duda, las acciones llevadas adelante por el actual gobierno son una confirmación rotunda del fracaso de la gestión anterior: sustitución de autoridades, capitalización por U$ 622 millones, intervención de la empresa desde el Poder Ejecutivo, llamado a concurso de Gerente General y Gerente Financiero.

¿Sólo hubo problemas de gestión y mala administración? No. También hubo notorias y numerosas irregularidades; algunas de ellas con apariencia de delito.

Así de sencillo. Como resultado del análisis de la gestión, detectamos 20 acciones o decisiones ilegales, es decir violatorias de leyes, decretos o disposiciones constitucionales.

Obviamente, no todas las irregularidades son delito. Pero eso no significa que no sean apartamientos de las reglas y, como tales, son cuestionables y motivo de rechazo. Hablan de un desprecio por las reglas de juego que aumenta la percepción de "mala administración". Por otro lado, muchas de ellas deberían ser objeto de sanciones administrativas sobre los funcionarios que incurrieron en ellas.

Pero, además, hay seis casos en los que, a nuestro juicio, las violaciones producidas configuran delito. Nos referimos a:

(a) la adjudicación del contrato de transporte de cal en forma directa sin mediar un llamado competitivo, aduciendo falsamente que no había otras empresas que pudieran prestar el servicio en nuestro medio y usando una empresa colateral para evitar el llamado a licitación que hubiera correspondido;

(b) el contrato de arrendamiento de obra entre ANCAP y la Armada para la construcción de un remolcador y dos barcazas, en el que incluyeron la adjudicación de un contrato a una empresa privada salteándose el procedimiento de la licitación y, luego, pagos indebidos de ANCAP a la Armada para destinos ajenos al objeto del contrato, omisión de controlar de parte de los jerarcas de ANCAP los incumplimientos de la Armada que, además, no estaba autorizada legalmente para realizar las tareas contratadas.

(c) la transacción firmada entre ANCAP y EXOR luego de que esta última le reclamara indebidamente una indemnización, pero como resultado de esta transacción, ANCAP gratuitamente le generó a EXOR un derecho que ahora implicó que ANCAP haya acordado pagar una indemnización.

(d) la gestión de la publicidad que implica varias actuaciones con apariencia de ilícito; desde el procedimiento de adjudicación de la cuenta a la agencia de publicidad contra la opinión contundente del Tribunal de Cuentas, pasando por la modalidad de contratación de proveedores que salteaban los procedimientos competitivos y la omisión reiterada de los jerarcas de ANCAP de controlar los montos de las facturas que presentaba la agencia de publicidad, hasta el episodio conocido de la radio comunitaria de Quebracho y la ausencia de la presentación de tres presupuestos para evitar sobrefacturaciones.

(e) el hecho de que ANCAP haya demorado el trámite de importación ante Aduanas de diferentes embarques de productos durante cuatro años que, a nuestro juicio, al menos representa una infracción aduanera.

(f) el hecho de que en todos los llamados para la compra de equipamientos para las plantas de cemento y de cal, siempre haya ganado las licitaciones la misma empresa proveedora.

Lamentablemente, la bancada de gobierno rechaza y declara que todo anduvo bien. Insólito. Además se opuso a poner los antecedentes en conocimiento de la Justicia. ¿Por qué? Si están tan seguros de que no ha habido nada incorrecto, ¿por qué se negaron a enviar los antecedentes a la Justicia?

Nosotros enviaremos los asuntos específicos que nos merecen la opinión de que se han cometido delitos a efectos de que la Justicia investigue, como no puede ser de otra manera.

En la próxima nota nos referiremos a las propuestas que deberíamos aprobar en nuestra legislación para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir.