con nuestro país y a las decisiones negativas que su gobierno ha tomado con respecto a los intereses nacionales, no correspondía tomar esa decisión.
Por supuesto que es muy fácil golpear sobre este tema. Seguramente Cristina Fernández debe ser de los personajes políticos menos simpáticos para el común de los uruguayos.
Cristina Fernández representa a un gobierno vecino que nos ha afectado de muy diversas formas durante los últimos años. Su esposo llevó adelante con saña una política de hostigamiento a nuestro país, tolerando el corte de puentes durante varios años. Durante el actual gobierno argentino se tomaron medidas que han afectado fuertemente nuestras relaciones comerciales, incumpliendo los acuerdos y compromisos del MERCOSUR. También bloquearon durante mucho tiempo las obras de profundización del Canal Martín García y aun continúan frenando la construcción de nuevas obras de ampliación de muelles en Nueva Palmira. Nos denunciaron en los ámbitos internacionales y, para completarla, la propia presidenta formuló declaraciones lamentables sobre José Artigas que, sobre todo, pusieron de manifiesto su completa ignorancia en esta materia.
Sin embargo, a pesar de todo lo señalado, no es sensato ni relevante cuestionar al gobierno del Frente Amplio por esta decisión. Se trata de una cuestión de estilo en los usos diplomáticos que no está asociada a la sintonía o simpatía que se tenga con tal o cual gobierno. Seguramente en la historia reciente las llaves de la ciudad han sido entregadas a muy diferentes gobernantes de todo pelo y orientación ideológica. Se trata de una decisión de cortesía diplomática que se ha dispensado a diferentes mandatarios de muy diversos países.
Es más, la política internacional de este gobierno ofrece muy variados y mucho más significativos flancos que esta decisión de menor relieve, como el estropicio jurídico de la suspensión de Paraguay y el correlativo ingreso de Venezuela al MERCOSUR o la insólita dilación en brindar información a Argentina para hacer posible las obras en Nueva Palmira, o la multiplicación de los cargos de confianza y los embajadores itinerantes.
Justamente, comienza a notarse un afán ansioso en los principales dirigentes de los partidos tradicionales por marcar al partido de gobierno en toda la cancha, sin discriminar lo importante de lo adjetivo. No sabemos si ello está motivado por el lanzamiento prematuro de las campañas internas en esos partidos o por la búsqueda apurada de encontrar puntos vulnerables en la posición del partido de gobierno de cara a las elecciones nacionales del año próximo.
Lo cierto es que parecen estar "tirando al voleo" sin discriminar lo que importa de lo que no es relevante.
Lo mismo ocurrió días atrás cuando se produjo el trágico episodio del Correo en Pocitos. Inmediatamente salieron los principales referentes de los dos partidos tradicionales reclamando la renuncia del Ministro del Interior, sin reparar en que el hecho ocurrido muy poco tenía que ver con la responsabilidad ministerial.
Dijimos en aquel momento y reiteramos hoy, que la salida del ministro, lejos de ser una solución a la problemática de inseguridad, puede ser incluso un revés para los esfuerzos por transformar y fortalecer la institución policial, único camino viable para recuperar la seguridad pública.
La problemática de la inseguridad es mucho más compleja de lo que, en el afán por asignar culpas, de uno y otro lado se señala como responsabilidades. Ni la inseguridad comenzó con la ley que determinó la libertad de numerosos reclusos en 2005, ni la inseguridad es el resultado directo de la crisis de 2002 que, además, tampoco es un simple efecto del "viejo cuco neoliberal".
Es muy lamentable la simplificación que se busca construir en el debate público. Las causas de la inseguridad son muy complejas, pero no hay dudas de que en el actual período de gobierno buena parte de las acciones que se han instrumentado son la traducción directa de los acuerdos alcanzados entre los cuatro partidos en 2010.
Cierto es, también, que los resultados han sido muy escasos, prácticamente inexistentes pero esta ausencia de respuesta no ha sido por falta de recursos o esfuerzos en revertir la situación.
Lo más curioso es que la gestión del gobierno actual ofrece verdaderos flancos sobre los que es, no solo posible, sino obligatorio marcar las deficiencias sin necesidad de estar inventando temas todos los días y a toda hora.
¿O es que alguien tiene alguna duda de la responsabilidad gubernamental sobre la incapacidad de transformar la educación o de responder con efectividad a la situación de crisis de la integración social, o de evitar el deterioro de la atención de la salud a pesar de la gigantesca cantidad de recursos disponibles que se han aplicado para modificar esas realidades?
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