Hubo figuras conocidas y hasta un legislador del Frente Amplio que participaron de la "asonada" realizada el pasado viernes, invadiendo el edificio de la Suprema Corte de Justicia y resistiendo el accionar policial destinado a su desalojo.

Luego un sector del Frente Amplio, la Vertiente Artiguista, impulsó una eufemística "invitación" a la Suprema Corte a que comparezca ante una Comisión parlamentaria con la finalidad de que de explicaciones de la decisión de traslado de la Jueza Mariana Mota.

Un par de días después varios dirigentes del partido de gobierno golpean sobre la Suprema Corte de Justicia. Por un lado, la misma Presidenta del Frente Amplio acusó a los Ministros del máximo órgano jurisdiccional de estar al servicio de los intereses de los sectores económicos dominantes, otro diputado del mismo partido amenaza con denunciarlos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que otro senador dice que forman parte de un complot de los sectores "hegemónicos" contra los supuestos intereses populares.

Se ha desatado una sucesión de ataques políticos sobre el órgano jerárquico de uno de los tres poderes del Estado en una escalada que seguramente busca presionar sobre la Corte para que no tome decisiones que sean contrarias a la opinión o interés del partido de gobierno.

Lamentablemente estas reacciones, mucho más puntuales, también se habían producido en oportunidad de que la Suprema Corte de Justicia (con otra integración) había fallado la inconstitucionalidad del IRPF a los jubilados, a comienzos de 2008. En aquella oportunidad un diputado del Frente Amplio amenazó con quitarle los recursos al Poder Judicial si la Corte actuaba en contra de los intereses del gobierno y otro legislador atacó la moral de alguno de los integrantes de la Corte porque no pensaban como ellos.

¿Por qué esta virulencia intolerante que pretende avasallar y llevar por delante al órgano máximo del Poder Judicial?
Porque no se tolera que la Suprema Corte actúe con independencia y no avale automáticamente las actuaciones del gobierno. Porque también pretenden imponerle sus propios criterios, controlándola incluso en sus actuaciones administrativas.

Vale señalar las excepciones del Vicepresidente Danilo Astori y el Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, marcando distancia con la iniciativa inconstitucional de sus compañeros de partido al convocar a la Suprema Corte a dar explicaciones al Parlamento.

La Suprema Corte de Justicia ha tomado dos decisiones y ha trascendido que tomaría una tercera decisión, que son contrarias al interés o las preferencias del partido de gobierno.

La primera de ellas es una decisión administrativa, como tantas que habitualmente toma la Suprema Corte dentro de sus competencias, referida al traslado de la Jueza Mariana Mota de una sede penal a una sede civil. Obviamente, es inevitable que genere suspicacias o interrogantes dada la naturaleza de los asuntos que atendía la Jueza Mota; pero también era conocido que había protagonizado varios episodios que afectaban su situación en la medida que, según dijo el Presidente de la Suprema Corte, había enfrentado cuatro procedimientos administrativos, de los que uno aun permanecía abierto.

Conviene señalar que lo que ocurre con los casos que atendía la Dra. Mota, también pasa en las demás sedes judiciales en donde se sustituye un magistrado. No solo la Dra. Mota tiene un cierto número de asuntos bajo su jurisdicción, ni tampoco es la excepción en materia de extensión de los expedientes.
Cuando trasladaron a la Dra. Gatti (en este caso por ascenso a un Tribunal de Apelaciones), esta tenía en su sede un importante número de asuntos muy delicados (dada la naturaleza del Juzgado que encabezaba) incluso en algunos de esos casos estaba muy próxima a emitir sentencia; y sin embargo nadie armó ningún escándalo, a pesar de que seguramente el Juez que asumió en ese Juzgado habrá tenido que dedicar un importante tiempo a estudiar los casos heredados, con los correspondientes retrasos de tramitación. Exactamente lo mismo que ocurrirá con el sustituto de la Dra. Mota en la sede penal.

¿O es que los dirigentes del Frente Amplio no confían en los demás jueces de este país y piensan que solo la Dra. Mota puede proteger los derechos de los ciudadanos o es la única que tiene sensibilidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura?

La segunda razón de estos ataques está relacionada con el fallo de la Suprema Corte con respecto a la inconstitucionalidad del impuesto a la concentración de la propiedad de la tierra. Sencillamente se trata de un fallo contundente de cuatro Ministros contra uno, en el que se señala que la forma en que se crea el impuesto en la ley recurrida es violatoria del principio de autonomía de los gobiernos departamentales y se incurre en una doble imposición.

Esta circunstancia había sido oportunamente advertida por diversos legisladores, incluso por representantes del partido de gobierno, pero el gobierno no quiso escuchar y llevó adelante la iniciativa aplicando la disciplina partidaria a su mayoría absoluta en el Parlamento. Pues bien, ahora paga los costos de ese error jurídico.

Es más, se equivoca nuevamente el gobierno cuando interpreta que la sentencia de la Suprema Corte impide gravar la concentración de la propiedad de la tierra y propone como alternativa una reforma de la Constitución. Al contrario, existen caminos constitucionales apropiados para instaurar un impuesto como el que se pretende, que la propia Suprema Corte indica en la argumentación de su sentencia.
Pero no. La barra acusa a la Corte de defender los intereses de los sectores económicos dominantes.

Finalmente, se ha difundido la versión de que la Corte también fallaría la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de impunidad, por la que deja sin efecto los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura. También se advirtió al gobierno que esa norma era notoriamente inconstitucional y que, por tanto, lo más probable es que así lo entendiera el órgano máximo jurisdiccional. Se hizo nuevamente "oídos sordos" a la advertencia y ahora parece bastante probable que se golpeen nuevamente contra la realidad.

Pero la reacción de importantes figuras y dirigentes del Frente Amplio es nuevamente acusar a la Corte de poco menos que cómplice de la impunidad y de defender los intereses hegemónicos.

Esto es inaceptable. En una democracia todos los poderes tienen límites y la garantía de ello es la efectiva independencia en el accionar de cada uno de ellos, estableciendo finos equilibrios entre las competencias y los márgenes de actuación recíprocos.

Acá hay gente que cree que porque piensa que tiene razón, tiene derecho a imponer su posición, pasando por arriba de las reglas de juego. Otros confunden la mayoría absoluta parlamentaria con una especie de "licencia para hacer lo que se les cante". Esto se está poniendo cada vez más feo.

La piedra angular de un Estado de Derecho consiste en el respeto a las reglas de juego; y las reglas de juego se acuerdan en base a consensos populares amplios, reflejados en la Constitución de la República, las leyes y los poderes otorgados a los organismos de contralor de la gestión pública.

Es hora de "parar la mano".

Los principales dirigentes del partido de gobierno deben llamar a su gente a actuar con sensatez, respetar a las autoridades de cada poder del Estado y a cesar en sus ataques y agresiones a los que no piensan como ellos.
La responsabilidad hoy está en quienes representan el liderazgo del partido de gobierno para señalar los límites a estos atropellos que amenazan con lesionar gravemente el orden institucional. Todos sabemos a quienes nos estamos refiriendo