La sensación de que estamos llegando al límite es cada vez más fuerte, hace ya demasiado tiempo que la inseguridad se ha instalado como un problema principal. Ya en la última campaña electoral se había convertido en uno de los asuntos más referidos por los diferentes partidos y, como consecuencia de ello, fue uno de los temas elegidos por el Presidente electo para fijar acuerdos de Estado entre todos los partidos.

Se produjo un documento de común acuerdo que incluyó numerosas medidas muy importantes. Luego, en la discusión presupuestal, todos los partidos acordaron y votaron los recursos que el Ministerio del Interior solicitó para llevar adelante una nueva política en materia de seguridad.
En el 2010 el Ministerio del Interior y la policía funcionaron con el presupuesto anterior, por lo que no resultaba razonable reclamar la aplicación de cambios que requerían de la vigencia del nuevo presupuesto y de la disponibilidad de los nuevos recursos votados.

Pero ya estamos en 2011 y está rigiendo el nuevo presupuesto que incluye los recursos solicitados por el gobierno. Sin embargo, todo indica que las cosas siguen igual o, incluso, han empeorado aun más.

Ha llegado el momento de exigir logros o, al menos, que comience, al menos, una tímida reversión de la tendencia al deterioro de la seguridad. Por eso la señal de CAMBADU es particularmente oportuna; no se puede seguir postergando la obtención de logros significativos en el enfrentamiento a la delincuencia.

La campaña por la rebaja de la edad de imputabilidad, además de ser equivocada, ha generado un efecto perverso que consiste en centrar la atención de la opinión pública en la problemática de los menores infractores y, por lo tanto, en la responsabilidad del INAU; distrayendo la atención sobre el verdadero núcleo central del problema que es la delincuencia adulta y el accionar del instituto policial.

Corremos el riesgo de que con la seguridad ocurra lo que ocurrió en el período de gobierno anterior con la educación. Se aumentan sustancialmente los recursos destinados y la situación en vez de mejorar, empeora.

Como siempre, no alcanza con tener más recursos; el asunto es en qué se aplican y para qué sirven.

Es por eso que no entendemos por qué no se instrumentan medidas que parecen muy obvias. Hasta ahora nadie desde el Ministerio del Interior ha explicado las razones o los obstáculos que impiden que la policía rediseñe los límites geográficos de sus seccionales. Parecería que "está en la tapa del libro" la necesidad de adecuar la estructura territorial de la policía a la nueva realidad de la distribución poblacional de nuestra sociedad.

¿Cómo se explica que las seccionales en Montevideo y buena parte de los Departamentos del Interior del país sigan teniendo los mismos límites territoriales de hace cincuenta años, si la ciudad ha crecido y ha cambiado sustancialmente su fisonomía y su distribución en el espacio?
¿Cómo se explica la falta de eficacia en la represión de los "reducidores" que son la pieza clave del circuito delictivo en cualquier barrio de Montevideo o de las capitales del Interior del país?

Los megaoperativos seguramente son positivos y cumplen una función de amedrentamiento y de "mantener a raya" la expansión del delito; pero no son una política de seguridad, ni pueden ser presentados como la "gran solución al problema", son apenas una "pieza suelta", una medida que si no está acompañada de una estrategia más abarcativa carece totalmente de sustentabilidad en sus efectos.

Tenemos la percepción de que uno de los principales problemas para mejorar la seguridad tiene que ver con la capacidad de recuperar un accionar policial a escala local, a escala humana. Se ha perdido la referencia de la policía en el barrio, el accionar policial parece estar mediatizado por la distancia y por una burocratización que afecta su efectividad.

No es aceptable que en una sociedad pequeña como la nuestra en donde prácticamente "todos nos conocemos", que no crece a ritmo vertiginoso, que carece de grandes dinamismos poblacionales, y en la que los jóvenes son minoritarios; el Estado no pueda controlar los fenómenos delictivos a los efectos de dar a los ciudadanos las mínimas garantías de seguridad.

Lo ocurrido la semana pasada se parece mucho a "la gota que desbordó el vaso". Es imprescindible que desde el Ministerio del Interior se reaccione con celeridad y, sobre todo, con eficacia. Pero para ello es necesario instrumentar una política de seguridad que, sin dejar de lado la mirada de la corporación policial, sea capaz de construir un planteo mucho más amplio y eficaz, que supere los reflejos particularistas que tienden a ser autocomplacientes y poco rigurosos con respecto a una autocritica que indispensablemente se debe llevar a cabo.