La fiesta termina

¿Por qué tanta agresividad en las reacciones, ocupaciones sucesivas y declaraciones de huelga general? ¿Por qué se ha llegado al extremo totalitario de desafiliar miembros del sindicato por el simple hecho de ocupar cargos en el gobierno?

En primer lugar porque en la lógica ideológica de una parte de las cúpulas sindicales de la enseñanza predomina un pensamiento intolerante y autoritario que, además, se orienta a un horizonte ideológico "revolucionario" en el más clásico y tradicional sentido de la palabra. Es por ello que a todo aquel que se opone, o simplemente no comparte sus posiciones, se lo descalifica o, en este caso, se lo desafilia de la organización sindical.

En segundo lugar porque entre los dirigentes sindicales, como en la sociedad en general, se percibe que el ciclo de prosperidad y abundancia está llegando al final y, por lo tanto, se estrechan las oportunidades de obtener mejoras salariales significativas. Una parte del enojo consiste en haber caído en la cuenta de que en la década fantástica de mayor crecimiento del país, la recuperación salarial no ha sido de la magnitud esperada. A su vez, se toma conciencia de que la nueva coyuntura generará mayores dificultades para alcanzar objetivos sustanciales en el cambio de los niveles de las remuneraciones docentes.

En tercer lugar, porque esta es la última rendición de cuentas del actual período de gobierno y, por lo tanto, lo que no se obtenga en esta instancia queda postergado recién para la discusión presupuestal de 2015 y se comenzaría a aplicar en 2016. Entonces, lo que no se obtenga en esta discusión quedará postergado en su resultado por dos años más.

Conviene a esta altura analizar cuál es la situación actual del gasto en educación. Se ha dicho hasta el cansancio que desde que el Frente Amplio asumió el gobierno nacional, el presupuesto de la educación ha aumentado sustancialmente, al punto de alcanzar el 4.5% del PBI, tal como se había prometido en los tiempos previos. También se ha dicho que el presupuesto de la educación en nuestro país más que se triplicó en los últimos siete años.

Sin embargo, no menos cierto es que en la cuenta del 4.5% se incluyen algunos programas sociales que no son técnicamente ANEP o Universidad de la República, por lo que el incremento neto del gasto en educación no es todo lo que se dice.

También es cierto que una mirada desapasionada a la situación de nuestra educación prueba que la multiplicación de recursos no estuvo acompañada por la mejora del funcionamiento del sistema educativo. Por el contrario, el aumento del gasto en educación estuvo acompañado de un creciente deterioro de su calidad y de su funcionamiento.

Por otra parte, tampoco se triplicó el monto de los sueldos de los docentes, ni se triplicó el número de locales de enseñanza. Entonces, la interrogante sobre el destino y el impacto social del aumento del gasto educativo se convierte en una cuestión muy incómoda para el gobierno.

¿En qué se fueron los nuevos recursos destinados a la educación? ¿Por qué no hubo un seguimiento adecuado de la ejecución del gasto? ¿Por qué nunca se acuerda un incremento del gasto que esté vinculado o condicionado a los resultados de la gestión educativa?

Así las cosas, la protesta docente, que no compartimos ni en su forma ni en sus enunciados más generales, sin embargo tiene un fundamento en la incapacidad que muestran las autoridades del sistema para dar una rendición de cuentas sustantiva que permita a los uruguayos estar conformes con el destino de los recursos que, proviniendo de todos los uruguayos, se han aplicado a esta política pública.

Mientras tanto, el MEC está dedicando tiempo y energía a planificar la organización de un Congreso Nacional de Educación que, si algo está claro es que no tendrá ningún aporte relevante para resolver los enormes problemas que nuestra educación posee.

Somos de los que creemos que es imprescindible mejorar, en todas sus dimensiones las condiciones de trabajo de los docentes. Es necesario mejorar sustancialmente sus niveles salariales; pero también sus oportunidades de capacitación, la situación edilicia de los locales en los que se enseña, el hacinamiento de los grupos de clase y la capacidad de decisión en los centros para que los docentes formen parte de comunidades pedagógicas innovadoras.

Sin embargo, lamentablemente en la plataforma de las reivindicaciones planteadas, solo se registra el reclamo salarial. Imprescindible y compartible, pero absolutamente insuficiente para cambiar las condiciones de nuestra educación. Por el contrario, los mismos dirigentes sindicales que hoy lideran el conflicto y reclaman las mejoras salariales, han sido paradójicamente, responsables de bloquear todo otro tipo de cambio que permitiría mejorar las condiciones de trabajo de sus representados.

Es cierto que una educación de calidad necesita, como requisito indispensable, docentes con niveles de remuneración altos y dignos; pero también es cierto que la transformación profunda de nuestra educación requiere de un cambio sustantivo en todos los niveles y vincular las mejoras a la obtención efectiva de mejores resultados en la cobertura, en la calidad de los aprendizajes y en la actualización de los contenidos educativos.

De no ser así, seguiremos dando vueltas a la noria y los conflictos habrán de convertirse en un ritual patético y perverso en donde la cuenta la terminan pagando los docentes y sobre todo, los estudiantes de nuestro país.