La urgencia de contralor sobre las nuevas modalidades de gestión pública

El Dr. Carlos Delpiazzo ha calificado esta "ola" de la nueva institucionalidad como de "huida del Derecho Administrativo". Justamente, el principal argumento que se ha utilizado para impulsar este tipo de iniciativas ha sido que las normas de Derecho Público son muy rígidas e impiden un funcionamiento y gestión agil y moderna. Sin embargo, detrás de este argumento se promueven espacios crecientes que carecen del contralor del Tribunal de Cuentas ni de la Auditoría Interna de la Nación.

Según la información que publicó el diario El País en estos días, existen 36 personas públicas no estatales y 45 sociedades anónimas que son total o parcialmente de propiedad del Estado.

Entre las primeras se ubica la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Instituto Nacional del Vino, la Administración del Mercado Eléctrico o el LATU. Pero en los últimos años estas soluciones normativas se han multiplicado mediante la creación de nuevos organismos, tales como el CUDIM, el Instituto de Calidad, el INEFOP, la ANII o el Instituto Nacional de Logística.

Entre las segundas se encuentra un extenso inventario de empresas de derecho privado, pero cuyo patrimonio es de origen público y son gestionadas con fondos públicos. La mayor parte de ellas son propiedad de Entes Autónomos, como UTE, ANCAP, ANTEL u otras; también ocurre que algunas personas públicas no estatales, a su vez, son propietarias de alguna de esas empresas. Y, finalmente, incluso algunas de esas sociedades anónimas son, a su vez, propietarias con fondos públicos de otras sociedades anónimas de derecho privado.

Parece mentira que este verdadero proceso de "huida del Derecho Administrativo" haya tenido su mayor desarrollo o maduración a partir de la llegada al gobierno del Frente Amplio. Justamente el partido que, en sus épocas opositoras había hecho caudal de la defensa del control estatal sobre todas las actividades del Estado.

¡¡Quien te viera y quien te ve!! De poner el grito en el cielo a cualquier tímida iniciativa de asociación o de incorporación de capitales públicos al régimen del derecho privado, a este verdadero carnaval de asociaciones, empresas estatales en segundo o tercer grado y todo tipo de propuestas heterodoxas.

Esto es motivo de gran preocupación. Hace ya casi diez años impulsamos desde el Parlamento una investigación sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo y encontramos un gran número de decisiones arbitrarias que generaron pérdidas injustificables para el Estado. También encontramos procesos de contratación que solo se fundaban en nuevas modalidades de clientelismo político sobre la base de la discrecionalidad de las decisiones jerárquicas.

En aquel entonces la CND se había negado a ser auditada por el Tribunal de Cuentas y sus sucesivos balances arrojaron pérdidas que el organismo de contralor del Estado no estaba en condiciones de evaluar por no tener acceso a sus estados patrimoniales. A partir de esa investigación parlamentaria, la CND se sometió al contralor público.

Pero la pregunta vale para el gran número de nuevos organismos y empresas que, manejando fondos que son de todos, no se someten a los mecanismos de control que, desde nuestro punto de vista, deberían existir.

El contralor es la garantía que la ciudadanía posee de que quienes administran o gestionan fondos públicos lo hacen con seriedad, transparencia y eficacia. La ausencia de controles es un gran riesgo, porque como decía Artigas: "Es muy veleidosa la voluntad de los hombres...".

De alguna manera, en los tiempos finales de los gobiernos de los partidos tradicionales, los controles políticos aumentaron porque existía una permanente sospecha sobre la existencia de mala gestión, alimentada en gran medida por la prédica del Frente Amplio desde la oposición y por el desgaste que un largo ejercicio en el poder había generado.

El Frente Amplio arribó al poder y ha hecho un uso extremo de estos instrumentos, amparado en cierta benevolencia que la ausencia de antecedentes gubernamentales anteriores le confería.

Sin embargo, el mundo está lleno de contundentes pruebas de que en cualquier partido, con independencia de su signo ideológico, si los controles son débiles o inexistentes, las situaciones irregulares, irremediablemente, se instalan y crecen.

Esto sin tomar en consideración que las soluciones institucionales adoptadas permiten procesos de contratación discrecionales que no dan garantías de transparencia, idoneidad o eficiencia.

Frases como la que hace unos días escuchamos desde el Directorio de ANCAP, justificando cualquier pérdida en ALUR fundándola en un supuesto cometido social que aquella empresa estaría cumpliendo, son señales muy preocupantes sobre lo que puede estar pasando en areas públicas que no están sometidas al escrutinio ni al control público, pero que manejan dineros que son de todos los uruguayos.

Es urgente la construcción de un sistema normativo que, sin perder el objetivo de modernizar la eficacia y la gestión, nos de a todos los uruguayos las garantías de que esas nuevas formas institucionales no son refugio para manejos inapropiados.