La plata del fideicomiso con Venezuela: alguien miente

En efecto, el acuerdo consistía en que PDVSA le cobraba el 75% del importe de cada venta a ANCAP al contado (lo que es de orden en las compraventas de crudo) y se financiaba el 25% a largo plazo y con tasas de interés muy favorables.

Esta modalidad que se puso en práctica desde fines de 2005, fue engrosando una deuda de ANCAP con PDVSA que en dos oportunidades se amortizó mediante pagos anticipados de ANCAP a PDVSA con quitas bastante importantes, lo que representaba una buena opción para ANCAP y también para PDVSA que empezó a sufrir las dificultades del cambio en el precio del crudo y la enorme crisis económica venezolana.

Durante el pasado año 2015 se produjo la segunda operación de pago anticipado de la deuda de ANCAP con PDVSA. El Estado uruguayo prestó a ANCAP U$ 262 millones para que esta cancelara una parte de la deuda pendiente.

Pero en este caso, como Venezuela está pasando por una grave crisis de abastecimiento de alimentos, se acordó que el dinero que Uruguay pagaba se utilizara por parte de Venezuela para pagar, a su vez, importaciones de alimentos producidos por empresas uruguayas.

En tal sentido, el Presidente Tabaré Vázquez anunció en conferencia de prensa que el dinero puesto por Uruguay quedaría depositado en un fideicomiso en el banco Bandes en nuestro país y, de este modo, las empresas uruguayas se cobrarían los montos correspondientes a las exportaciones realizadas.

Es más, para las empresas del sector lácteo era una gran ayuda, habida cuenta de la grave crisis que atraviesa el sector en los últimos tiempos.

El Parlamento aprobó por unanimidad la norma que autorizaba al Poder Ejecutivo a prestar a ANCAP el dinero requerido para cancelar parcialmente y de forma anticipada, la deuda con PDVSA. En oportunidad de la comparecencia de las autoridades del MEF ante el Parlamento y luego en la propia discusión parlamentaria se señaló que había certeza de cobro para las empresas uruguayas porque el dinero pagado no saldría del país, sino que sería depositado en Bandes Uruguay.

Esta garantía era fundamental puesto que la situación económica venezolana indicaba que las ventas a ese país eran, en condiciones normales, de cobro muy incierto. Es más, varios de los legisladores señalaron que su voto favorable se debía a la existencia de garantías de cobro para los empresarios uruguayos, debido a las características de la operación que, en los hechos, era un trueque.

En función de estas circunstancias varias empresas uruguayas, confiadas en la modalidad adoptada, realizaron negocios con Venezuela y vendieron sus productos que, en teoría, tenían garantía de cobro.
Sin embargo, transcurrido el tiempo, los productores uruguayos han tenido grandes dificultades para cobrar y, hasta la fecha, Venezuela ha aportado sólo U$ 50 millones. Varias de las empresas involucradas están enfrentando dificultades financieras, en la medida que contaban con esos ingresos que, se había dicho, tenían una fehaciente garantía de cobro.

En estos días se supo que ANCAP había girado el dinero a pagar a PDVSA a un banco en China. Sí, efectivamente, en vez de depositarlo en Bandes Uruguay se mandó la plata a un banco chino. Al parecer esas fueron las indicaciones que PDVSA planteó a ANCAP para recibir el pago.

Sorprendentemente el Vicepresidente, Raúl Sendic, salió a los medios a explicar que ANCAP debía seguir las indicaciones de PDVSA y, por lo tanto, pagó de acuerdo a lo estipulado por el acreedor y negó la existencia de esta condición en la forma de pago establecida.

Alguien nos está mintiendo a los uruguayos, a los legisladores que votamos el acuerdo y a los empresarios que, obviamente, no elevan demasiado su voz porque quieren cobrar lo antes posible.

O el gobierno, es decir el Presidente de la República y las autoridades del MEF nos mintieron cuando dieron garantías sobre la forma en que se pagaría la deuda y sobre la forma en que cobrarían los exportadores uruguayos; o ANCAP que pagó de manera diferente a lo informado y ahora, a través del Vicepresidente, se desentiende del compromiso asumido por el gobierno.

Lo que es inadmisible es que no se sepa qué fue lo que pasó. Hasta ahora nadie en el gobierno salió a explicar la inconsistencia entre lo comprometido y lo que efectivamente ocurrió.

Mientras tanto, los perjuicios los sufren nuestros productores que esperan con incertidumbre un cobro que, ahora que la plata salió del país, depende de la voluntad de pago de un gobierno como el venezolano que se caracteriza por estar en una grave situación de insolvencia económica.