Las garantías del sufragio

Las elecciones para los cargos de representación social en el BPS dejaron un gusto amargo en varios sentidos. No fue una gran jornada cívica, por el contrario, todas las referencias son críticas y demuestran un significativo malestar ciudadano.

Una de las razones del malestar ciudadano se debe a la obligatoriedad del voto. Sobre este punto ya nos extendimos en nuestra anterior columna. Simplemente, agregamos que los resultados verificados el pasado domingo confirman y acentúan las señales ciudadanas de distancia y rechazo a dicha obligatoriedad. Entre abstención, voto en blanco y voto nulo, los ciudadanos que no quisieron votar a ningún candidato sumaron el 60% del total.

Tenemos la expectativa de que en el resto del sistema político se consolide el reflejo sensato de eliminar la obligatoriedad de estas instancias que no son de elección de gobierno y, por tanto, que refieren a decisiones en organismos del Estado o de tipo corporativo.

Pero, el pasado domingo también quedó en evidencia una situación particularmente grave que afecta el funcionamiento de nuestro sistema electoral. En efecto, no todas las listas que competían por el voto en esa elección estaban disponibles en los circuitos de votación; mucha gente se quejó de que no encontraba la lista de su preferencia.

Esta situación afecta las garantías del sufragio y la libertad del votante para elegir lo que prefiera y, por supuesto, también afecta a aquellas opciones electorales que no tuvieron una situación de igualdad en su posibilidad de ser votadas.

El problema es más amplio porque esto mismo ocurre en las elecciones nacionales, departamentales y municipales. En efecto, en cada elección existen testimonios de ciudadanos que señalan que tal o cual hoja de votación no estaban disponibles en uno u otro circuito.

En un sistema electoral democrático y transparente estas situaciones no pueden existir; sin embargo nos hemos acostumbrado a que ocurran. Es paradójico porque nuestro país es valorado y respetado como ejemplo de garantías electorales.

Pues no. Es hora de reconocer que existen fallas importantes en el funcionamiento de nuestro régimen electoral. Una de ellas es que la Corte Electoral no garantiza (porque la ley no le otorga esa competencia) la presencia de todas las hojas de votación en los circuitos.

En cualquier país del mundo, la ausencia de todas las alternativas electorales disponibles para que el ciudadano elija, sería juzgada como una seria afectación del derecho al voto.

Es más, curiosamente, nuestra legislación asigna a los partidos y sus agrupaciones la responsabilidad de tener las listas en los circuitos. Es insólito, se asume que es un tema de los partidos y no de derechos ciudadanos.

El punto de partida debería ser bien distinto. Los partidos y sus agrupaciones se presentan ante la ciudadanía con sus candidatos y propuestas, para ello cumplen con ciertos requisitos que están regulados en las normas electorales. Luego es el Estado, a través de su organismo competente, el que debería garantizar que toda la oferta electoral esté disponible para los ciudadanos, porque son estos a los que se les debe garantizar el derecho de elegir aquella alternativa que mejor les parezca.

Por lo tanto, deberíamos, de una vez por todas, reformar la normativa vigente y que la impresión y distribución de las hojas de votación sean responsabilidad del Estado y no de los partidos.

En tal sentido, además, se produciría un enorme ahorro en los gastos de las campañas electorales, en la medida que la impresión de hojas de votación dejarían de ser responsabilidad de los partidos para ser tarea del organismo que regula las elecciones. De este modo, no se imprimiría una fantástica cantidad de hojas de votación, de las que más del noventa por ciento terminan en la basura y no se usan para ejercer el voto.

También representaría un enorme ahorro con respecto a la construcción y gestión de redes de distribución por medio de las famosas "mesitas". Somos el único país del mundo en que ocurre este tipo de cosa.

Pero lo más grave es que se ha desnaturalizado el uso de las hojas de votación. En efecto, estas no son ni deben ser un instrumento de propaganda electoral, sino que deben usarse estrictamente para el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos.

El actual sistema favorece indebidamente a aquellas opciones electorales que poseen los aparatos más grandes, cuya llegada con sus redes de distribución aumenta las chances de obtener votos.

En síntesis, lo del domingo pasado volvió a poner sobre la mesa la urgente necesidad de mejorar la calidad de nuestra democracia y nos recuerda que existen graves asignaturas pendientes en relación a otorgar las garantías efectivas del sufragio. Como hace cien años, otra vez, se trata de las garantías del sufragio.