Nuestro país aceptó por vía legislativa someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hizo en los años ochenta y con el apoyo de todo el sistema político, durante el primer gobierno del Dr. Julio M. Sanguinetti. Por tanto, estamos sometidos desde entonces a su jurisdicción.

Ante ella nos llevó la familia Gelman reclamando una reparación. El Estado uruguayo se allanó a la demanda y la Corte falló a favor de los accionantes, obligando al Estado a pagar una indemnización y, además, a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
Desde nuestro punto de vista, la sentencia de la Corte es excesiva y exige al Estado asumir dos veces la responsabilidad, en la medida que el mero acto de pagar la indemnización implica necesariamente la admisión de la responsabilidad requerida.

Pero más allá de estas observaciones, lo cierto es que Uruguay ha decidido someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana y ello es válido tanto cuando los fallos nos son favorables como cuando no lo son. Es por ello que entendemos y compartimos que el gobierno haya decidido dar cumplimiento a lo que manda la sentencia, organizando el acto previsto.

Nos pareció necesario que los partidos políticos conociéramos el alcance del pronunciamiento del Presidente, que habla en nombre del Estado uruguayo, a los efectos de saber con antelación a qué acto se nos convocaría. En tal sentido, decidimos desde el Partido Independiente enviar una carta al Presidente solicitando conocer el contenido de la declaración.

El Presidente respondió positivamente y todos los partidos supimos, desde la semana pasada, cuál sería el tenor de la declaración presidencial. La declaración es precisa, clara y acotada al mandato de la Corte Interamericana.

No es un pedido de perdón, lo que hubiera sido improcedente porque pedir perdón es una actitud que sólo es dable para las personas físicas. Se trata, entonces, de una asunción de responsabilidad, lo que es perfectamente válido y adecuado.

Pero, además, la responsabilidad que se asume refiere y se limita al caso Gelman, por el que fuera condenado el Estado uruguayo; por tanto solo se asume lo justo e imprescindible. Así las cosas, para nosotros no corresponde otra respuesta que la de acompañar este evento.
Se ha dicho que la declaración hace una referencia crítica a la ley de caducidad, efectivamente así es; aunque la referencia es veraz y objetiva al señalar que la interpretación y aplicación de dicha ley fue un obstáculo para el esclarecimiento del caso. No tenemos ninguna objeción con esta afirmación que recoge parte del texto de la sentencia y, además, reconoce una situación efectivamente ocurrida.

Cierto es, también, que no es la primera ni la segunda vez que el Estado hace un reconocimiento de su responsabilidad por hechos ocurridos durante la dictadura. Desde el retorno a la democracia el Estado ha asumido en forma pública, y sin que mediara la exigencia de cortes internacionales, gestos muy fuertes de reconocimiento de las responsabilidades correspondientes. Así es posible señalar la ley que reconoció y reparó la carrera funcional de todos los funcionarios públicos destituidos durante la dictadura; lo mismo ocurrió con los presos por razones políticas o los militares que fueron relegados o castigados por el régimen dictatorial.

Por lo tanto, el acto en cuestión no es excepcional ni inédito. Es simple y sencillamente un acto debido, que se cumple para dar respuesta a lo que demanda una corte a la que debemos obediencia por propia decisión. No hay que "rasgarse las vestiduras" por su realización, ni tampoco convertirlo en un acto particularmente excepcional o histórico. Tiene la relativa y sencilla dimensión que tiene y que reflejan las palabras de la declaración, ni más ni menos.

Finalmente, no entendemos la demanda del Partido Colorado reclamando hacer uso de la palabra en esa instancia. No se trata de una sesión de la Asamblea General, aunque la Presidencia de la República haya solicitado el recinto para expresarse; no se trata de un debate o polémica, tampoco es un acto multipartidario; se trata de la expresión por parte del Jefe de Estado de una declaración breve y precisa sobre un asunto específico. Sería un gravísimo error buscar convertirlo en un acto de confrontación o contraposición de opiniones.

Por último, hay quienes dicen que también deberían aquellos que levantaron las armas contra las instituciones y el Estado de Derecho, es decir el MLN Tupamaros, asumir la responsabilidad por sus acciones. Compartimos esa opinión, creemos que efectivamente los que quebrantaron las normas en un contexto de pleno funcionamiento democrático deberían asumir su responsabilidad.

Pero no confundamos las cosas, ese reconocimiento de responsabilidades corresponde al MLN y no al Estado uruguayo. El Estado uruguayo no puede reconocer las responsabilidades de un actor político; tampoco puede hacerlo el Presidente José Mujica que actúa como Jefe de Estado y Presidente de la República, sería una flagrante violación de la Constitución que hablara en nombre del MLN.

En todo caso, esa decisión reposa hoy en las autoridades de ese grupo político que es quien debería asumir personería por aquellos asuntos. Pero no "mezclemos los tantos".

En definitiva, nada sustancial habrá cambiado en nuestra vida institucional luego de este acto, pero el Estado habrá cumplido con sus obligaciones internacionales y habrá reconocido un daño que efectivamente profirió a un conjunto de ciudadanos de manera injusta, ilegítima y horrorosa.