El Parlamento aprobó en 2009, a las cansadas y como resultado de múltiples y dificultosas negociaciones, una normativa que estableció por primera vez en nuestro país la cuota de género. Esta disposición se aplica, desde entonces, a la conformación de las listas de los partidos para las elecciones internas, es decir para integrar los órganos deliberantes de los partidos, y también para la elección de sus órganos ejecutivos.

A su vez, como resultado de esas negociaciones y para evitar el impacto inmediato, se resolvió postergar su aplicación para las elecciones nacionales de 2014. Por lo tanto, en las elecciones nacionales de 2009 los partidos pudieron decidir voluntariamente si aplicaban o no el mecanismo que, en cambio, será obligatorio en las próximas elecciones nacionales.

Bueno es decir que en nuestro caso asumimos la aplicación de ese criterio en nuestras listas parlamentarias ya para las elecciones nacionales de 2009. También lo habíamos aplicado para las elecciones nacionales de 2004.

Pues bien, en octubre de 2009 todos los partidos deberemos integrar obligatoriamente las listas a los cargos electivos manteniendo la proporción de un tercio de integrantes de cada género.

Sin embargo, la norma no prevé la continuidad del mecanismo para las siguientes elecciones, de forma tal que, de no mediar una modificación legal, a partir de 2019 la cuota de género desaparecerá.

El fundamento de esta solución radica en la idea de que el instrumento debe ser concebido como una medida provisoria capaz de promover y asegurar la equidad en la participación de género, para luego, una vez cumplido su objetivo, dejarla sin efecto, puesto que no se la valora como una solución definitiva.

La idea de que esta normativa debe ser un "soporte" temporal es compartible. Sin embargo, lo que no resulta compartible es que el efecto de su aplicación se logre con sólo una instancia electoral. No tiene ningún sustento empírico ni teórico, en ninguna parte del mundo, que la promoción de la participación femenina en el Poder Legislativo se logre definitivamente mediante la aplicación de la norma en una única oportunidad, como dice el dicho, una golondrina no hace verano.

Justamente, si se pretende dejar sin efecto la cuota de género después de las elecciones de 2014, la normativa aprobada en 2009, que fue vista y saludada como un avance efectivo en la lucha por la equidad, se convertirá en una verdadera hipocresía, en la medida que será vista en la perspectiva histórica como una "trampita" construida para dar la imagen de que se ha querido resolver el problema, sin cumplir con su objetivo expreso.

Por eso, parece imprescindible que se acuerde la extensión de este dispositivo por mayor tiempo.

Siempre estuvimos de acuerdo con la necesidad de establecer la cuota de género. Vimos, desde hace mucho tiempo, los resultados de su aplicación en las sociedades europeas, particularmente en el mundo nórdico, donde la normativa tiene ya mucho tiempo de instrumentación y su impacto ha sido muy notorio a través del acceso de mujeres políticas a cargos de representación y de conducción política de primer nivel en esas sociedades.

Sería muy bueno que nos pusiéramos de acuerdo entre todos, antes de que termine la actual legislatura, para incluir una modificación normativa que extienda la aplicación de la cuota de género por un período más extenso. Esta sería una respuesta auténtica a la situación planteada. De lo contrario se habrá consagrado un mero "saludo a la bandera".