Las declaraciones del Presidente José Mujica cuando buscó justificar la decisión tomada en la Cumbre del MERCOSUR, habilitando el ingreso de Venezuela al bloque regional en virtud de privilegiar "los aspectos políticos por encima de los aspectos jurídicos", nos han generado una particular y extrema preocupación.

Por un lado, esas declaraciones reconocen en forma contundente que la decisión del MERCOSUR fue contraria a Derecho; es decir que fue una decisión que violó la institucionalidad existente en el bloque regional. O sea, a contrario sensu, lo que sostuvo el Presidente es que si se hubiera regido por la norma jurídica, esta decisión no se podría haber tomado. Al menos no existe en nuestro país, un diferendo sobre la fundamentación jurídica de la decisión; nadie la defiende desde el punto de vista jurídico.

Sin embargo, en vez de ser una conclusión tranquilizadora, la afirmación provoca una grave preocupación porque pone al descubierto que para nuestro mandatario las razones políticas pueden imponerse a la valoración jurídica de los hechos.

Admitir que los argumentos políticos pueden priorizarse aun a costo de violar las normas jurídicas, es dar un "salto al vacío" que relativiza las convicciones institucionales republicanas y la prevalencia del Estado de Derecho.

Es muy grave la afirmación del Presidente porque cruza la línea que separa a las democracias de los regímenes autoritarios. Porque el límite que separa a unos de otros se ubica, precisamente, en el apego indeclinable al cumplimiento de las reglas de juego.

El Estado de Derecho se caracteriza por la ineludible subordinación de las decisiones políticas a su encuadramiento institucional y por la aceptación de que el margen de decisión política está acotado por lo que el marco normativo permite y admite.

Si la observancia de las reglas jurídicas está condicionada o subordinada a una valoración de la utilidad política y, por lo tanto, las decisiones pueden justificarse en función de criterios políticos; se da un paso sin retorno hacia la arbitrariedad y al riesgo de que, según convenga políticamente, se "pasen por arriba" o se violen las normas vigentes.

Actuar o pensar de esta forma supone caer en el viejo y gravísimo error de considerar que la democracia, entendida como reglas de juego, es meramente una concepción "formal" y de menor jerarquía. La vieja polémica de la izquierda de los sesenta, que creíamos superada luego de haber sufrido en carne propia lo que pasa cuando se desconocen los límites de lo jurídico, se vuelve a instalar a partir de esta afirmación del Presidente.

Seguramente es una de las afirmaciones más grave que se han dicho en los últimos años. La razón de la política debe estar enmarcada y limitada por los acuerdos que surgen de las reglas de juego que sostienen la vigencia del Estado de Derecho.

Nos sorprende porque el Presidente, al comienzo de su mandato, había mostrado reflejos republicanos valiosos. Su discurso del 1º de marzo y su valoración del Parlamento permitían imaginar un desempeño del cargo caracterizado por el máximo respeto a la institucionalidad y las reglas de juego.

Sin embargo, en un mismo acto ha expresado un talante sorprendentemente reivindicativo de la legitimidad de los presidentes por encima de los parlamentos al explicar su censura a lo actuado en Paraguay; y para colmo, completa su reflexión afirmando la subordinación de lo jurídico a lo político.

Por supuesto que muchas veces las normas quedan detrás de la realidad, pero en el orden democrático lo que se hace, cuando ello ocurre, es cambiar de manera legítima las reglas por otras más apropiadas a las nuevas situaciones y no simplemente violarlas aduciendo razones políticas.

El paso dado por el Presidente al apoyar el ingreso de Venezuela fue un grave error, pero su justificación ha sido mucho más grave aun.