La violación sistemática de la Constitución como táctica política

Un día se decide suprimir la apertura del corralito mutual, recortando derechos consagrados en la Constitución por vía administrativa.

Otro día el presidente de la República hace una arenga electoral en un comité de base de su partido, y otro, la bancada oficialista promueve una iniciativa que genera doble tributación a los pasivos militares.

La secuencia sigue: un proyecto sobre viviendas limita el derecho a la propiedad; los funcionarios judiciales presentan un recurso de inconstitucionalidad porque el oficialismo votó una disposición que le permite al Ejecutivo eludir el pago de sentencias.

Se recortan las comisiones de las AFAP de un plumazo, generando alarma en una aseguradora extranjera que opera en el ramo. Todo esto, además, en el transcurso de una semana.

Algunas de estas situaciones son el resultado de una negociación difícil, las más de las veces en la propia "interna", pero otras (como la arenga electoral de Vázquez en un comité de base) no se justifican sino por la distracción, el desprecio por la ley o la simple provocación.

Si alguien llegara al país por estos días, sin conocer nuestra reputación legalista y democrática y se enterara de este menú de noticias, se preguntaría en qué clase de republiqueta bananera ha caído

Mucho más si escucha al diputado frenteamplista Darío Pérez, argumentando que no acompañará un proyecto de ley de la bancada oficialista porque no quiere seguir votando leyes inconstitucionales.

La violación sistemática de la Constitución parece haberse convertido en una táctica política, sustentada en el doble supuesto de que la ciudadanía igualmente seguirá votando al Frente Amplio, y que la sangre nunca va a llegar al río.

Después de todo, los ministros de la Corte suelen tener opiniones divididas; la oposición no tiene fuerza ni para levantar un conforme y la gente está pensando en las fiestas de fin de año, o quizás en el próximo campeonato mundial de fútbol. Mientras esto siga siendo así, el Frente Amplio podrá zafar del callejón sin salida en el que se encuentra en todos estos temas, saltando por encima del muro de la legalidad.

Si los líderes políticos dan señales de que da lo mismo respetar la opinión de los constitucionalistas que hacer la vista gorda para conseguir los votos, la sociedad terminará aceptando la malhadada tesis de que, en todos los temas jurídicos hay dos bibliotecas, y que por lo tanto, respetar o no la Constitución es un tema relativo, casi subjetivo.

También se corre el riesgo de que la ciudadanía acepte como legítima la estrategia de gobernar al filo de la ilegalidad, si esta conducta política es refrendada en el futuro por las urnas.

No es así. Ya deberíamos haber aprendido todos que el fin no justifica los medios y que la legitimación democrática es para gobernar con arreglo a los límites que marca la Constitución.

"Como es arriba es abajo", decía Hermes Trimegisto. El desprecio por los rigores que impone el Estado de derecho nunca es gratis.

El gobierno y el oficialismo deberían tenerlo presente. Si no por convicción, al menos por memoria.

Por Gerardo Sotelo.