Los sorprendentes niveles de confrontación que han alcanzado los planteos de los dirigentes sindicales de la enseñanza en el transcurrir de este conflicto, parecen no tener límites. Dejemos de lado las prácticas totalitarias de desgremializar a los jerarcas gubernamentales y la infantil y demagógica idea de equiparar los salarios de los docentes con los legisladores y ministros, iniciativas de las que preferimos no ocuparnos porque salen de cualquier marco de debate relativamente serio o sensato. Solo indica el grado de extravío e intolerancia que caracteriza a este grupo de dirigentes sindicales.

Lo cierto es que cuando se escuchan las declaraciones de algunos de los dirigentes gremiales de la enseñanza, se siente un escalofrío al pensar que alguno pueda ser docente de los jóvenes de nuestro país. Afortunadamente, en muchos de estos casos su actividad gremial les ha impedido dedicarse a la docencia, lo que seguramente debemos agradecer todos los uruguayos.

Lo cierto es que en el afán de radicalizar y confrontar, en las últimas horas la Asamblea Nacional de FENAPES, cuya representatividad de los docentes de este país es más que dudosa, ha declarado: "Ya basta de experiencias privatizadoras en la enseñanza como los liceos Jubilar o Impulso, en los que el Estado asume la responsabilidad de crear los establecimientos y además, exime de impuestos a las empresas que se presentan como benéficas pero no hacen sino incrementar sus ganancias lucrando con la educación de los más pobres".

Es impresionante la miopía ideológica dominante en el grupo de docentes que funciona en la FENAPES: todo lo privado es malo, y solo lo público es válido. No importa si estos liceos logran buenos resultados y los jóvenes uruguayos que pertenecen a situaciones sociales marginales que participan de estas experiencias logran culminar con éxito la educación media.

No importa si el modelo implementado genera buenas prácticas pedagógicas o impulsa innovaciones valiosas. No importa si nuestra educación nacional (laica, gratuita, pública y obligatoria) en su estructura actual es, desde hace años, reproductora de las desigualdades en la enseñanza media, como lo prueban los resultados de las pruebas PISA cuando se analizan según el nivel socio económico de los alumnos. En definitiva, lo que no importa es la suerte de los chiquilines.

Lo único que importa a estos dirigentes es defender una ideología autoritaria, intolerante y perimida. Así ha sido desde hace largas décadas, oponiéndose a todo cambio, a toda iniciativa que pudiera representar una innovación. Encerrados en su propio fanatismo han postergado, con la complicidad de autoridades que en el mejor de los casos no se animaron a enfrentarlos, todas las posibilidades de cambio en la educación de este país.

El rotundo fracaso de la educación nacional tiene como principal responsable a estos actores gremiales que han dedicado su energía y su poder a bloquear todo cambio. Luego se pretenden convertir en los defensores de la enseñanza pública reclamando mejoras salariales que ciertamente son necesarias, pero por lejos son insuficientes para cambiar la calidad de nuestra educación.

Pero también son responsables las autoridades de la educación pública que han entregado niveles de influencia y poder a estos actores corporativos y han preferido "mirar para otro lado" en vez de enfrentar los obstáculos que han puesto los que todo impiden.

Pero el principal asunto es si las experiencias de los liceos Jubilar y, a partir de este año, el liceo Impulso tienen valor exclusivo o, por el contrario, tienen potencialidad de convertirse en ejemplos a replicar en el sector público.
Lamentablemente, en las últimas horas han surgido voces desde el Ministerio de Educación y Cultura que, a diferencia de los gremios, no cuestionan estas experiencias pero las descalifican como modelo de referencia a replicar en el sector de la educación pública.

Es muy triste que el jerarca del MEC destaque en su reflexión la imposibilidad de su extensión a la educación pública y no subraye sus méritos o virtudes. Nada dice sobre los importantes logros alcanzados por el liceo Jubilar y, en cambio, sí desarrolla su postura crítica señalando que se trata de un caso imposible de trasladar al sector público.

Ocurre que esto no es cierto. Probablemente no se pueda recrear una alternativa exacta, pero sí se pueden reproducir en el sector público experiencias educativas muy similares a las indicadas. De hecho, el jerarca del MEC debería tener presente, antes de realizar afirmaciones categóricas, que ya existen algunos casos exitosos en el sector público en los que se aplican criterios de gestión y funcionamiento que permiten obtener resultados académicos muy positivos.

Ni en el Jubilar ni en el Impulso se eligen los estudiantes a dedo, por el contrario ingresan por sorteo entre todos aquellos que quieren ingresar. Por lo tanto, no hay un proceso previo de selección que "trampea" los resultados porque cuenta con chiquilines especialmente positivos. Las familias no tienen que pagar para que sus hijos asistan, por lo que tampoco en ese sentido existe una selección sesgada.

¿Cuál es, entonces, el secreto del éxito de la experiencia del Jubilar? El secreto está en una modalidad de gestión y no en la existencia de recursos extraordinarios. El secreto está en la capacidad de construir una comunidad pedagógica en cada centro de estudios. El secreto está en generar una escala humana a nivel de los grupos de clase. El secreto consiste en mantener un mismo equipo docente con concentración horaria en un único centro de estudio durante varios años. El secreto es conocer y acompañar a los estudiantes que asisten al centro.

El secreto es extender el horario de clases incorporando actividades extracurriculares atractivas y vinculadas con el futuro laboral. El secreto es vincular a las familias de los alumnos con el centro de estudios.
No hay otro misterio. Y todas estas características son perfectamente replicables en el sector público.

Es más, hace ya un año y medio todos los partidos acordamos y firmamos un acuerdo con el Presidente de la República, por el que se establecía que un modelo de estas características debía implementarse en los centros de educación media públicos de este país. El acuerdo obligaba a que esta propuesta de gestión educativa debía estar instalada en tres cuartas partes de los establecimientos educativos de enseñanza media al comenzar el año 2014.

Como se sabe, el acuerdo se incumplió a tal punto que hasta la fecha el programa Promejora que básicamente equivale a las características que mencionamos, apenas se aplica en una docena de liceos del país. Por lo tanto, más valdría que el jerarca del MEC dedicara su tiempo a explicar por qué no se cumplió con lo acordado, en vez de descalificar resignadamente la posibilidad de mejorar la calidad de nuestra enseñanza pública, de la que depende el futuro de las generaciones jóvenes de nuestro país.